Las conversaciones entre el Gobierno y los grandes fondos de inversión que se agruparon en tres comités continuaron después de la extensión formal del plazo para entrar al canje hasta el viernes 12, pero el 'techo' que fijó el Fondo Monetario Internacional (FMI) a las mejoras que pueda hacer la Argentina puso sobre la mesa un importante elemento de discordia.

Es que el respaldo del staff técnico del organismo a la nueva propuesta informal del ministro de Economía, Martín Guzmán , presentada el 26 de mayo a los bonistas, y la declaración de que existe un "margen limitado" para incrementar los pagos no cayó bien entre los privados.

Si bien públicamente coincidieron con la letra del assesstment del Fondo, los acreedores rechazaron que la Argentina no se pueda mover de su actual posición, en distintos reportes que emitieron entre el lunes a la noche y el martes a la mañana.

Primero fueron los comités Ad Hoc Bondholder Group, conformado por Blackrock, Fidelity y Ashmore, entre otros, y que apostaron fuerte en la Argentina durante la gestión de Mauricio Macri, en conjunto con Exchange Bondholder Group, integrado por Monarch, VR, HBK y Cyrus, que son poseedores de los bonos de los canjes de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner  en 2005 y 2010, respectivamente.

Luego, el Comité de Acreedores de Argentina (ACC), integrado por fondos como Gramercy, Greylock Capital y Fintech Advisory.

Los tres grandes grupos coincidieron en que superar las diferencias y alejar a la Argentina de la actual situación de cesación de pagos es tarea del Gobierno y que sus propuestas son razonables. Para ellos, la línea que los separa de un acuerdo es delgada, pero implica voluntad oficial de mejorar la oferta.

Esto motivó un cruce. Guzmán sostuvo que aunque se siguen acercando a un acuerdo final, "sigue faltando una distancia importante por recorrer," que es necesaria acortarla.

Y agregó: "No estaría bien apurarse para cerrar algo que no le sirva a Argentina. Necesitamos un acuerdo que cuide a Argentina. Eso es lo que me encomendó el Presidente. Y nosotros actuamos de forma firme sobre la base de ese principio”.

El Cronista consultó a una fuente con acceso diario a las negociaciones sobre las diferencias que existen en la actualidad. Con el pedido de reserva de su nombre, dijo: "Los bonistas están enojados con la realidad y no reconocen las restricciones".

"Hay un tira y afloje natural, pero los acreedores tienen una dificultad para ubicarse en tiempo y espacio y un nivel de negación importante. Da la impresión de que viven en marzo de 2018", señaló.

Los fondos agrupados en el Ad Hoc Bondholder Group y el Exchange Bondholder Group habían indicado que "la diferencia entre la propuesta más reciente del Gobierno y la propuesta conjunta de nuestro grupo es de aproximadamente un 1,5%" del Producto Bruto Interno (PBI) distribuido en la próxima década hasta 2030, "y otro 1% del PBI desde 2031 hasta 2040".

"La tarea de superar esta diferencia y asegurar un camino alejado del incumplimiento está con el Gobierno, que debería tomar medidas ahora hacia una resolución pragmática que sea bienvenida por la comunidad financiera internacional”, remarcaron.

Los términos explorados por el ACC requieren que Argentina realice un "modesto esfuerzo fiscal anual" de 0,17% del Producto Bruto Interno (PBI) durante la próxima década que "se puede lograr fácilmente mediante la implementación de políticas económicas que promuevan el crecimiento".

Más tarde, el ACC comunicó que su propuesta "para una resolución integral de la reestructuración de la deuda argentina" está alineada con los supuestos macroeconómicos del FMI, ya que le proporciona al Estado "un alivio financiero de aproximadamente u$s 35.000 millones en Bonos Elegibles, y u$s 70.000 millones considerando todos los instrumentos de deuda en moneda extranjera".

Los términos explorados por el ACC requieren que Argentina realice un "modesto esfuerzo fiscal anual" de 0,17% del Producto Bruto Interno (PBI) durante la próxima década que "se puede lograr fácilmente mediante la implementación de políticas económicas que promuevan el crecimiento".

Este grupo de acreedores privados concluyó que "llegar a un acuerdo en tales términos sería mucho menos costoso para la economía argentina y su pueblo que permanecer en el estado actual de moratoria".

Esto es: salir del default  puede traer beneficios como el regreso del financiamiento internacional para las empresas privadas, vital para producir más y generar el crecimiento económico necesario que permita cerrar esa brecha.

 Una fuente cercana a los acreedores privados graficó: "¿Acaso el PBI no dejaría de crecer 0,17% si no hay financiamiento?"

En este comité en particular revista el fondo Fintech Advisory, que comanda el financista mexicano David Martínez.

Martínez es accionista de empresas líderes en Argentina como Telecom en el negocio audiovisual (que le permite competir con su compatriota Carlos Slim, dueño de Claro) y Genneia en las energías renovables, entre otras inversiones de Fintech.

Además, tiene un canal de diálogo directo con el presidente, Alberto Fernández , y es promotor de un acuerdo.