La oposición avanzó ayer en el Congreso en la estrategia para impulsar modificaciones a las leyes que regulan la legislación delegada y los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que dicta el Poder Ejecutivo, luego de la polémica desatada por el que creó el Fondo del Bicentenario. Fue en el marco de la comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados, donde fue reelecta la peronista disidente Graciela Camaño. El oficialismo reaccionó anunciando que impulsará una reforma en la Ley de Acefalía para acotar las facultades del vicepresidente Julio Cobos durante eventuales ausencias de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Apenas conformado el cuerpo, con la elección de sus autoridades, la oposición ratificó que irá por los DNU para evitar que el Congreso los apruebe con facilidad, ya que en la actualidad basta la ratificación de una sola de las Cámaras para que un decreto quede vigente. Comenzó la macrista y ex directora ejecutiva de Poder Ciudadano, Laura Alonso, quien reclamó además invitar al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para que explique "la necesidad y la urgencia" que tuvo la Presidenta para dictar el decreto del Fondo. La legisladora considera que deben quedar claras cuáles son las "circunstancias excepcionales" que habilitan al Ejecutivo a dictar un DNU. "Son para situaciones muy severas, la Corte Suprema habla de acciones bélicas y de desastres naturales", subrayó en ese sentido. Por su parte, la cívica Patricia Bullrich anunció la presentación de un proyecto para ampliar la comisión bicameral permanente que analiza los DNU presidenciales y para estipular que "se requiere la ratificación de ambas Cámaras para considerar aprobado el decreto". Pidió también que se invite para "un informe verbal" sobre el Indec al ministro de Economía, Amado Boudou.

Ambas diputadas, junto al radical Ricardo Gil Lavedra, confiaron en que la oposición rechazará en los primeros días de marzo el decreto en el recinto.

Al respecto, Camaño remarcó que dentro de dos semanas debe emitir un informe la comisión "ad hoc" que se armó meses atrás –como concesión del oficialismo para lograr la prórroga de las facultades delegadas que le permiten al Ejecutivo legislar en materia impositiva– para discriminar la legislación delegada en vigencia y la que caducó. En ese marco evaluarán la restricción de los decretos presidenciales.

A su turno, la oficialista Diana Conti, una de las defensoras públicas más fervorosas que tiene el Gobierno, sorprendió al anunciar que está trabajando en un proyecto de ley para "modificar la Ley de Acefalía" con el fin de "resguardar las instituciones y acotar las facultades del vicepresidente en caso de ausencia transitoria de la primera mandataria". La diputada explicó que su objetivo es "plasmar en la ley" para "evitar futuras afectaciones de la institucionalidad" los límites de las acciones del vicepresidente en caso de presidir la magistratura en ausencia del jefe de Estado, dada la ruptura pública entre Fernández de Kirchner y Cobos.