El Banco Central intentará definir el futuro del banco Finansur, propiedad del empresario Cristóbal López , antes del 9 de marzo próximo, ya que, si no hay una solución hasta esa fecha, la Justicia procederá a liquidarlo.

Fuentes del Banco Central precisaron a LA NACION que ese día vence el último plazo de suspensión de la entidad financiera perteneciente al Grupo Indalo (70,5%), la familia Sánchez Córdova (23,5%) y Jorge de María (5,9%).

La entidad que conduce Federico Sturzenegger ha suspendido al Finansur desde noviembre pasado, pero esta facultad vence el mes próximo. Por esta razón, tanto Sturzenegger como el superintendente de Entidades Financieras, Fabián Zampone, siguen el caso en forma cotidiana para evitar el escenario poco deseado de tener que decidir una liquidación judicial.

Hasta ahora, el único banco oficialmente interesado en la entidad es el Galicia, que informó a la Bolsa de Comercio que presentó una oferta "no vinculante" el mes pasado.

Otros dos nombres que habían trascendido, el Comafi y el Banco Industrial, no están en carrera. El Comafi abandonó la competencia y el Industrial solo se quedó en julio pasado -antes de los problemas judiciales que derivaron en la inhibición de todos los bienes del grupo Indalo- con la cartera de pago a jubilados, por decisión de la Anses.

Pero también aparecieron inversores no bancarios interesados.

También quedó a un lado el grupo Fiorito, que manejó el ex Banco Quilmes, a partir de una gestión del expresidente del Banco Central Martín Redrado , a través de su consultora MR & Asociados.

Las dos opciones para el Central son vender el banco en forma completa o, si no apareciera un interesado, separar los activos y pasivos, dejando un "banco residual" para el cobro de los pasivos contingentes.

El problema más complejo que afronta el Central es que no puede vender el banco sin la autorización del juez federal Julián Ercolini, quien, al estar a cargo de la causa penal contra López, dispuso la inhibición de todos los bienes del empresario detenido. Ercolini sigue en forma regular el avance de las gestiones que lleva adelante el Central.

A la vez, según explicaron fuentes del sistema financiero, ni a Ercolini ni a la AFIP -principal acreedor del Grupo Indalo, por la evasión multimillonaria del impuesto a los combustibles- les conviene que el banco sea desguazado, ya que en ese caso no recuperarían nada de dinero.

En este sentido, calificadas fuentes judiciales indicaron ayer a LA NACION que, antes de aprobar o no la venta, Ercolini consultará a todas las partes involucradas, para saber si le dan el visto bueno a la operación.

Dada la complejidad del entramado del Grupo Indalo, es posible que el magistrado opte por "separar" contablemente la situación de cada una de las empresas del holding, para viabilizar su venta.

Por lo tanto, la decisión del Central no es puramente económica. A la vez, al no poder prorrogar la suspensión más allá de marzo, tampoco puede obviar una solución para los depositantes, tal como lo marca la ley de entidades financieras. La única operación que desarrolla actualmente el banco presidido por Juan Basco es el pago de salarios.