Por

Alfredo Zaiat

El interrogante —con la respuesta obvia— revela una grosera doble vara: ¿cuál sería la reacción del dispositivo mediático y político de derecha si un gobierno que no es de su preferencia acumulara, en apenas dos años, el siguiente registro de episodios en el INDEC?:

Subestimación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).Postergación de la publicación del nuevo IPC, aun cuando su actualización metodológica ya estaba anunciada y preparada.Distorsión, por arrastre, de indicadores sociales sensibles: pobreza, indigencia y salario real.Cambios en procedimientos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), base para medir pobreza e indigencia por ingresos.Retiros y renuncias polémicas de directores en áreas importantes (precios y condiciones de vida) sin explicaciones oficiales convincentes.Revisión del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para evitar el registro de recesión.Reducción de personal y recortes en el organigrama del Instituto.Cancelación de convenios de información con provincias para construir indicadores de Turismo.

Este último bochorno —la pérdida de acuerdos federales para estadísticas de Turismo— es apenas un eslabón más de una cadena de intervenciones sobre las estadísticas públicas durante el gobierno de Milei. Y, antes de seguir, vale una aclaración necesaria para evitar comentarios vulgares: desde el mismo momento en que comenzó la crisis de credibilidad del INDEC durante el ciclo kirchnerista (2007), publiqué numerosos artículos en Página/12 criticando la alteración de los índices. Comparto aquí  y aquí apenas dos de ellos.

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Despidos y cierres de empresasHay crisis aunque el dólar no se disparePor Alfredo ZaiatDibujar las estadísticas públicas en el INDEC de Lavagna

El dispositivo de la derecha ignora el escándalo estadístico bajo Milei. Y, al mismo tiempo, buena parte del universo heterodoxo —todavía traumatizado por la terrible experiencia durante el gobierno de CFK— tiende a minimizar o justificar, estrangulando criterios metodológicos, la cuestionable gestión de Marco Lavagna al frente del INDEC: funcionario designado en el gobierno de Alberto Fernández y hoy sumiso, funcional y alineado con las distorsiones del experimento liberal-libertario.

Con más de un año de atraso, Lavagna promete ahora que el nuevo IPC se presentará en febrero próximo, con la difusión de la inflación de enero. En paralelo, el análisis convencional del plan Milei sigue ponderando la desaceleración inflacionaria como logro macroeconómico. Pero si esta desaceleración fuera menos pronunciada que la publicitada, ¿cuál sería la evaluación social del supuesto “éxito” de un programa basado en el ajuste, la destrucción del empleo y el derrumbe del consumo?

La distorsión del IPC facilita la confusión sobre el derrumbe del consumo popular, la eliminación del empleo industrial, la caída del ingreso disponible de la mayoría y el recorte del gasto social. La reducción del IPC opera como un factor neutralizador del desastre económico-sociolaboral que está provocando el programa de Milei. Si el termómetro se altera —por acción u omisión— se modifica la lectura sobre la consistencia del plan, sus supuestos “logros” y sus costos reales.

Lo que se observa en el INDEC es una combinación explosiva: metodologías desactualizadas, demoras en corregirlas, desplazamientos de técnicos en áreas sensibles y revisiones retrospectivas de informes que, en lugar de explicar una economía peor, busca embellecerla.

Si la inflación se subestima, se distorsionan las canastas (CBA y CBT) y el indicador social se vuelve más benévolo con el ajuste.

La inflación de Milei es más elevada… y también la pobreza

El caso más nítido es el IPC. La crítica más sólida apunta a la representatividad del indicador. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) lo formuló con precisión: la inflación puede estar bien calculada, pero con una metodología desactualizada la canasta medida no representa el consumo actual. La cifra puede ser “correcta” en términos formales, pero mide mal el costo de vida presente. Es un indicador que no refleja la realidad que padece gran parte de los hogares.

La clave de la distorsión son los ponderadores. El IPC vigente se apoya en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/2005. En un país atravesado por un shock de precios relativos —tarifas, transporte, comunicaciones— ese anclaje es ridículo. El resultado es un índice más sensible a subas de alimentos y menos a incrementos de servicios y movilidad, justo cuando tarifas y transporte lideraron el reacomodamiento de estos dos años.

Existe una actualización del IPC basada en la ENGHo 2017/2018 —realizada por el propio INDEC— pero su implementación se postergó (ahora se promete para 2026). CEPA calculó la diferencia entre ambos esquemas: entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, la inflación acumulada habría sido 181,9% con ponderadores 2017/18, frente al 159,8% informado con la canasta vigente. La diferencia es enorme: 22,1 puntos porcentuales, equivalente a 8,5% adicional acumulado. Esta diferencia se siguió ampliando desde entonces.

