por Werner Pertot

 

Larreta consiguió lo que todo jefe de Gobierno debe cuidarse en un país que tuvo una historia de unitarios y federales y en el que el reparto de la riqueza sigue fuertemente concentrado en Buenos Aires: logró que la gran mayoría de los gobernadores y gobernadoras se pronunciaran en contra de su pretensión de subir la coparticipación porteña. Fue luego de que terminaran de caerse las negociaciones con el Gobierno nacional y la Corte Suprema quedara liberada a hacer lo que le parezcan.

No había dudas sobre que no iba a haber acuerdo entre el Gobierno nacional y el porteño. Las posiciones, los números que proponía cada uno, todo estaba muy alejado, además de que los intereses políticos de Larreta lo llevan a preferir mostrarse en un enfrentamiento con el peronismo antes que acordando. Recordemos: la demanda la entabló el jefe de Gobierno cuando Alberto Fernández bajó la coparticipación que había subido unilateralmente Mauricio Macri. Luego el Congreso sacó una ley para fijar un mecanismo de transferencia de fondos de la Policía Federal a la Ciudad, para zanjar la discusión. Pero la controversia siguió en la Corte, que les dio un tiempo a ambos gobiernos para que alcanzaran un acuerdo. Ese tiempo se deshizo en reuniones donde no hubo ningún punto de acuerdo.

"Durante los 7 encuentros mantenidos desde marzo mostramos predisposición y propuestas superadoras para alcanzar un acuerdo justo en el reparto de los recursos con el resto de las provincias y cumpliendo con el el artículo 2 de la Ley 27.606. La ciudad rechazó esas propuestas", sostuvo el ministro del Interior, “Wado” De Pedro.

Hubo además un informe que apuntaló la posición del Gobierno nacional y que salió el 5 de mayo: la Comisión Federal de Impuestos analizó los números y planteó que la transferencia que correspondía al año 2021 debía ser de 43 mil millones de pesos, que fue el monto que tuvo en cuenta el gobierno para su última propuesta. La Ciudad pedía 112 mil millones. La diferencia es abismal.

"Los recursos que están pidiendo superan a los de la Policía Federal en todo el territorio, que es de 70.000 millones de pesos para 32.000 agentes. En la Ciudad tienen 19.000 agentes y nadie explica cómo llegan al número de 112 mil millones", dijo Silvina Batakis, secretaria de provincias del Ministerio del Interior.

Claro, hay que tener en cuenta que Larreta no pretenden que le paguen solo la policía, sino toda la función seguridad, que incluye hasta los inspectores de salubridad y el alumbrado público. Llegaron a incluir hasta el registro civil en los cálculos.

Pero la movida de Larreta llevó a que todas las provincias (salvo las gobernadas por radicales) pidieran formar parte de la causa y le advirtieran a la Corte que si falla a favor de Larreta se hace pedazos el federalismo. También pusieron en duda que sea la Corte la que debe resolver esto, dado que la coparticipación depende de un acuerdo entre las provincias que son preexistentes al Estado nacional. Hablan de una "profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema" en el caso donde la CABA busca "la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden". Hubo argumentos sobre la injusticia de aumentarle los recursos al distrito más rico. “Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone", advirtieron. Son 17 gobernadores y gobernadoras a los que Larreta logró ponerse en contra. Esta causa está generando más reacciones que las que generó la decisión de Macri de subir la coparticipación de la Ciudad de 1,4 a 3,7.

Todo esto quedará, por el momento, en stand by, dado que la Corte no tiene plazos y puede tomarse años y hasta décadas para resolver una causa de este tipo. Un fallo a favor de Larreta seguramente sacudirá el sistema político y cambiará las reglas del juego sobre la coparticipación hacia el futuro. Con esta Corte, todo puede suceder.