La producción de gas natural requiere permanentes inversiones orientadas a compensar la declinación natural de la producción de los pozos existentes", escribieron dos asesores de Julio De Vido en un memo interno del entonces Ministerio de Planificación en 2004.

Sus especialistas advirtieron: "En este marco, se ha observado una importante declinación en el flujo de inversiones (...). Lo mencionado no debe producir sorpresa", ya que esta situación se da cuando los precios que percibe el productor "no permiten el repago de dichas inversiones". Y esos desembolsos, argumentaron finalmente, "no se realizan con el inevitable problema del abastecimiento en el tiempo".

El kirchnerismo nunca escuchó a sus propios especialistas. La política pudo más. Fueron tiempos de energía barata (populismo energético), crisis de abastecimiento, caída de la producción y necesidad de importaciones, cepo cambiario y enormes masas de subsidios, muchos de los cuales terminaron en bolsos.

De Vido está hoy preso por una causa de desvío de fondos de la mina de Río Turbio. Su exsecretario de Energía, Daniel Cameron, terminó procesado por favorecer a Odebrecht en las obras de dos gasoductos.

Tras el cambio de gobierno, el despacho del ministro o secretario de Energía no abandonó las polémicas, porque heredó una pesada carga: enormes distorsiones en las tarifas de los servicios, grandes intereses corporativos y el desafío del desarrollo de Vaca Muerta, el caballito de batalla oficial en tiempos de elecciones. Quien atendiera ese mostrador debía ponerle la cara a empresas con precios desactualizadas, usuarios enojados, conductores sensibles, inversores internacionales y necesidades políticas de ajuste en el Gobierno y en el FMI.

La renuncia ayer de Javier Iguacel no fue la primera en ese sillón de la era de Mauricio Macri. Juan José Aranguren, su primer ministro de Energía, quedó afuera por la "normalización tarifaria". Lo intentó más rápido, pero el proyecto se tornó gradual tras el fallo de la Corte Suprema en 2016. Irónicamente, no lo expulsó la oposición sino que su cabeza rodó gracias a los aliados de la UCR y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Un berrinche que terminó en un proyecto de la oposición para retrotraer tarifas en el Congreso Nacional que debió vetar Macri.

Iguacel, de paso estelar por Vialidad, llegó al Ministerio de la mano del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Pero tras la corrida cambiaria, solo unos meses después, esa cartera se convirtió en Secretaría. Iguacel comenzó a formar parte del equipo del ministro de Hacienda y coordinador del equipo económico, Nicolás Dujovne. Hubo choque de egos y problemas de comunicación que terminaron, por ejemplo, en el anuncio sin aviso a su superior -según juran en Hacienda- de un pago retroactivo del gas para los usuarios en 24 cuotas para compensar a las empresas por la depreciación del peso. El escándalo fue tal que el Gobierno debió dar marcha atrás.

Esos intentos de Iguacel por mejorar la rentabilidad de las empresas del sector son compatibles con lo que -afirman en el sector- era una visión más firme que la de Aranguren en desarrollar Vaca Muerta.

El yacimiento de gas y petróleo no convencional ya comenzó a reaccionar a las políticas oficiales. Por caso, en el informe de intercambio comercial del noviembre del Indec muestra que un superávit energético de US$200 millones, el más elevado desde febrero de 2011.

Los cortocirtuitos entre Iguacel y Dujovne crecieron, más allá de los egos y las ambiciones, por las diferencias ideológicas sobre la regulación del mercado en, por lo menos, dos temas: el precio de la nafta y el papel de YPF, y los subsidios a los productores en Vaca Muerta.

Dujovne acusa de "intervencionismo" a Iguacel. Para el ministro, los precios de la nafta deben encontrar su equilibrio sin ayuda. Además, consideraba que ya no eran necesarios subsidios para los productores en Neuquén tras la fuerte devaluación. La resolución 46-E/2017 -que incentivó fuertes inversiones en el yacimiento, entre otras la de Techint- otorga un precio más alto por el gas hasta el año 2021. Iguacel quería mantener ese beneficio y abogó por aprovechar la pata estatal de YPF para marcar un precio de la nafta más bajo en el mercado tras la caída del precio internacional del petróleo. "Podría haber bajado 10% la nafta", cuentan cerca del exsecretario de Energía.

Hay muchos petroleros que cuestionan a la compañía que dirige Miguel Gutiérrez por el margen que tiene la refinación (donde juega YPF como principal actor, entre otros) frente a la menor rentabilidad de los productores afectados por la baja del barril y las retenciones a las exportaciones. Los refinadores afirman que están recuperando pérdidas que tuvieron en el primer semestre del año.

 

 

Hasta octubre, a Lopetegui le anunciaron ya los aumentos (55% la luz y 35%, el gas). Pero deberá lidiar con el lento el traspaso de las distribuidoras eléctricas, con inversores que dudan por el resultado electoral y, sobre todo, con la presión del FMI de seguir achicando subsidios en medio del malestar popular.