Ivo Cortazzo

Un día antes de que el INDEC publicara el 13,2% de inflación correspondiente a febrero, el Gobierno decidió anunciar la “apertura” de las importaciones para los bienes de la canasta básica con el objetivo primordial de disciplinar los precios internos de los alimentos. Fue luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, manifestase su preocupación por la suba en el precio de los alimentos básicos.

Caputo: "La gente va al supermercado, sale 50% más que en Estados Unidos y dice 'guau, ¿este es el modelo?'"

En términos prácticos, la apertura de las importaciones de alimentos —y otros productos de la canasta básica— tiene como consecuencia una modificación en los plazos de pagos de las compras efectuadas al exterior. En este sentido, la regulación vigente —para el resto de los productos— establece que estas compras tienen un esquema de pago basado en 4 cuotas —es decir, la totalidad del pago se finalizaría a los 120 días—. En función de lo oficializado por el Banco Central, para los bienes de la canasta básica, el plazo de pago se unifica en una sola cuota que se cancela a los 30 días. Esto contribuye, significativamente, a la celeridad de los trámites de importación ya que no solo el pago de contado a 30 días genera mayores incentivos al vendedor que el plazo de 4 cuotas sino que también le imprime mayor facilidad al trámite.

Sumado a la modificación de los plazos de pago, el Gobierno también anunció una suspensión temporal —120 días— en las percepciones de IVA adicional e impuesto a las Ganancias de las importaciones de estos productos.

Son alcanzadas por esta medida 2.936 posiciones arancelarias a 12 dígitos, que es el máximo nivel de desagregación que pueden tener los productos. ¿Qué significa a 12 dígitos? Cada producto tiene una posición arancelaria, que es básicamente un número. 2, 4, 8, 12 dígitos (la máxima). Que sea a 12 dígitos significa que el producto está en su máxima desagregación. Por ejemplo, “termo de plástico con forma de X manija a la derecha...”. Eso sería 12 dígitos. Es decir, la cantidad de dígitos indica su nivel de especificidad.

Entre los principales productos alcanzados por la medida gubernamental se encuentran carnes, pescados, lácteos, frutas, verduras, insecticidas, productos de higiene personal y medicamentos, entre otros.

Estímulos de producción alimentaria que acerquen a los productores con los consumidores

Una de las principales preguntas que surgen al calor de la medida es si esta determinación impactará, efectivamente, en la baja de precios. Al respecto, Julio Gambina, docente universitario, profesor titular de Economía Política en la Universidad Nacional de Rosario aseguró que “no es solución la importación de alimentos para inducir una baja de precios”. “Lo que se necesitaría son estímulos de producción alimentaria que acerquen a los productores con los consumidores. La medida dispuesta por el gobierno es a pedido de los grandes supermercadistas, que te atraerán por relativas baja en alimentos de primera necesidad y al mismo tiempo te venderán muchos otros productos a precios elevados”, aseveró.

Puntualizando sobre la cadena de producción, distribución y comercialización, el especialista dijo que “el problema no está en la distribución altamente concentrada de grandes supermercados, sino en reorganizar la producción y distribución de alimentos. La medida del gobierno no se inscribe en un plan general que no sea la destrucción de la producción local. No son los productores, especialmente pequeños los que establecen los precios y el reemplazo en grandes centros comerciales de pequeños productores proveedores por productos extranjeros, supone favorecer la producción externa”.

Por su parte, Gonzalo Carrera, economista de Equilibra le comentó a elDiarioAR que “en términos generales, en cualquier mercado, uno tiende a pensar que los precios oligopólicos no afectan a la inflación sino al nivel de precios”. “Mayor competencia en un mercado puede hacer bajar un precio por única vez, pero eso no afectaría a la inflación —variación generalizada y permanente de precios—. La medida puede ayudar a que, en estos meses, la entrada de productos discipline algunos rubros de alimentos y bebidas que, efectivamente, están creciendo bastante por encima del nivel general —por ejemplo, bebidas no alcohólicas—. Sin embargo, luego unos meses lo central siempre termina siendo el estado de la macroeconomía en su conjunto”, advirtió.

