Los grandes casos de corrupción del kirchnerismo, registrados en los últimos años, tienen un denominador en común: la participación de la cúpula de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), encabezada por el controvertido y denunciado Ricardo Echegaray, que ha actuado de forma permanente y sistemática como garante de los negociados que involucran a funcionarios (incluyendo a la mismísima presidenta Cristina Kirchner) y amigos del poder.

Pero Echegaray no actúa sólo. Tal como lo viene reflejando Hoy desde hace meses, el otro encubridor y protector de corruptos es el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el economista platense José “Pepe” Sbattella, denunciado en reiteradas ocasiones por haber ocultado datos sensibles y comprometedores en causas como la fraudulenta compra de la ex Ciccone y la estafa en la Fundación Madres de Plaza de Mayo que preside la inefable Hebe de Bonafini, quien actualmente goza de impunidad plena (ver páginas 4 y 6).

Tanto Echegaray como Sbattella tienen puntos en común. Por ejemplo, haber estado al frente de la Aduana, un organismo que cosecha numerosas denuncias por complicidades con el narcotráfico.  Lejos de haber sido algo pasajero, hoy Echegaray –como titular de la AFIP- tiene bajo su órbita la conducción de dicho organismo,  habiendo puesto como director a uno de sus principales colaboradores: el abogado Guillermo Michel. Se trata de un personaje denunciado por sus vínculos con la exSIDE  y por haber sido el responsable de numerosos operativos de aprietes orquestados desde la AFIP contra medios de comunicación independientes y jueces. Entre sus víctimas se encuentra, nada más y nada menos, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

Pero, sin duda, lo más comprometedor de Michel son sus vínculos con dos de los mayores escándalos de narcotráfico que tuvieron lugar en la Argentina en la última década. Nos referimos concretamente, a la causa Carbón Blanco y a la causa Narcoarroz. ¿Cómo es el vínculo? La abogada Ana Cristina Palesa, que certificó las empresas que actuaron para lavar el dinero de los narcotraficantes, es la misma que aparece firmando en varias sociedades comerciales que integró Michel. Eso no es todo: también certificó empresas del despachante de Aduanas, Jorge “El Uruguayo” Lambiris, un expirata del asfaltos condenado por la Justicia que es estrecho amigo de Echegaray. Ambos veranearon juntos, hace casi dos años, en Río de Janeiro. Distintas versiones sostiene que Michel fue nombrado en la AFIP a partir de los “buenos oficios” que, en su momento, hizo Lambiris con Echegaray.

Todas estas conexiones fueron investigadas y denunciadas por el diario Hoy en los tribunales federales de La Plata, en abril de este año. Entre otras pruebas, presentamos un informe elaborado por Elisa Carrió, en base a una investigación de la legisladora Paula Oliveto (ver aparte), como así también datos pormenorizados de cada una de las sociedades comerciales relacionadas con Michel. La demanda recayó en el Juzgado Nº 3 que por aquel entonces estaba a cargo del Eduardo Di Lorenzo y que, posteriormente, fue reemplazado por el camporista Ernesto Kreplak, quien también arrastra un pasado como encubridor. Fue denunciado por la oposición por haber ocultado información sensible de la firma The Old Fund, integrada por supuestos testaferros de Amado Boudou, que se quedó con la ex Ciccone Calcográfica. Eso no es todo: también fue el funcionario del Ministerio de Justicia que se hizo tristemente célebre cuando estuvo al frente del escandaloso jury que se inició al fiscal José María Campagnoli, a quien la Casa Rosada intentó desplazar por haberse atrevido a investigar a Lázaro Báez, acusado de ser el testaferro de la familia presidencial.

En definitiva, el gobierno K está abandonando el poder de la peor forma, dejando tierra arrasada y un Estado infiltrado, en todos sus niveles, por las mafias de la droga y del crimen organizado. 

“Hay mafias enquistadas en el poder que responden al narcotráfico”

Por Paula Oliveto (Legisladora porteña. Autora de la investigación sobre las conexiones políticas de la causa Carbón Blanco)

Especial para Hoy

Nosotros en el caso de la Aduana y de su actual titular Guillermo Michel, lo que hemos hecho es una investigación de acuerdo a las conexiones en sociedades comerciales y los aportamos a la Justicia. La realidad indica que la Justicia, en lo tendiente en la causa Carbón Blanco, no avanzó sobre la responsabilidad directa que tuvieron los funcionarios públicos. Está claro que para que salga semejante cantidad de droga de nuestro país, hay responsabilidad de las autoridades argentinas.

La droga se descubre en otras partes del mundo y por nuestro territorio circula sin ningún inconveniente. Por eso hay que revisar el sistema en su conjunto, como los cuerpos de Aduana domiciliarias que se crearon en los años ’90. Hay mafias enquistadas en el poder que responden abiertamente al narcotráfico. Hay corrupción política y hay una fuerte corrupción judicial porque en ninguna de las causas donde se está investigando al narcotráfico en la Argentina se está avanzando en las conexiones políticas. Lo que marca que la corrupción no sólo es política, sino que también tiene que ver con los jueces que no hacen nada para cambiar este marco de situación.

En la causa Carbón Blanco sólo se actuó judicialmente con sus implicados particulares, cuando en nuestro país la Aduana está siendo penetrada por el narcotráfico. Falta un buen trabajo interno en la Aduana que especifique cuáles son los funcionarios que caen en manos de la droga; falta un control externo para ver cómo operan los sistemas de auditoría y de investigación respecto a las operaciones de comercio exterior e interior; faltan fuerzas de  seguridad coordinadas trabajando en pos de un mismo objetivo; faltan los elementos técnicos; y cuando un Estado no provee de todos estos elementos necesarios, el narcotráfico te elige como víctima para poder operar libremente y en forma impune como está pasando hoy en la Argentina.

Además está el tema de nuestra situación continental: tenemos mares, tenemos salidas a los distintos océanos, tenemos una hidrovía. Toda nuestra configuración geográfica hace que el narcotráfico se expanda; y hay una ausencia de controles y de radarización.

Toda la droga que está saliendo de nuestro territorio y que se está descubriendo en el exterior es a través de los barcos que aquí no se controlan.

Tendría que haber en la Argentina una agencia que se dedique a investigar específicamente el delito del narcotráfico y que tenga un rol de coordinador ante distintas fuerzas para que cuando se investiga un caso, se puedan dar alertas y trabajar en forma conjunta