Esta distancia altera la información sobre el salario real y la pobreza. Si la inflación se subestima, se distorsionan las canastas (CBA y CBT) y el indicador social se vuelve más benévolo con el ajuste. Además, la pobreza se calcula cruzando canastas con ingresos relevados por la EPH. Si se introducen cambios en procedimientos de captación e imputación, se puede alterar la distribución de ingresos medida. El CEPA advirtió sobre inconsistencias que pueden mostrar mejoras llamativas en deciles cercanos a la línea de pobreza, reduciendo el indicador sin reflejar la realidad económica.

Cuando la pobreza “mejora” demasiado rápido

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA publicó un informe crítico sobre la calidad de medición de pobreza e indigencia del INDEC. Señala un aumento abrupto con el ajuste inicial de Milei y luego una caída igualmente acelerada. Y advierte: “La magnitud y velocidad de esta mejora social resultan difíciles de conciliar con la evolución observada en otros indicadores del bienestar (empleo, salarios reales, consumo y privaciones materiales)”, lo que los llevó a revisar los mecanismos estadísticos detrás de la medición oficial de la pobreza por ingresos.

La UCA no niega que pueda haber una mejora real desde 2023, asociada a la desaceleración inflacionaria, cambios de precios relativos y transferencias monetarias (como la AUH). Lo que discute es la magnitud: plantea que esa mejora habría sido sensiblemente menor que la reflejada por las estadísticas oficiales.

El informe agrega que desde el cuarto trimestre de 2023 se registra un aumento sostenido y acelerado de la captación de ingresos en la EPH, un fenómeno que —por magnitud, velocidad y persistencia— no se observa en 2018–2025 y no encuentra correlato claro en fuentes administrativas ni en otros indicadores del mercado de trabajo y del consumo. La mejora aparece, entonces, sobredimensionada por mecanismos metodológicos que reducen artificialmente las tasas observadas de pobreza e indigencia.

La cuestionable gestión de Marco Lavagna al frente del INDEC: funcionario designado en el gobierno de Alberto Fernández y hoy sumiso, funcional y alineado con las distorsiones del experimento liberal-libertario.

Maquillar la crisis: actividad, Turismo y vaciamiento

A este cuadro se suma la postergación del nuevo IPC. La demora es funcional al relato de Milei: con el índice actual, la desinflación luce más rápida y el ajuste parece menos cruel en las estadísticas. Cambiar la canasta en el momento más sensible obliga a explicar empalmes, series paralelas y efectos sobre salarios y pobreza, justo lo que el Gobierno evita. Si la canasta se actualiza, la inflación oficial sería más alta y el relato quedaría más expuesto.

Aparece otro punto crítico: la revisión hacia atrás del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) en momentos en que la economía bordeaba la definición técnica de recesión. Revisar series puede ser una práctica estadística normal. Lo que vuelve sospechoso al episodio es el momento y la falta de una explicación pública convincente ante la magnitud del cambio.

El capítulo institucional completa el cuadro. En estos dos años se registraron renuncias en áreas importantes del INDEC. Analía Calero, del área de medición de precios, fue desplazada en octubre de 2024 con explicaciones genéricas sobre “formas de trabajo” y “manejo de equipos”. En 2025 se sumó la renuncia de Guillermo Manzano, director de Estadísticas de Condiciones de Vida (EPH), atribuida a “diferencias de criterios y formas” de gestión, con la aclaración de que no afectaba la producción de la EPH. También dejó su cargo Georgina Giglio, directora de Índices de Precios al Consumidor, informada como salida por “cuestiones personales” y con regreso a la Dirección Provincial de Estadística bonaerense.

A esto se agregan reducción de personal, ajuste del organigrama y la cancelación de convenios con provincias para elaborar indicadores de Turismo. En un rubro que también ayuda a leer actividad y divisas, perder acuerdos provinciales no es indiferente: reduce cobertura y vuelve más opaca una estadística clave en un escenario de atraso cambiario y escasez relativa de divisas.

Si el Gobierno está convencido de que su plan funciona, debería hacer lo contrario de lo que hace: dejar de intervenir sobre las estadísticas públicas. Lo que vuelve todo más crítico es el silencio cómplice. El mismo dispositivo mediático y político que se indignaba cuando el INDEC era intervenido en el ciclo político del kirchnerismo, hoy mira para otro lado.