Arroyo confirmó que el Estado asiste con alimentos a más de 11 millones de personas

Arroyo confirmó que el Estado asiste con alimentos a más de 11 millones de personas

Son 3 millones más que en marzo. El ministro reconoce que aumentó la pobreza y asegura que se fijan precios máximos para evitar sobreprecios.

 

Daniel Arroyo confirmó este viernes que el Ministerio de Desarrollo Social asiste con cobertura alimentaria en "comedores y merenderos" a 11 millones 200 mil personas, pero que aún así no pudo evitar un aumento de la pobreza desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Y aseguró que las compras tienen un control de valores de la secretaría de comercio interior para evitar sobreprecios.

Según su exposición ante la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados, antes de la llegada del Covid 19 recibían asistencia alimentaria 8 millones de personas, pero tuvo que incrementarla. En ese entonces, había 38% de pobres, un 48% entre los niños y una informalidad laboral del 40%, medida por el Indec. "Es evidente que ha aumentado", reconoció.

La pandemia, además, obligó a concentrar el 90% de la asistencia en alimentos y el 10% en planes laborales. "En noviembre nos gustaría que sea 50% y 50%; y que el año que viene el eje será el trabajo", reconoció. Los confinamientos modificaron o entorpecieron los planes como la tarjeta alimentaria, lanzada el 18 de diciembre, para madres de chicos menores de 6 años y mujeres con tres meses de embarazo o  discapacidades.

Llegó a cubrir 1 millón y medio de familias, desde su lanzamiento en Concordia hasta el final en Buenos Aires, pero la pandemia complicó la logística y 200 mil aún no recibieron la tarjeta, que se carga a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En junio volvieron a cruzar los padrones para sumar beneficiarios.

El ministro explicó que la asistencia social aumenta cuando caen las changas de construcción e industria textil, o si no se carga la tarjeta alimentaria. Y no observa una incidencia del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos que cobraron 300 mil personas. 

Aún así, ante una consulta de Silvia Lospennato, del PRO, Arroyo destacó que en septiembre se terminará de pagar el IFE 3 y aún se estudian los ingresos familiares para definir cómo se agregan al presupuesto de 2021. 

Hemos logrado atender la mayor demanda y hemos ampliado la cobertura y logrado sostener una situación alimentaria crítica. Pero tenemos que reconocer que hay un déficit de calidad nutricional.

En su diagnóstico de situación, de casi 40 minutos, Arroyo contó que el 60% de la asistencia son para consumos de leche, carne, frutas y verduras; pero ante una pregunta de la diputada del PRO Carmen Polledo reconoció que con la pandemia sumaron harinas y fideos.

Entre las limitantes para el reparto de alimentos es que sólo hay dos depósitos, uno en Tucumán y otro en Buenos Aires; y están obligados a transferir fondos a otras provincias y municipios. "La lógica debe ser el desarrollo local y que el producto la mueva la economía de cercanía".

Otra de las apuestas fue el registro de comedores, el Renacom "porque nadie sabía cuantos había. Cruzamos datos y llegamos a 10 mil".  Sumaron los formalizados, los semiformales y las ollas populares. "Nuestro objetivo es que crezca la descentralización. El modelo ideal es que el comedor termine siendo un centro comunitario de apoyo escolar y que las familias vuelvan a comer en sus casas".

Aseguró que duplicó los fondos de los comedores escolares hasta alcanzar los 7300 millones de pesos; y ejecutó 70 mil millones de pesos del plan contra el hambre. Tamaño aumento de gastos obligó a invertir el 120% del presupuesto al 30 de junio y el 139% en agosto. La diferencia se cubrió con las ampliaciones presupuestarias, como la sancionada este jueves. 

"Hemos logrado atender la mayor demanda y ampliado la cobertura en una situación alimentaria crítica. No sólo con el Estado, sino por una gran red social, con iglesias y organizaciones sociales. En los barrios no veo grieta. Están el cura y el pastor juntos". 

"Pero tenemos que reconocer que hay un déficit de calidad nutricional. Por eso hay que fortalecer la producción de alimentos, el desarrollo local y de pequeña escala. El martes vamos reunir la mesa contra el hambre para rendir cuenta de lo que se ha hecho", anunció Arroyo.

 

 

Entre los ejes para la post pandemia, el ministro incluyó un ingreso base con parte de lo que ahora es el IFE y la urbanización de 4000 mil barrios populares, "donde viven 4 millones de argentinos en condiciones críticas, sin cloacas y acceso a agua potable".

"Nosotros fusionemos los planes sociales. Había 570 mil personas que cobraban la mitad de un salario mínimo. Y nos concentramos en la contraprestación: tienen que vincularse con el trabajo, capacitarse en oficios y terminar el colegio secundario. Además, hay 4 millones de niños cuyos padres cobran la Asignación Universal por Hijo; y 250 mil personas que perciben planes provinciales".

se fijan precios máximos para evitar sobreprecios.AglaplataLPO14/08/2020

Daniel Arroyo confirmó este viernes que el Ministerio de Desarrollo Social asiste con cobertura alimentaria en "comedores y merenderos" a 11 millones 200 mil personas, pero que aún así no pudo evitar un aumento de la pobreza desde el inicio de la pandemia del coronavirus. Y aseguró que las compras tienen un control de valores de la secretaría de comercio interior para evitar sobreprecios.

Según su exposición ante la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados, antes de la llegada del Covid 19 recibían asistencia alimentaria 8 millones de personas, pero tuvo que incrementarla. En ese entonces, había 38% de pobres, un 48% entre los niños y una informalidad laboral del 40%, medida por el Indec. "Es evidente que ha aumentado", reconoció.

