El conflicto por la reducción de la coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires continúa trabado a la espera de que la Corte Suprema resuelva la demanda por inconstitucionalidad presentada por la administración porteña o de una negociación política entre la Casa Rosada y Horacio Rodríguez Larreta.

Ante este panorama, el gobierno nacional deslizó extraoficialmente la posibilidad de armar una mesa de negociación paralela en la que ambas partes lleguen a un acuerdo que luego sea homologado por la Corte Suprema.

Fiel al estilo dialoguista que busca imponer al bloque opositor, Horacio Rodríguez Larreta les hizo saber que está dispuesto a sentarse a conversar. Sin embargo, aclaró que el acuerdo no se discutirá en el marco de la ley 27.600.

Esta norma, aprobada en el Congreso por el Frente de Todos y sus aliados, le quita a las arcas porteñas un 1,18% del dinero que recibe de parte del Estado nacional, que pasará del 3,5% de coparticipación, a un 2,32%.

En su artículo 2, la ley también establece que el gasto anual que demande el traspaso de la Policía serán acordados en forma bilateral por los gobiernos nacional y porteño en un plazo de 60 días corridos a partir de su sanción. Por esa razón, durante los últimos días de diciembre la Casa Rosada convocó a la Ciudad a negociar formalmente. No obstante, Rodríguez Larrecha rechazó la invitación para no “legitimar” una ley que denunció por inconstitucionalidad ante la Justicia.

Tal como quedó plasmado en el texto de la demanda, en la sede de Uspallata consideran que la invitación a este acuerdo bilateral es simplemente “un simulacro” de consenso.

“La CABA debe negociar desde una posición desfavorable ya que le aplican, desde la vigencia de la ley y mientras no se llegue a un consenso, los montos dispuestos en el artículo 3”, dice la demanda.

Sin embargo, esta situación deja abierta la posibilidad de una negociación informal. De hecho, otra de las condiciones expresas del Gobierno porteño fue que el debate no sea público.

Los interlocutores encargados del delicado pacto serían el jefe de asesores presidenciales Juan Manuel Olmos, histórico dirigente del PJ porteño y hombre muy cercano a Alberto Fernández, o en su defecto el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Por la parte porteña, el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, quien también tiene a su cargo la seguridad del distrito, cuenta con la confianza de Rodríguez Larreta para este tipo de negociaciones políticas.

Las autoridades porteñas aseguran que el recorte de recursos alcanza los $65.083.500.000. Según pudo saber Infobae, hasta el momento no existe una cifra en torno a la cual se pueda llegar a una acuerdo de antemano.

El gobierno porteño ya hizo el ajuste de su Presupuesto y pagó el costo político de aumentar ABL, Patentes e Ingresos Brutos a los bancos. A su vez, también capitalizó cierto rédito por la visibilidad que Rodríguez Larreta obtuvo por su enfrentamiento con el gobierno nacional y el lugar de referente de la oposición en el que se vio colocado.

Por ahora, ambas partes apenas han dado señales sutiles de sus intenciones de destrabar el conflicto de manera concertada. Mientras tanto, la Corte Suprema no dejó entrever para qué lado se inclinará ni cuándo dará una definición.

 

Por Federico Millenaar