El gobierno de Alberto Fernández tendrá en los tiempos venideros la posibilidad de designar a varias personas en los siempre importantes y políticamente apetecibles cargos de la justicia federal de la Capital donde se investigan los casos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración central.

En el fuero federal –duramente criticado por el kirchnerismo- se tramitaron varios casos que terminaron con condenas para ex funcionarios de la administración que rigió el país entre 2003 y 2015. Y allí se investigan casos de corrupción por los que están imputados ex funcionarios del gobierno que terminó en 2019.

La reforma judicial anunciada por el presidente Fernández y aún no concretada tiene como uno de sus objetivos modificar el funcionamiento del fuero federal tal y como fue diseñado a partir de 1989.

Al mismo tiempo que se termina de delinear la prometida reforma se discute el cambio de sistema jubilatorio para los integrantes del Poder Judicial. Esto último podría derivar en renuncias de jueces y fiscales que tengan la edad necesaria para acceder al actual sistema jubilatorio. Si se replica lo sucedido en otros fueros y se presentan renuncias de magistrados en condiciones de jubilarse, se abrirán nuevas vacantes en los despachos de Comodoro Py. Y el actual Gobierno deberá cubrirlas.

Daniel Rafecas junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada

Si el Senado aprueba a Daniel Rafecas para encabezar la Procuración General de la Nación, Fernández habrá puesto a un hombre de su absoluta confianza a conducir a los fiscales nacionales y federales.

Desde allí se podrá impulsar el siempre postergado sistema acusatorio en el que la oralidad, la celeridad y el trabajo de los fiscales cambia el actual esquema de abordaje de los casos que pone en manos de los jueces la dirección de la investigación.

Si Rafecas deja su cargo, el Gobierno podrá designar a tres de los doce jueces federales. La muerte de Claudio Bonadio sumó una vacante a la existente a partir de que el juez Sergio Torres fuera designado el año pasado integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El concurso para cubrir la vacante dejada por Torres ya se inició en el Consejo de la Magistratura. No se descarta que ese concurso se abra también para la vacante que quedó en el juzgado de Bonadio. En ese concurso rindieron el examen unas 70 personas entre las que se hallan varios secretarios del fuero federal.

A esas tres vacantes se podría sumarse otras porque hay tres de los jueces que tienen la edad para jubilarse: no se descartan renuncias para mantener las beneficiosas condiciones de retiro que están vigentes.

En la actualidad hay dos juezas y ochos jueces a cargo de los juzgados federales de primera instancia de la Capital. El peronismo en sus dos últimas versiones (menemismo y kirchnerismo) designó a nueve de ellos. En tanto el macrismo apuntó solo a una de las juezas: María Eugenia Capuchetti.

De los designados por el menemismo quedan dos: María Servini-a cargo del estratégico juzgado Electoral y cerca de cumplir 30 años como jueza federal - y Rodolfo Canicoba Corral, quien llegará a los 75 años en julio próximo y el Poder Ejecutivo podrá o no enviar su pliego al Senado para que le otorguen una prórroga de cinco años más en la magistratura.

Entre los primeros designados por el kirchnerismo, con Néstor Kirchner como presidente y cuando Alberto Fernández -como Jefe de Gabinete- tenía injerencia en los nombramientos perduran Rafecas, Ariel Lijo y Julián Ercolini.

Mientras que los designados en 2012 cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner y todavía el espía Antonio “Jaime” Stiuso “supervisaba” nombramientos en áreas judiciales sensibles para el Gobierno de entonces son Sebastián Ramos, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez De Giorgi, y Luis Rodríguez. Martínez De Giorgi está a cargo por un año del juzgado que estaba en manos de Bonadio. Rodríguez tiene la edad y los años de aportes requeridos para tramitar su jubilación.

Los jueces federales Sebastián Casanello, Julián Ercolini y Luis Rodríguez

Si Alberto Fernández designara a tres o más, de los doce jueces federales de primera instancia- los que manejan las investigaciones- once habrán sido nombrados por el peronismo en sus distintas conformaciones ideológicas de los últimos 30 años.

El actual gobierno tendría también la posibilidad de nombrar cuatro o cinco de los seis integrantes en la Cámara Federal que es la que revisa las decisiones de los jueces federales.

En esa importante Cámara hay tan solo dos jueces titulares: Martín Irurzun y Mariano Llorens. En tanto durante el macrismo (en una decisión cuestionada) fueron trasladados allí los jueces de Tribunal Oral Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Hay dos cargos vacantes a los que pueden sumarse las de los dos jueces trasladados si es que el gobierno –cuyo poder ha aumentado en el Consejo de la Magistratura- decide que vuelvan a su lugar de origen. El traslado de ambos camaristas fue respaldado por la Corte Suprema.

A eso se agrega que hay un juez en condiciones de jubilarse. Por lo que las vacantes pueden llegar a ser cinco sobre seis cargos. En el Consejo de la Magistratura existe un concurso en marcha para cubrir dos de esas vacantes: ya rindieron el examen unos 35 postulantes entre los que se encuentran jueces como Ercolini, Martínez De Giorgi, Ramos, Alejo Ramos Padilla, Javier López Biscayart y Pablo Yadarola, entre otros. Una curiosidad: uno de los aspirantes fue expulsado del concurso porque se denunció que fue al examen con un pen drive que introdujo en la computadora utilizada para rendir.

La Procuración General de la Nación (para la que fue postulado Rafecas) estará en condiciones de nombrar al fiscal ante la Cámara Federal, cargo al que renunció el año pasado Germán Moldes. Ese cargo es clave porque el fiscal de Cámara es quien sostiene o no las apelaciones de los fiscales contra las decisiones de los jueces. Además es quien decide si se apelan ante Casación las decisiones de la Cámara Federal. Esa fiscalía es una llave importantísima del esquema penal federal de la Capital tal como se lo conoce hasta ahora. Abre o cierra las investigaciones por corrupción.

La Procuración también tendrá la posibilidad de designar a dos fiscales federales ya que existen dos fiscalías subrogadas de las doce existentes. Para esos dos cargos la Procuración llamó a concurso, pero está suspendido por una medida cautelar del fiscal Juan Pedro Zoni quien reclama la titularidad de la fiscalía 8, una de las vacantes. Desde hace unos días hay tres de los fiscales federales en condiciones de jubilarse por lo que las vacantes podrían aumentar debido al “efecto jubilaciones".

A esos dos cargos en primera instancia se suma la vacante que existe en una de las cuatro fiscalías ante la Cámara de Casación por la renuncia de Ricardo Wechsler. Aunque no se descarta que en esas mismas fiscalías se produzcan más vacantes porque hay dos fiscales en condiciones de jubilarse. Ayer por la noche circuló el rumor acerca de la renuncia del fiscal Raúl Pleé. Y el fiscal Javier De Luca cumple hoy 60 años y puede tramitar su jubilación.

Esas fiscalías son muy relevantes porque desde allí se respaldan o no los recursos de apelación que llegan al principal tribunal penal del país: la Cámara Federal de Casación Penal. En ese tribunal, que resuelve -entre otras- las apelaciones contra las condenas o absoluciones en juicios orales no hay vacantes, pero seis de sus 13 integrantes tienen la edad y los años de aportes para jubilarse.

Al presidente Fernández se le presenta la posibilidad de elegir -luego de los concursos- una buena cantidad de nombres para ocupar despachos en el fuero por donde pasan los casos más resonantes, que tienen una enorme repercusión en la sociedad y que pueden generar consecuencias políticas. Una oportunidad nada despreciable.