La pandemia, además, obligó a concentrar el 90% de la asistencia en alimentos y el 10% en planes laborales. "En noviembre nos gustaría que sea 50% y 50%; y que el año que viene el eje será el trabajo", reconoció. Los confinamientos modificaron o entorpecieron los planes como la tarjeta alimentaria, lanzada el 18 de diciembre, para madres de chicos menores de 6 años y mujeres con tres meses de embarazo o  discapacidades.

Llegó a cubrir 1 millón y medio de familias, desde su lanzamiento en Concordia hasta el final en Buenos Aires, pero la pandemia complicó la logística y 200 mil aún no recibieron la tarjeta, que se carga a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En junio volvieron a cruzar los padrones para sumar beneficiarios.

El ministro explicó que la asistencia social aumenta cuando caen las changas de construcción e industria textil, o si no se carga la tarjeta alimentaria. Y no observa una incidencia del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos que cobraron 300 mil personas. 

Aún así, ante una consulta de Silvia Lospennato, del PRO, Arroyo destacó que en septiembre se terminará de pagar el IFE 3 y aún se estudian los ingresos familiares para definir cómo se agregan al presupuesto de 2021. 

Hemos logrado atender la mayor demanda y hemos ampliado la cobertura y logrado sostener una situación alimentaria crítica. Pero tenemos que reconocer que hay un déficit de calidad nutricional.

En su diagnóstico de situación, de casi 40 minutos, Arroyo contó que el 60% de la asistencia son para consumos de leche, carne, frutas y verduras; pero ante una pregunta de la diputada del PRO Carmen Polledo reconoció que con la pandemia sumaron harinas y fideos.

Entre las limitantes para el reparto de alimentos es que sólo hay dos depósitos, uno en Tucumán y otro en Buenos Aires; y están obligados a transferir fondos a otras provincias y municipios. "La lógica debe ser el desarrollo local y que el producto la mueva la economía de cercanía".

Otra de las apuestas fue el registro de comedores, el Renacom "porque nadie sabía cuantos había. Cruzamos datos y llegamos a 10 mil".  Sumaron los formalizados, los semiformales y las ollas populares. "Nuestro objetivo es que crezca la descentralización. El modelo ideal es que el comedor termine siendo un centro comunitario de apoyo escolar y que las familias vuelvan a comer en sus casas".

Aseguró que duplicó los fondos de los comedores escolares hasta alcanzar los 7300 millones de pesos; y ejecutó 70 mil millones de pesos del plan contra el hambre. Tamaño aumento de gastos obligó a invertir el 120% del presupuesto al 30 de junio y el 139% en agosto. La diferencia se cubrió con las ampliaciones presupuestarias, como la sancionada este jueves. 

"Hemos logrado atender la mayor demanda y ampliado la cobertura en una situación alimentaria crítica. No sólo con el Estado, sino por una gran red social, con iglesias y organizaciones sociales. En los barrios no veo grieta. Están el cura y el pastor juntos". 

"Pero tenemos que reconocer que hay un déficit de calidad nutricional. Por eso hay que fortalecer la producción de alimentos, el desarrollo local y de pequeña escala. El martes vamos reunir la mesa contra el hambre para rendir cuenta de lo que se ha hecho", anunció Arroyo.

 

 

Entre los ejes para la post pandemia, el ministro incluyó un ingreso base con parte de lo que ahora es el IFE y la urbanización de 4000 mil barrios populares, "donde viven 4 millones de argentinos en condiciones críticas, sin cloacas y acceso a agua potable".

"Nosotros fusionemos los planes sociales. Había 570 mil personas que cobraban la mitad de un salario mínimo. Y nos concentramos en la contraprestación: tienen que vincularse con el trabajo, capacitarse en oficios y terminar el colegio secundario. Además, hay 4 millones de niños cuyos padres cobran la Asignación Universal por Hijo; y 250 mil personas que perciben planes provinciales".

 

Confió en que cuando pase la pandemia crecerá la construcción, la industria textil; y el trabajo de los cuidados, personales y comunitarios, donde más expectativa hay en el futuro.

"Un gran problema es que una parte de la población, entre 3 y 4 millones de personas, se van a quedar con ingresos acotados y tendremos que asistir. Es gente que tenía un trabajo informal y lo va a retomar con menos nivel", advirtió. 

Entre los planes está promover el trabajo de jóvenes de entre 18 y 25 años, con educación y capacitación; "el plan volver", para que retornen personas a pueblos de 2000 habitantes; y una atención especial a comunidades indígenas.

La diputada de Cambiemos Graciela Ocaña advirtió que hay una diferencia entre el gasto de planes sociales en las provincias y lo por ahora registrado. "Quisiera saber qué controles se realiza sobre municipios, o para los que se giran a comedores y merenderos. Teniendo en cuenta que son algo así como 3345 millones de pesos, mientras que la que compró directamente el ministerio es 2227 millones. O sea, es inferior. ¿No se pensó en pedir ayuda a la Auditoría General de la Nación (AGN)?", consultó. 

Fue un planteo del presidente de este organismo, el radical Jesús Rodríguez, pero los auditores del oficialismo se negaron porque no tiene autorizado auditar en tiempo real. Se lo habían hecho saber cuando eran oposición, en 2016. 

Arroyo se defendió. "Las compras se hacen con precios máximos que pone la secretaria de comercio. Sólo podemos adquirir cuando son por debajo. Y no compramos a quienes participen si no están entre las 600 u 800 empresas inscriptas. Se pueden presentar en un 5% las más chicas. En esas condiciones compramos 8 millones 432 mil kilos de alimentos".  No precisó los controles logísticos. 

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