La presidenta Cristina Fernández dio ayer el primer paso concreto para constituir un esquema de diálogo entre sectores empresarios y gremios bajo el paraguas del Gobierno, una iniciativa que en la práctica está a cargo del ministro de Planificación, Julio de Vido.

Por la tarde, como anticipó El Cronista el martes, la primera mandataria reunió a los máximos exponentes del sector petrolero para firmar un acuerdo de paz social de cara al año de elecciones. Lo hizo a través de la creación de una Mesa Nacional de Diálogo de la Industria Hidrocarburífera, que se reunirá por primera vez el 15 de diciembre.

La jefa de Estado indicó que el sector energético “es vital en la economía Argentina” y explicó que “se exporta menos porque se consume acá. Lo ideal es que la energía se consuma en el país, eso significa que se está produciendo, y que se está generando empleo”, remarcó.

También pidió a los trabajadores evitar conflictos que tomen de rehén al resto de la sociedad.

El objetivo de la mesa de diálogo es generar un espacio de contacto asiduo entre funcionarios y los eslabones de la industria para evitar paros intempestivos por parte del fuerte gremio petrolero, que en años anteriores llegó al punto de hacer colapsar al sistema energético.

A cambio, las empresas se comprometieron a hacer esfuerzos para sostener la producción y recomponer reservas, ambas en caída.

La iniciativa surgió de Sebastián Eskenazi, el CEO de YPF; Carlos Bulgheroni, presidente de Bridas, con un 40% de Pan American Energy (PAE), y el propio De Vido. Y emula un acuerdo de 2008.

El convenio, de sólo dos carillas, está firmado, entre otros, por De Vido y su par de Trabajo, Carlos Tomada; los gobernadores de Chubut, Mario Das Neves, Formosa (Gildo Insfrán), Neuquén (Jorge Sapag), Salta (Juan Manuel Urtubey) y Santa Cruz (Daniel Peralta); todos los líderes gremiales y una veintena de petroleras.

La cartera de De Vido sostuvo que “el Acuerdo Nacional de Promoción del Diálogo Social en la Industria Hidrocarburífera representa una iniciativa innovadora en la conformación de un esquema de resolución de controversias entre los gremios y el sector empresario bajo la tutela del Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales a través de la constitución en forma permanente de una Mesa de Diálogo Nacional”.

Sin cortes

El objetivo, según Planificación, es que “las relaciones laborales se desarrollen en el marco de la ley y en un clima adecuado de entendimiento y diálogo que permita encontrar fórmulas comunes que tengan por objetivo resolver de manera pacífica las controversias”.

El texto del acuerdo sostiene, entre otras cosas, que “las partes ratifican su rechazo al corte de rutas y/o bloqueo de acceso de los lugares de trabajo como metodología de protesta habida cuenta de las graves consecuencias que esto significa para toda la sociedad y muy especialmente para las economías regionales”.

El Gobierno afina el lápiz para lanzar medidas que le den un sustento al acuerdo firmado ayer. Entre ellas, prevé anunciar en diciembre que el nuevo gas para industrias costará entre u$s 4,50 y u$s 7,50 por millón de BTU (la unidad de medida), por encima de los u$s 2,20 actuales que paga el sector productivo. De esa manera, las empresas pagarán más cargo por el insumo a las petroleras, que deberían estar en condiciones de otorgar mejoras en los salarios de los trabajadores petroleros.