Después de las escaramuzas públicas de los últimas semanas, funcionarios y representantes de las automotrices se sentarán en la misma mesa para dirimir si la situación del sector es lo que aseguran los empresarios o lo que dice el Gobierno. El encuentro será mañana y a la cita están invitados, tanto los fabricantes como los importadores de 0 km, quienes serán recibidos por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y la ministra de Industria, Débora Giorgi.

El tema principal de debate será la posible modificación de los impuestos internos que, tras su aumento, provocó el derrumbe de más del 80% de las operaciones del segmento de los vehículos más caros. La medida comenzó a regir el 1 de enero pasado con el propósito de frenar la salida de dólares que significaba el pago de las importaciones de estos 0 km. Desde el mismo momento de su implementación se comenzó a hablar de cambios ante las quejas de las empresas por el perjuicio que les provocaría. Básicamente, porque por la forma de aplicar el gravamen los 0 km de alta gama tendrían un incremento del 50% al 100%, lo que los quitaría del mercado.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, fue el primero en mostrarse proclive a una modificación pero pidió tiempo para implementarla. La caída de las ventas de este sector hizo que la presidente, Cristina de Kirchner, dedicara parte de su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Adelantó que convocaría a las empresas para discutir el tema y, de ser necesario, impulsaría los cambios. Incluso, la semana pasada, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, confirmó que el organismo estaba estudiando el impacto fiscal que tendría una reducción del impuesto.

La ley votada en diciembre estableció que se incremente la alícuota del impuesto interno para los autos y se establecieron dos niveles. A partir de $170.000 de precio a concesionaria debían abonar una tasa del 30% (que implicaba un aumento del precio del 42%) y desde $ 210.000 un tributo del 50% (una suba del 100%).

Lo que las empresas buscarán mañana es que el Gobierno reduzca el impacto de la medida que afecta, salvo a un modelo de Toyota, a autos importados. El problema es que por la suba de precios de los últimos dos meses, impulsada en gran parte por la devaluación, muchos más modelos están a punto de comenzar a pagar el impuesto, incluso algunos de producción nacional.

La Presidente destacó en su discurso que el porcentaje de autos afectados era de menos del 5% del mercado y cuestionó que fuera por este impuesto que cayeran las ventas. Si bien es cierto que el segmento afectado por el gravamen es menor, a pocos días de entrada en vigencia la medida, con la decisión del Gobierno de devaluar el peso, se produjo una suba de precios del resto de lo vehículos que está impactando muy fuerte en el consumo.

Si se proyectan los datos de patentamientos de los primeros días de marzo, el mes cerraría con una baja en la actividad cercana al 40%.

Esto, sumado a la menor demanda de Brasil, está provocando que los fabricantes ajusten sus niveles de producción a través de suspensiones de personal que, por el momento, son justificadas por falta de insumos por parte de una autopartista con conflicto gremial o trabajos de mantenimientos internos. Lo concreto es que para el mercado que se proyecta para el año, el ritmo de fabricación que se venían manteniendo desde finales del año pasado está sobredimensionado.