Julio de Vido; José López; Ricardo Jaime; Roberto Baratta; Amado Boudou; Juan Pablo “Pata” Medina y la lista promete continuar con una mezcla de hombres de renombre y célebres desconocidos que eran utilizados como herramientas para el ilícito. Suenan, como si de los nominados al Oscar se tratase, Víctor Santa María; Débora Giorgi; Diego Machado; Darío Giustozzi y Carlos Liuzzi.

No obstante ello, la Justicia pareciera llegar solo para algunos. Mientras los antiguos excesos en la administración pública comienzan a encontrar su castigo, la provincia de Buenos Aires pareciera mirar para otro lado cuando se acumulan nuevos ilícitos.

Hace pocas horas, numerosos medios del país llamaron a la reflexión ante la embestida del poderoso empresario Víctor Lusardi, quien con su grupo empresario Grupo L planea llevarse todas las licitaciones del rubro alimentación habidas y por haber. Todo, por la módica suma del 2,5 por ciento de los más de mil millones que embolsó su compañía.

Al mismo tiempo, los sobreprecios en las licitaciones están a la orden del día. Servicios de cátering de más de 12 millones de pesos; bibliotecas con más de 1.700 empleados; alquiler de dispenser de agua por más de 7 millones; 80 millones para cortar el césped de un ministerio; otros 7 millones en un sistema biométrico que no funciona y la lista continúa interminablemente. En el ministerio de Seguridad, por solo dar un ejemplo, se plotean vehículos 0KM y se inaugura una flota. Pocas horas después, se vuelven a plotear con otro logo y se vuelven a inaugurar. La impunidad es tan grande que a algunos móviles no les cambiaron las patentes.

La Justicia, finalmente, está llegando a quienes pasaron por puestos de relevancia en la arena política nacional y provincial. Para los que están ahora, habrá que esperar al gobierno siguiente, cuando una nueva ola de venganzas judiciales se desate sobre el territorio nacional.