La delegación argentina que participó del cónclave de líderes de finanzas del G-20 se quedó en Venecia después del cierre del encuentro para una reunión extra con la misión del Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía, Martín Guzmán y su comitiva se encontraron finalmente con la directora adjunta del Departamento para el Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y con el negociador encargado del caso argentino, Luis Cubeddu.

Así lo informó el Palacio de Hacienda en un comunicado difundido este martes, en el que se señala que “las reuniones de los equipos técnicos arrojaron avances y entendimientos en temas clave del programa económico del Gobierno con el que se busca apuntalar la recuperación económica con creación de trabajo, crecimiento con agregación de valor y estabilidad macroeconómica duradera”.

“En particular, se lograron avances concretos en entendimientos en cuanto a políticas para el desarrollo del mercado de capitales doméstico, la administración tributaria y el desarrollo de sectores generadores de divisas”, señaló el texto. Del encriptado lenguaje oficial se desprende que el capítulo de ingresos fiscales y la emisión de títulos para financiar el déficit fiscal (previsto para este año en dos billones de pesos, aunque podría ser menor de acuerdo a las proyecciones del primer semestre) estuvieron en la mesa de conversaciones.

La discusión técnica con los funcionarios del Fondo es paralela a la política, que se dio entre viernes y sábado en la reunión entre ministros del área de finanzas y presidentes de bancos centrales de los países del G-20. En el documento final hubo lugar para dos reclamos que el gobierno argentino viene formulando con insistencia en los últimos tiempos: una disminución de las sobretasas que el Fondo cobra a los países que demandan préstamos más cuantiosos; y que se implemente algún mecanismo para que los países miembros puedan intercambiar libremente los DEG (derechos especiales de giro) que la entidad repartirá posiblemente a fin de agosto. Guzmán insiste en que con esos elementos podrá lograr un buen ahorro en los intereses del nuevo acuerdo que está gestionando y en que tendrá mayor margen de acción para manejar los tiempos de la negociación.

El objetivo de las conversaciones, tanto con los líderes políticos del G-20 como con los funcionarios técnicos del FMI, es reprogramar los plazos de devolución del stand by otorgado en 2018 al gobierno de Mauricio Macri. En septiembre empieza el cronograma de amortización de los más de U$S 44 mil millones y del ritmo de las discusiones dependerá si los primeros pagos de capital deberán ser cubiertos por el gobierno con fondos propios, o bien con los DEG cuyo proceso de asignación ya se puso en marcha.

Por Marcelo Di Bari