Frente al reiterado uso de la cadena nacional, una herramienta que este año ya fue usada 18 veces por parte de la presidente Cristina Kirchner, la oposición impulsa dos acciones, una en la Justicia y otra en el Congreso, para limitarlas e impedir su utilización arbitraria y propagandística.

Por un lado, el director por la oposición en Afsca, Gerardo Milman, y la presidente de la Fundación LED,Silvana Giudici, anunciaron que esta semana presentarán una denuncia penal y un recurso de amparo contra la Presidente por "el uso indebido de la cadena nacional".

En un comunicado, los dirigentes del PRO y el GEN argumentaron que la Jefa de Estado "viola la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, violenta el derecho del público a elegir la programación de su preferencia e impide a medios audiovisuales y anunciantes ejercer libremente el derecho a la libertad de programación". Y agregaron que "también se instituye una situación de asimetría respecto del conjunto de fuerzas políticas, ya que utiliza las cadenas para realizar actos de proselitismo exhibiendo candidatos del Frente para la Victoria mientras el resto debe ajustarse a las restricciones previstas en la ley".

"Si Cristina considera que todos sus actos son trascendentes podría transmitir su propio Gran Hermano las 24 horas", advirtieron con ironía, en alusión directa a las declaraciones del titular del Afsca, Martín Sabbatella, quien había afirmado que la primera mandataria decide qué actos son importantes.

En otra iniciativa que va en la misma línea, el diputado socialista Roy Cortina, primer candidato a legislador en la Ciudad por ECO, presentó un proyecto de ley en la Cámara baja en el cual establece que la utilización de la cadena de radiodifusión nacional o provincial "en ningún caso" podrá "superar los 10 minutos de duración". Además, señala que solamente se podrá recurrir a ellas "en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional". La iniciativa, que también firman Hermes Binner (PS) y Mario Negri (UCR), modifica el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Cortina sostiene en los fundamentos del proyecto de ley que ante la frecuente utilización de la cadena nacional por parte de la Presidente en casos que estima "no tienen nada que ver con la excepcionalidad requerida", propone "darle una mayor precisión que limite la discrecionalidad brutal con la que se ha implementado hasta ahora y disponga sanciones expresas en caso de que las mismas sean incumplidas".

El proyecto prohíbe especialmente el uso de la cadena nacional para "publicitar la realización de eventos inaugurales de obras públicas y la implementación de planes de alcance colectivo".

También veta su utilización para "difundir información engañosa o superflua; inducir a situaciones de violencia social; promover explícita o implícitamente de los intereses del partido de gobierno y/o la imagen positiva de funcionarios/as públicos; promover la captación del sufragio a favor de candidatos a cargos públicos electivos, quienes tienen vedado aparecer; e instalar una impresión negativa respecto de personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil".

La iniciativa, que fue girada a las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, establece que las autoridades y funcionarios que incumplan con la normativa serán pasibles de una multa equivalente a tres meses de su salario.