Cuando el Poder Ejecutivo (en un país presidencialista y federal) no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras del Congreso, una coalición parlamentaria es la clave política más relevante para la gobernabilidad.

Según la opinión de Rosendo Fraga - Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ha dado pasos exitosos en esta dirección. Cambiemos tiene sólo un tercio del Senado provincial y menos de un tercio en diputados, algo similar a lo que sucede en el ámbito nacional.

Pero en diciembre cerró un acuerdo con Sergio Massa por el cual, sumadas ambas fuerzas, pasaron a tener mayoría de mitad más uno en las dos Cámaras. Ello hace que un legislador experimentado del peronismo disidente, como Jorge Sarghini, quede al frente de la Cámara baja, mientras que un ex intendente radical que es su vicegobernador, Daniel Salvador, esté al frente del Senado.

Con esta mayoría pudo sacar por ley la emergencia de seguridad, la penitenciaria y el Presupuesto, y también es suficiente para la ley de obras públicas. 

Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario

Tarde o temprano el Presidente tendrá que resolver el problema de su propia coalición parlamentaria. Además, el 1 de marzo se inician las sesiones ordinarias del Congreso y entonces podrán entrar proyectos originados en la oposición. 

La designación de nuevos miembros de la Corte Suprema, la de embajadores políticos -que en algunos casos han comenzado a serlo por decreto- y los ascensos de las Fuerzas Armadas que propondrán los nuevos mandos, requerirán el acuerdo de dos tercios de los senadores.

Los legisladores nacionales del FPV muestran el mismo germen de división que los bonaerenses, pero mientras no avance la negociación para la coalición parlamentaria se postergará su manifestación. Medidas como el aumento por decreto del porcentaje porteño de la coparticipación, puede unificarlos.

Pero hay un tema que requeriría una acción más inmediata: la Comisión Bicameral de Trámite Legal Parlamentario, que es la que debe convalidar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Ellos pueden ser invalidados por el Congreso a partir de un dictamen de esta comisión o por la Justicia, si los declara inconstitucional.

Está integrada por 8 senadores y 8 diputados nacionales. La mitad de los 16 son del FPV, 6 de Cambiemos y 2 del Peronismo Disidente. Hasta ahora, este empate ha impedido la designación de su Presidente y ello viene demorando su constitución, aunque el FPV ha emitido un despacho que cuestiona los decretos. 

El kirchnerismo ha colocado en esta decisiva comisión a algunos de sus legisladores más caracterizados. Tal es el caso de los senadores Juan Manuel Abal Medina (Buenos Aires) y Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). Lo mismo sucede con los tres diputados nacionales: Marcos Cleri (Santa Fe), Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Diana Conti (Buenos Aires). Además, los 5 son de provincias que no están gobernadas por el FPV, con lo cual no tienen la presión provincial para negociar. 

Pero los tres restantes, que son senadores, pertenecen a provincias gobernadas por el peronismo, donde el interés por negociar es fuerte. Tal es el caso de Graciela De la Rosa (Formosa), Mario País (Chubut) y Manuel Irrazábal (Misiones). Los gobernadores de estas tres provincias se han mostrado -por convicción o necesidad- proclives al diálogo con el gobierno nacional.

En conclusión: la gestación de una coalición parlamentaria es la clave de la gobernabilidad para Mauricio Macri; destrabar la Comisión Bicameral de Trámite Legal Parlamentario negociando con algunos gobernadores, podría ser un buen comienzo para hacerlo.