El debate por la vuelta a la presencialidad de los trabajadores no vacunados quedó zanjado por el Gobierno con un refuerzo legal del principio de “buena fe” en los contratos laborales para dirimir los eventuales conflictos en las empresas. El criterio quedó plasmado en el último decreto de necesidad y urgencia firmado por Alberto Fernández respecto de la nueva etapa de la pandemia y será, por ahora, la única respuesta oficial a la amenaza de la Unión Industrial Argentina (UIA) de que no pagará los sueldos de los operarios que resolvieran no inmunizarse. El Ejecutivo dispuso así que será la Justicia la responsable de dictaminar en última instancia sobre la validez de los argumentos en cada caso concreto.

El artículo 8 del DNU 494/2021, firmado la semana pasada por el Presidente en acuerdo general de ministros, señala que “el deber de asistencia al lugar de trabajo se regirá por la Resolución Conjunta de los Ministerios de Salud y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 4 del 8 de abril de 2021”, que a su vez regulaba la vuelta a los puestos laborales de asalariados con al menos una dosis de cualquiera de las vacunas y consagraba la vigencia del criterio de buena fe en los establecimientos privados. Así, el Gobierno elevó de rango esa norma de dos ministerios y la equiparó a una ley para entablar el marco legal de las posibles contiendas legales.

Ayer en el Gabinete económico y en la CGT había coincidencias respecto del abordaje de la controversia que anticipó este diario la semana pasada, cuando dio a conocer que el Gobierno preparaba una norma para regular la vuelta a la presencialidad frente a la contingencia de los no vacunados por elección, y que hizo pública el martes el nuevo presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, tras una reunión de la junta directiva de la entidad, cuando anunció que se había resuelto sugerirles a los asociados discontinuar el pago de sueldos en esos casos. En la propia central obrera, aunque condenaron la amenaza patronal, reconocieron que debería quedar un margen implícito de coacción del empleador respecto de un trabajador antivacunas para preservar al resto del personal.

La inclusión de lo dispuesto por la resolución conjunta número 4 en el último DNU presidencial es también la admisión por parte del Ejecutivo de que no impulsará una norma puntual para los casos de los antivacunas en sus empleos, como se proyectó en un principio. El criterio de los funcionarios es que no puede legislarse para casos individuales de personas que, por las razones que fuesen (descreimiento en las vacunas, motivos religiosos o simple desinterés), decidieran no ser inmunizadas con el riesgo implícito para sí mismas y para sus compañeros de labores, así como para el proceso productivo dentro de un establecimiento privado.

La estrategia oficial será, en ese sentido, propiciar que los empleadores y sus dependientes arriben a acuerdos respecto de la importancia de la vacunación antes de llegar a un conflicto. De no ser posible la instancia de entendimiento en el ámbito privado, los funcionarios explicaron que los jueces contarán con el texto del DNU, la resolución 4 y la vigencia del principio de “buena fe” plasmado en el artículo 63 de la ley de Contrato de Trabajo como insumos para resolver los litigios.

En la CGT optaron ayer por evitar una respuesta institucional a la UIA. Ante la consulta de este diario los dirigentes interpretaron la amenaza de no pagar salarios como “una bravuconada” más propia de la condición de abogado laboralista de Funes de Rioja que de su rol actual como presidente de la principal entidad fabril. Cuestionaron, en ese sentido, que los dichos del directivo fuesen dirigidos a los gerentes de recursos humanos de las empresas para guiarlos frente a la potencial instancia de lidiar con un empleado antivacunas antes que buscar incentivos laborales para promocionar los beneficios de la inmunidad contra el coronavirus.

El secretario de Prensa de la central, Jorge Sola, sostuvo ayer en una entrevista que “imponer sanciones en la relación laboral no sólo es ilegal, sino que no coincide con el camino de convencimiento que se tiene que seguir a los fines de lograr la mayor vacunación posible” y agregó: “no es a través del ejercicio abusivo de la relación del empleador con el empleado que se logra convencer sino a través del sentido común, el razonamiento y escuchar la opinión científica”.

 

Por Mariano Martín