No bastó que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, usara parte de su tradicional alocución matutina ante la prensa para hacer propia del Gobierno la intención de modificar la actual ley de estupefacientes para despenalizar la tenencia para consumo personal, una reforma penal que, en la víspera, el cura Juan Carlos Molina, jefe de la Sedronar, había calificado como una vía legal para "descriminalizar" al adicto.

Fuentes de la Casa Rosada reconocieron a LA NACION que el Gobierno esperará a contar con suficientes votos dentro del bloque del Frente para la Victoria para definir si avanza o no con la propuesta de Molina. Y aunque el jefe de la Sedronar lleva al menos dos meses reuniéndose con legisladores para convencerlos, hoy no los tiene. Agregaron que para que se presente efectivamente el proyecto de reforma de la actual ley -en consonancia con lo dispuesto por la Corte Suprema en cuanto a la inconstitucionalidad de la punición de la tenencia para consumo privado- deberá enviarlo la Presidenta.

Anteanoche Capitanich y Molina hablaron por teléfono sobre las polémicas declaraciones, según pudo saber LA NACION. Ahí habría surgido la estrategia de que el cura hable lo mínimo indispensable del tema. En Salta, donde ayer recorrió centros de atención de adicciones, el jefe de la Sedronar dijo que había sido sacado de contexto, que no había hablado de legalizar las drogas, sino de no criminalizar a quienes la consumen. Y luego, calló.

Mientras eso ocurría, distintas y relevantes voces del arco social y político se encolumnaron detrás del rechazo a la propuesta visibilizada por Molina. Una de las más fuertes vino del lado de la Iglesia, la misma que integra el cura que encabeza la Sedronar. En su crítica, incluso, invocaron al Papa, como lo hizo el presidente de Cáritas, monseñor Oscar Ojea.

El coordinador de la Comisión Nacional de Drogadependencia del Episcopado, José María di Paola, el padre "Pepe", sostuvo: "No estoy de acuerdo con la despenalización y el Papa tampoco". En declaraciones a radio Vorterix, expuso su visión: "Todos los que trabajamos en el terreno estamos habituados a convivir con esto. El tema no es si la despenalización está bien o está mal. En este momento, plantearlo está mal. No somos un país pequeño, no somos Holanda ni Uruguay. Somos un país que tiene grandes sectores excluidos, entonces hablar en este caso de despenalización es inadecuado".

Amplió: "Según un estudio de la Universidad de San Martín, más de 200.000 jóvenes del gran cordón [del conurbano] no estudian ni trabajan. Cuando la droga es una oferta cercana, puede hacer que muchos chicos empiecen en el consumo y vean la posibilidad de tenerla más cerca sin ningún tipo de problema".

Di Paola concluyó: "Han criminalizado al adicto cuando ha nacido en un barrio donde no hay un colegio, donde no hay un club, donde es muy común tener un arma. Eso es criminalizar al adicto. Cuando se abandona a las poblaciones, los narcos empiezan a tener sus lugares propios. Eso es criminalizar. ¿Por qué no se trabaja primero seriamente en incluir a los chicos? Después hablemos de despenalizar".

SIN APOYO

Aunque Capitanich ratificó lo que dijo Molina y sostuvo que plantear la "no criminalización" del consumo tiene relación con "una política muy activa para garantizar inclusión" y "resolver los problemas desde una mirada omnicomprensiva del Estado", desde el propio oficialismo surgieron voces críticas.

El jefe de gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, dijo a LA NACION: "Quiero ver bien lo que dijo, pero en principio no [estoy de acuerdo]". Con todo, matizó: "En una entrevista en LA NACION el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, adelantó que estaremos creando 135 destacamentos de lucha contra el narcotráfico en cada uno de los municipios, porque ya el consumo se da en todos lados. Creemos que el esquema general es que al narco debe caerle todo el rigor de la policía y de la Justicia, y al adicto, que es un enfermo, hay que tratarlo con la salud pública y la prevención".

El gobernador de Mendoza, el kirchnerista Francisco Pérez, también tomó distancia: "La sociedad mendocina no está preparada para una medida total. Sí se puede evaluar una despenalización gradual o un control gradual, pero primero hay que trabajar en la infraestructura, como estamos haciendo con la Sedronar en tres hogares de día, que todavía no los tenemos y, además, no van a ser los que van a alcanzar a cubrir a todos aquellos que sufran algún tipo de adicción".

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, cuestionó: "Los pibes son víctimas de una despenalización de hecho y de la ausencia de políticas serias por parte del Estado. Este debate debe darse de manera seria y sin buscar títulos para la tribuna. No se pueden banalizar todas las discusiones".

Eugenio Burzaco, ex jefe de la Policía Metropolitana y referente de Pro en cuestiones de seguridad, dijo a LA NACION que las declaraciones de Molina son "un disparate que demuestra un profundo desconocimiento" de la temática. "La droga tiene una estrecha relación con el delito, borra los límites inhibitorios y genera que las personas se conduzcan con mucha violencia; por eso, algunos delincuentes matan por una bici o un celular. La prohibición por sí sola no resuelve el problema; tiene que haber soluciones sanitarias en centros de ayuda, pero eso no quiere decir legalizar", afirmó.

El diputado Felipe Solá (Frente Renovador-Buenos Aires) fustigó a Molina: "La idea de habilitar toda la droga indica que tiene un profundo desconocimiento sobre el tema central. Hay que distinguir de qué droga habla; esta idea de «yo por mí liberaría todo» es una frase absolutamente inconveniente [en el jefe de la Sedronar] en un país que se ha convertido en un fuerte consumidor de drogas. El padre Molina está muy bien intencionado en algunas cosas y en otras no entiende nada".

Los legisladores de GEN Fabián Peralta (Santa Fe) y Margarita Stolbizer (Buenos Aires) advirtieron sobre la "absolutamente insuficiente" partida destinada a la Sedronar en el proyecto de presupuesto 2015 que se debatirá desde la semana próxima en el Congreso. "Estamos de acuerdo en que no se debe penalizar al consumidor, ya que no se puede dar una respuesta penal a un problema sanitario. Pero no podemos perder de vista la necesidad de tener políticas efectivas en cuanto a la prevención y la asistencia, por un lado, y una sólida y decidida acción de gobierno que enfrente al narcotráfico, por el otro. Sin presupuesto adecuado es imposible cumplir con estos objetivos", concluyó Stolbizer.