El Gobierno minimizó ayer las irregularidades en la presentación de balances de Hotesur, la empresa deCristina Kirchner , ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y, en un gesto tendiente a quitarle trascendencia a la investigación, anunció que le cobrará una multa de 3000 pesos como castigo.

Ésa es la pena máxima para una sociedad que incumple con las disposiciones de la IGJ, según la resolución 267/90 de la Secretaría de Justicia, de donde depende el ente en el que se registran las empresas.

"Es una irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo", graficó el secretario de Justicia, Julián Álvarez, convertido en vocero de la estrategia oficial contra el juez Claudio Bonadio, que llevó adelante el jueves pasado un sorpresivo allanamiento en la sede legal de Hotesur y que despertó duras críticas del Gobierno hacia el magistrado.

"Le vamos a aplicar una multa y será la más severa. La multa es de 3000 pesos , pero no porque se nos ocurre, sino porque está reglamentado así", insistió el funcionario para minimizar el tenor de la denuncia que impulsó la diputada Margarita Stolbizer.

En rigor, el castigo que podría recibir la empresa de la Presidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, ya lo había hecho quien redactó el comunicado de la empresa hotelera que anteanoche aclaró la falta de presentación de los balances de Hotesur, que no llevó firma. En el punto séptimo de aquel parte de prensa se advertía que "la demora en la formalización de trámites administrativos podría llegar como máximo a una multa" por el monto que justamente ayer especificó el secretario de Justicia.

Molesto con Bonadio y la cobertura mediática del caso, el gobierno nacional propagó dos líneas centrales de su estrategia: anunciar el cobro de la multa, un castigo menor para dar cuenta del tipo de irregularidad, y una nueva denuncia contra el juez.

Álvarez ratificó ayer que hará una presentación ante el Consejo de la Magistratura, organismo que integra como representante del Poder Ejecutivo, por lo que considera "maniobras extorsivas" de Bonadio contra Cristina Kirchner.

"Lo vamos a denunciar por la acción sistemática de generar un escudo para que no se lo investigue", remarcó el funcionario, y descartó que la presentación fuera por el modo en que llevó adelante esta investigación.

"Una empresa no presentó sus balances en la IGJ y los presentó en la AFIP. Habrá sido el error de un contador, no van a pretender que la Presidenta esté viendo si se presentó el balance en la IGJ o en la AFIP", insistió Álvarez en la seguidilla de declaraciones radiales que hizo ayer.

LA DEFENSA

A través del comunicado de la empresa difundido por la Casa Rosada, la Presidenta argumentó que estaba en trámite el cambio de domicilio de la compañía (de allí que el departamento allanado el jueves en Lavalle 975, sede legal de la compañía, estuviera vacío) y que las presentaciones se habían hecho ante la AFIP. Lo único que admitió como faltante fue que no había regularizado la entrega de esos balances a la IGJ durante los últimos tres años. Álvarez resaltó que en esa situación están unas 40.000 empresas, además de Hotesur.

El Gobierno puso énfasis ayer en cuestionar al juez, que ya tiene nueve causas por presunto mal desempeño de sus funciones ante el Consejo de la Magistratura. El oficialismo no tiene forma de avanzar con el inicio de un juicio político ante la falta de los dos tercios de los votos que necesita para abrirlo.

El mismo destino tendrá la nueva presentación que hará el secretario de Justicia, que hasta anoche ni siquiera estaba redactada. Incluso la Comisión de Acusación, que deberá tratar la denuncia, recién se conformará el próximo jueves, con lo que es poco probable que esta misma semana el kirchnerismo pueda avanzar. La denuncia incluirá lo que la Casa Rosada denomina el "modus operandi" de Bonadio. Según el secretario de Justicia, cada vez que se mueve un expediente en su contra en el Consejo de la Magistratura el juez avanza con alguna causa que involucra a funcionarios nacionales. El juez ya envió a juicio oral a Guillermo Moreno y procesó a Amado Boudou por los papeles falsos de su auto Honda.

Álvarez negó, además, que el Gobierno tuviera una intencionalidad manifiesta contra Bonadio. "Ariel Lijo procesó al vicepresidente de la Nación y no lo estamos tratando en el Consejo de la Magistratura, ahí no hay un escudo", confesó, en una inesperada defensa del juez que tiene a Boudou contra las cuerdas.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA OFICIAL

Julián Álvarez

Secretario de justicia

"La multa es de 3000 pesos, no porque se nos ocurre, sino porque está reglamentado así"

"Es una irregularidad más leve que pasar un semáforo en rojo"

"Vamos a denunciar [a Bonadio] por la acción sistemática de generar un escudo para que no se lo investigue".