Las medidas tributarias con criterio de progresividad de Alberto Fernández, a nivel nacional, y de Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, despertaron resistencias de sectores económicos y sociales privilegiados durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. Fragilidad fiscal y deuda impagable. 

La resistencia a las retenciones agropecuarias, al impuesto cambiario PAIS, a las alzas en las alícuotas en Bienes Personales y al paquete impositivo en la Provincia de Buenos Aires revela dos cuestiones, además de controversias tributarias:

1. Los impuestos forman parte de una disputa política medular en la sociedad.

2. La existencia de potentes restricciones sociales, económicas y políticas para instrumentar medidas de redistribución progresiva del ingreso vía modificación de la estructura tributaria.

Desquicio fiscal

En el incipiente escenario de conflicto político, en apenas en el primer mes del gobierno de Alberto Fernández, se han empezado a manifestar en forma muy explícita tensiones conceptuales acerca del rol del Estado en la economía, del alcance de los impuestos y del destino del gasto público.

Es un debate en el cual el oficialismo ha quedado a la defensiva. Su mensaje apunta a reclamar "solidaridad" de sectores medios y altos de la pirámide de ingresos. Lo hace cuando, en realidad, la cuestión impositiva está basada en relaciones de poder y no de buena voluntad de los sectores de mayor capacidad contributiva.

No se trata de pedir un "esfuerzo", sino de redefinir las reglas de una sociedad más equitativa, lo que implica abrir conflictos con sectores a los que se les afectarían sus privilegios. En esta coyuntura es importante determinar quiénes deben tener una mayor obligación contributiva para salir del desastre macrista.

La devastación del tejido productivo y social, la desarticulación de funciones básicas del Estado y la herencia de una inmensa deuda impagable con una economía en recesión en tres de los cuatro últimos años es el cuadro que entregó el macrismo. Es un cuadro dramático que tiene que ser recordado cada vez que se impulsan iniciativas para recuperar recursos fiscales.

Si ese recordatorio no se hace por especulación política o por estrategia comunicacional, esas medidas parecen aisladas, caprichosas u hostiles hacia un sector específico cuando, en realidad, son imprescindibles para recomponer la situación fiscal.

Explicar las motivaciones de las medidas no es revanchismo ni mirar para atrás, sino una necesaria tarea de divulgación para que la mayoría de la sociedad comprenda la magnitud de la crisis y quiénes deben aportar más proporcionalmente para comenzar a transitar el sendero de la recuperación.

Espejo invertido

El gobierno anterior debilitó las cuentas públicas y avanzó con medidas regresivas en materia impositiva: eliminó retenciones, para luego reimplantarlas desesperado por el naufragio de la economía y por recomendación del FMI; redujo los impuestos a bienes suntuarios (autos de alta gama, motos y embarcaciones); bajó las alícuotas de Bienes Personales; definió la disminución gradual de Ingresos Brutos con el consenso fiscal rubricado con las provincias; regaló poco más de dos puntos de la coparticipación federal de impuestos de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

Este paquete impositivo no despertó resistencias porque implicó una importante transferencia de recursos hacia la cúpula de la pirámide de ingresos y, por lo tanto, del poder económico. Pero esa redistribución regresiva fue el pecado original porque derivó en el endeudamiento descontrolado de los dos primeros años del macrismo.

La pérdida de recursos fiscales agudizó el déficit que fue cubierto con deuda en dólares, en una pésima decisión de administración financiera de las cuentas públicas. O sea, se capturaban dólares del mercado para atender el creciente desequilibrio en pesos, desbalance agudizado por esas medidas impositivas.

El saldo fue un rápido naufragio de la economía con default y debilidad fiscal, que el auxilio financiero extraordinario del FMI evitó un descontrol aún mayor de las variables macroeconómicas.

La administración Fernández aplicó un paquete impositivo en espejo invertido al impulsado por Macri. Lo tuvo que hacer para empezar a atender el desquicio fiscal recibido no sólo por esas medidas tributarias regresivas, sino también por la inmensa carga fiscal que implica el stock de deuda incrementado en forma impresionante en esos cuatro años. Y lo hizo sin castigar a los sectores vulnerables dirigiendo la exigencia de un mayor aporte a grupos sociales con mayor capacidad contributiva.

Las medidas impositivas progresivas y la renegociación de los pagos de la deuda constituyen entonces la base para la recuperación fiscal de las cuentas públicas y de la economía en general.

Quejas

Las protestas por los cambios impositivos provienen de grupos que se han beneficiado en los últimos cuatro años. El complejo agroexportador, con la eliminación de las retenciones y la megadevaluación macrista; sectores sociales que tradicionalmente son intensos en dolarizarse en ahorros y por turismo al exterior, cuya voz representativa en estos días fue Susana Giménez con la grosería dedicada a los pobres; los contribuyentes que pagaron menos por Bienes Personales, y los grandes propietarios rurales y urbanos de la provincia de Buenos Aires.

Alberto Fernández decidió conseguir recursos adicionales entre los ganadores del modelo macrista, eludiendo el sendero del ajuste tradicional de la ortodoxia.

El origen y la orientación del paquete tributario del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, son similares al del gobierno nacional, aun con más dificultad porque la administración de María Eugenia Vidal se lanzó a un irresponsable endeudamiento en dólares. Se sabe que las provincias no emiten moneda ni pueden conseguir dólares, lo que las pone en una posición más frágil respecto a la de la Nación.