Carrera sostuvo que “cuando uno analiza los determinantes de los precios de alimentos y bebidas, queda bastante claro que el tipo de cambio oficial, la inercia, los precios internacionales o shock externo y, en menor medida, los salarios son las variables más preponderantes”. “Si uno logra mantener el tipo de cambio oficial -exportador- estable de forma sostenible, parecería alcanzar -sumado a la recesión- para que estos precios viajen por debajo del dígito mensual”, agregó.

Por último, frente al supuesto de que fuera necesario abrir la economía para, de alguna manera, aumentar la competencia y disciplinar precios se preguntó si “es alimentos el sector adecuado”. “Yo creo que no. Es uno de los sectores de mayor productividad de la economía argentina y no parece necesario, en un contexto de escasez de divisas, destinar dólares a la importación de esos bienes, pero sí creo que puede servir en otros sectores”, concluyó.

Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva en FUNDAR, le quitó dramatismo a la cuestión: “A priori, siempre que tengas más oferta, va a ayudar a disciplinar precios y, en ese sentido, mayores importaciones puede cumplir ese rol. En este caso en particular, Argentina, tiene muy poco porcentaje de alimento importado y, aunque favorezcas las importaciones, se me hace difícil pensar que haya un aluvión de alimentos importados. Nunca tuvo mucho alimento importado, ni siquiera en los momentos más aperturistas”.

¿Es esto una liberalización del comercio de alimentos?

Una de las preguntas que surge a partir de esta medida es si tanto la modificación en los plazos de pago como la suspensión de pago de percepciones impositivas es suficiente para llamar “liberación comercial” a esta medida.

En este sentido, es importante entender el rol que juega el Mercosur en los acuerdos de liberalización comercial. El bloque económico fundado en 1991 establece una serie de normas que deben ser cumplidas por los países miembros —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—, entre ellas el establecimiento de un arancel externo común. Esto quiere decir que, si, Argentina quisiera eliminar todos los aranceles referidos a la importación de alimentos, existiría una traba ligada a su pertenencia al Mercosur. Sin embargo, existe un mecanismo llamado lista nacional de excepciones (LNE) que le otorga a la Argentina la potestad de modificar —de manera unilateral— al alza o baja los aranceles de 100 productos.

Si bien el objetivo primordial del Gobierno es fomentar la competencia a la hora de que los supermercados tengan mayor cantidad de proveedores y eso impulse los precios a la baja, a su vez, podría generar serias dificultades en términos de competitividad industrial.

En primer lugar, si bien Argentina es conocida por su alta productividad en el rubro alimentos, la apertura comercial refleja, a las claras, las dificultades que está teniendo el plan económico en tener éxito. Es decir, si uno de los rubros estrella —con mayor productividad— está experimentando una inflación por encima de las expectativas, esa competitividad comenzará a erosionarse. 

Por otro lado, las desigualdades en el trato según el producto a importar también podrían generar consecuencias negativas en el funcionamiento de la economía. Mientras que para las importaciones de alimentos se liberan las divisas a los 30 días y se obtienen exenciones impositivas, en rubro industrial siguen las restricciones a las importaciones para la compra de insumos y bienes finales. Esto afecta de manera significativa a las empresas que producen y generan empleo a nivel local.

Por último, parece poco consistente —en un contexto en el cual los dólares no abundan— gastarlos en la importación de alimentos por parte de un país que, según el actual presidente “produce alimentos para 400 millones de seres humanos”. Cabe aclarar que, si bien este dato no es correcto ya que contabiliza granos —como la soja y el maíz— que no son destinados para el consumo humano, Argentina es un país exportador de alimentos.

Al deterioro del nivel de actividad presente causado por el elevado y súbito salto inflacionario se le sumaría una apertura importadora que, si bien puede contribuir a contener el incremento en el precio de los alimentos, incrementa la demanda de divisas en detrimento de los bienes primarios e intermedios requeridos por la industria.

En este aspecto, la evolución de la actividad económica no tiene muchos mas caminos que continuar su caída —a pesar de que el sector agroexportador va a aportar una cosecha muy importante y morigerará la caída general—. La profunda recesión afectará de manera negativa a la recaudación tributaria, y pondrá en jaque la reducción continua del déficit fiscal, generando muchas dudas sobre la sostenibilidad de la baja en la inflación, que parece ser el principal —y hasta ahora único— pilar del plan económico de Javier Milei.