La investigación por el escándalo del juez federal Norberto Oyarbide, que admitió haber frenado allanamientos después de recibir una llamada de un funcionario de la Casa Rosada, volvió a enfrentar ayer a opositores y kirchneristas en el Consejo de la Magistratura. La oposición pretendía acelerar la pesquisa -es decir, que empezara a correr hoy mismo el plazo para que el magistrado se defendiera de las acusaciones- y el oficialismo, que por la mañana había anunciado que acompañaría este plan, por la noche cambió de opinión. No obstante, el expediente comenzó a avanzar: se acumularon las denuncias contra Oyarbide, se sorteó al consejero que oficiará de instructor del caso (el kirchnerista Carlos Moreno) y el oficialismo informó que convocará a la Comisión de Disciplina y Acusación para que el jueves próximo resuelva si notifica al juez. Oyarbide tiene tres denuncias en su contra, las tres por haber admitido oficialmente que frenó investigaciones por presión del Gobierno. La oposición pretendía notificarlo ayer y ganar tiempo. El kirchnerismo, que primero había aceptado, les informó anoche que deberían esperar una semana. El caso del juez no estaba incluido en el orden del día del plenario de ayer, pero apenas comenzado el encuentro, el consejero por los abogados porteños, Alejandro Fargosi (Pro), y los radicales Mario Cimadevilla y Oscar Aguad pidieron que el Consejo se abocara a tratar con urgencia el caso, que también salpica al secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y que preocupa mucho al Gobierno. "Esto es un escándalo. Los formalismos no pueden estar por sobre los hechos", afirmó Fargosi. "Pido que el Consejo se constituya en comisión, se notifique a Oyarbide y empiece a correr ya mismo el plazo para que conteste", dijo Aguad. Previamente, el oficialismo había logrado aprobar un nuevo reglamento para seleccionar jueces y designar subrogantes. Todos los bloques venían trabajando desde hacía meses para adecuar la forma de elegir jueces a lo que quedó en pié de una de las leyes que impulsó el Gobierno como parte del plan "democratizador" de la Justicia. Los reglamentos se aprobaron ayer con el acuerdo del oficialismo, el abogado Daniel Ostropolsky (con disidencias) y los jueces. "Los muchachos son vivos. Arreglaron con los jueces, sacaron el reglamento como querían y lo de Oyarbide lo patearon para adelante", se quejaba anoche el senador y consejero radical Mario Cimadevila. El diputado Carlos Moreno era el portavoz del kirchnerismo. Pedía más tiempo y sostenía que "más allá del show para los medios", la prioridad era tratar los reglamentos. Pero afirmó: "Yo no lo conozco a Oyarbide, por mí que vaya preso, pero por una situación mínima de respeto, yo tengo el derecho de leer las denuncias". La oficialista Ada iturrez, presidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación, se sumó: "Recuerden que tiene muchos días Oyarbide para contestar [20 días hábiles]. No crea que va a terminar el show a la brevedad". Eduardo De Pedro y Julián Álvarez, los nuevos consejeros de La Cámpora, no dijeron una sola palabra en todo el día sobre el caso Oyarbide. Cerca del mediodía, pareció lograrse un acuerdo cuando Moreno anunció: "A las cinco tratemos todo [tenían previsto un cuarto intermedio hasta esa hora]. Nosotros queremos tratar el tema de Oyarbide, muchachos. Vamos a votar favorablemente. A las dos el caso tiene instructor y a las cinco se trata". Por sorteo, el instructor resultó él mismo. Antes de que se reanudara el plenario, a las 14, la Comisión de Disciplina y Acusación acumuló las denuncias y las sorteó. Durante la tarde, en los pasillos del Consejo, varios kirchneristas coincidían en que la denuncia no era "tan grave". Defendían sobre todo la actuación de Carlos Liuzzi, el funcionario que llamó a Oyarbide. Era ya de noche cuando todos los consejeros volvieron a la mesa de plenarios. Empezaron tratando los nuevos reglamentos, con la oposición de Fargosi, Cimadevilla y Aguad. Después abordaron un larguísimo orden del día. Cuando estaba terminado, Fargosi pidió que Oyarbide fuera suspendido de inmediato, propuesta que nadie acompañó. Moreno dijo entonces que lo de Oyarbide no estaba en el orden del día, que ellos no iban a votar por incluirlo y que el plenario había terminado. Cimadevilla protestó y comenzó un largo debate. "Votemos lo que habíamos hablado esta mañana y ganamos tiempo", dijo el juez Recondo. "Hemos avanzado con celeridad. Pretender que porque hay una presión mediática modificar el orden del día no me parece", le contestó el kirchnerista Marcelo Fuentes. Y, sin intenciones de seguir discutiendo, anunció: "Acá hay un tema que le pueden dar la significación que quieran. ¿Quieren alterar el orden del día? ¿Quieren tratarlo? Manifiesten la voluntad con los votos necesarios". Iturrez anunció que convocaría a una reunión el jueves próximo para seguir con el caso. La oposición protestó. El presidente del Consejo, el juez Alejandro Sánchez Freytes, no puso el caso a votación y la reunión se terminó. Consultado por LA NACION, Moreno defendió su cambio de opinión: "Es que ahora vienen con otra petición. Lo de la suspensión es inconstitucional. Quieren hacer todo nulo y llevarnos a que se caigan todas las denuncias". Según él, no recibió instrucción alguna para cambiar de posición y demorar el caso, pero tras el pedido de Fargosi advirtieron que lo mejor era no tratar nada, ni el pedido ni lo que habían acordado. ESTRATEGIAS EN EL CONSEJO Investigación El Consejo de la Magistratura comenzó a tratar el caso Oyarbide, con posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición Impulso Pese a la promesa inicial de acompañar el intento de acelerar la investigación, los consejeros cercanos al kirchnerismo pusieron un freno a ese avance.