Uno de los frentes de resistencia a las medidas de Kicillof para sumar recursos provino de las cableoperadoras (la del Grupo Clarín es la más importante en ese negocio). Esas firmas contaron con la colaboración del bloque de legisladores de Juntos por el Cambio, que consiguió frenar la propuesta de aumento de la alícuota de Ingresos Brutos (de 2 a 3 por ciento), perdiendo la provincia de recaudar 600 millones de pesos anuales. En contrapartida es el monto que se ahorran de pagar esas empresas.

Otros beneficiarios de las modificaciones introducidas por la oposición en el paquete impositivo fueron los importadores y exportadores y los propietarios más grandes de la provincia de Buenos Aires.

La progresividad de la iniciativa impositiva bonaerense se mantuvo pero con una menor intensidad.

Conceptos

Las medidas impositivas de los gobiernos nacional y bonaerense están provocando un debate dominado por el discurso conservador. Los argumentos son conocidos, pese a que se tratan de tibias reformas progresivas: en Argentina se paga mucho en impuestos; siempre pagan los mismos; el Estado es ineficiente; los políticos cobran mucho.

Resulta oportuno recordar conceptos fundamentales para abordar el tema de los impuestos.

Los Estados necesitan recaudar impuestos para realizar acciones necesarias al bien común. Para eso definen y aplican un sistema tributario con la aspiración social de que sea básicamente equitativo.

En general, los sectores alcanzados por impuestos manifiestan resistencia a pagarlos, y la estrategia para expresar disconformidad es la misma: que pagan mucho, que otros lo hacen menos y que la acción del Estado es abusiva sobre sus ingresos.

Es una posición que voluntaria o involuntariamente deslegitima la acción del Estado en la economía. Cuestiona de esa forma el contrato social básico referido al pago de impuestos para financiar el funcionamiento del Estado.

Lo hacen invirtiendo la secuencia de ese contrato social. Exponen que pagan demasiado en impuestos en relación a lo que reciben de parte del Estado. Algunos consideran que el gasto público es ineficiente o evalúan que otros gozan de privilegios impositivos que ellos no tienen.

Sin embargo, para tener derechos, primero hay que cumplir con obligaciones, en este caso impositivas en función de la capacidad contributiva. Así se desarrollaron los contratos sociales en las sociedades modernas.

El Estado, a su vez, obtiene legitimación para el cobro de impuestos cuando utiliza esa recaudación redistribuyendo ingresos en forma progresiva, como con la cobertura social que incluye entre sus pilares la Asignación Universal por Hijo. También con su política de subsidios a los servicios públicos, que actúan como un salario indirecto al trabajador.

EquidadLEER MÁSAlejandro Almeida | Página12

Los tributaristas explican que una sociedad funciona con un contrato social básico de pago de impuestos para financiar el funcionamiento del Estado. Y que esos pagos tienen que recaer en mayor medida en los sectores que tienen más capacidad contributiva, o sea que tienen más ingresos.

Un sistema tributario es más equitativo cuando la carga de la recaudación descansa en porcentajes crecientes en impuestos que pagan los sectores de mayor capacidad contributiva en la pirámide de ingresos.

Aunque esas ideas parezcan elementales, de aceptación general, cuando se intentan tímidas modificaciones para fortalecer y profundizar ese contrato social el resultado son conflictos de proporciones. En 2008 hubo una rebelión del sector del campo para resistir la aplicación de un esquema de retenciones móviles a las exportaciones. 

Hoy el malestar se expresa también en el esquema de retenciones de Fernández y en la carga impositiva en el mercado cambiario.

El éxito del movimiento en 2008, logrando que pequeños y medianos productores salieran a defender intereses de grandes propietarios, ha definido límites muy estrechos para diseñar una reforma fiscal que involucre al campo. Esos contornos quedaron en evidencia en la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural que impulsó la gobernación de la provincia de Buenos Aires

Disputa política

La controversia alrededor de las retenciones al complejo agroexportador es la muestra más visible que, además de los aspectos recaudatorios, redistributivos de la renta de la tierra y del impacto en precios internos, se trata de un espacio de disputa política.

Cuando Mauricio Macri las reimplanta, teniendo como ministro, luego rebajado a secretario de Agricultura, al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, no hubo ni comunicados de entidades gremiales del sector, ni protestas de productores ni tractorazos en las rutas.

La reacción fue opuesta cuando Alberto Fernández sólo actualizó el monto de las retenciones al mismo nivel que el dispuesto inicialmente por Macri. La decisión clave fue que ahora se aplica como un porcentaje, y antes era un monto fijo que con devaluación e inflación se terminó licuando.

La resistencia que se está alimentando, con grupos que convocan a la desobediencia fiscal y a la movilización en las rutas, tiene un origen eminentemente político. A esta altura es sabido que no existen las condiciones para reeditar un conflicto como el del 2008, lo que no implica que el de ahora no pueda ser intenso. No existen las condiciones fundamentalmente por el aprendizaje que dejó ese traumático conflicto para la fuerza política que hoy es gobierno, que se reflejará en la próxima segmentación de las retenciones por agregación de valor, por distancia al puerto y por pequeños productores.

De todos modos la cuestión impositiva seguirá siendo un terreno de disputa política porque, como lo expresó el milmillonario financista estadounidense Warren Buffet, "hay una guerra de clases, y la estamos ganando los ricos".