“El acuerdo es una marcada de cancha al discurso de Guzmán. Esto es un ajuste, que se verá mucho más en la letra chica”, había dicho a BAE Negocios Javier Timerman, en su rol de inversor de Wall Street. El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que dirige Claudio Lozano y coordina Ana Ramieri, le puso un número a ese ajuste: 9000 millones de dólares que dejarán de circular en la economía real entre 2022 y 2023.

El IPyPP elaboró un minucioso análisis del preacuerdo con el FMI, que será publicado luego de que el Presidente Alberto Fernández inaugure las sesiones ordinarias del Congreso y se envíe formalmente la carta de intención con el organismo. El documento, al que accedió BAE Negocios, aborda los límites del cogobierno con el Fondo, la política monetaria a la que califica de “contractiva”, la alta inflación estimada en el pre acuerdo –entre 38 y 48 puntos para este año – y la proyección del ajuste fiscal.

El año pasado, el déficit fiscal fue del 3% del PBI, guarismo que se consiguió a partir de los ingresos extraordinarios del Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, que representaron 0,5 puntos del producto y una recaudación récord vía derechos de exportación. Los ingresos vía retenciones crecieron un 210 por ciento entre diciembre de 2020 y mismo período de 2021. Ninguno de los dos escenarios se repetirá.

Es decir que si se detrae el impacto del Aporte Solidario más los fuertes ingresos por derechos de exportación, el piso para llegar al déficit del 2,5 por ciento pactado con el FMI no serían los 3 puntos anunciados sino 3,8. Ese es el cálculo que realizaron desde el IPyPP.

“El paso de un déficit fiscal primario del 3,8 por ciento en el 2021 al 2,5 en el 2022 implica una reducción de 1,3 puntos equivalente a casi 6300 millones de dólares. Al considerar también lo proyectado para el 2023, se incorporan otros 0,6 puntos de ajuste adicional que ubicaría el recorte fiscal de 2 años en casi dos puntos. De esta manera, la administración del Frente de Todos alcanzaría un ajuste fiscal equivalente de 9000 millones de dólares desde el acuerdo con el FMI”, puede leerse en el informe al que accedió este diario.

En diálogo con este diario, el director del Banco Nación Claudio Lozano agregó que una reducción del déficit como la estipulada en el acuerdo con el FMI “no es recomendable en un escenario de alta capacidad ociosa de los sectores pymes e industriales”, que oscilarían entre el 64 por ciento y por debajo del 50 por ciento en algunas ramas como la textil.

“Esto es sacar demanda agregada, que se complementa con una desaceleración de la tasa de crecimiento, incompatible con un 40 por ciento de la población bajo la línea de pobreza”, graficó el economista.

Este año, el crecimiento pautado oscilaría entre el 3,5 y 4,5 por ciento, con la promesa de converger hacia una suba del producto del 1,7 por ciento.

“La promesa del acuerdo de no reducir el gasto en términos reales, en el marco de la expansión proyectada para la economía, sí implica recortar el peso del gasto en el producto. El crecimiento en la recaudación que surja de expansiones de la actividad se volcará a mejorar el resultado fiscal mientras el gasto se congela en los ajustados niveles reales de 2021”, explica el informe del IPyPP.

En busca de la progresividad tributaria

El análisis que realizan desde este instituto de investigaciones es que para garantizar la reducción del déficit debería pensarse en un esquema más profundo de progresividad tributaria, considerar la posibilidad de un nuevo Aporte Solidario e incluso discutir un mayor margen de retenciones en el Congreso, teniendo en cuenta la suba exponencial de la soja.

“Se desaprovecha la oportunidad de que el Congreso de la Nación incorpore nuevas fuentes progresivas de ingresos o restituya el valor de los derechos de exportación al complejo sojero en los niveles anteriores al gobierno de Macri, o se contemple la incorporación de un mecanismo fiscal que, ante aumentos extraordinarios en los precios internacionales, capture y distribuya la renta extraordinaria al tiempo que desacople los precios locales de los internacionales”, concluye el informe.

La mención podría ser más que oportuna, teniendo en cuenta que la cotización de la soja llegó a los 618 dólares en el Mercado de Chicago luego del primer día de bombardeos en Ucrania.

A esto se le suma que los grandes productores de la oleaginosa están vendiendo menos granos que otros años. Para esta fecha, llevan entregadas a la industria el 19 por ciento de la cosecha 2021-2022, cuando para el año anterior ya habían vendido el 24 por ciento de la soja y el 28 por ciento en el caso de la cosecha 2019-2020, según los datos que manejan desde el Consejo Agroindustrial.

Es decir, ya se puso en juego cierto componente de especulación en el sector primario que podría incidir en las arcas públicas.