Cuadernos K: de qué acusan a los detenidos marplatenses

Cuadernos K: de qué acusan a los detenidos marplatenses

La ruta del dinero de Daniel Muñoz que se vincula con la causa de los cuadernos, involucra a los empresarios Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy. Los motivos, en esta nota.

Si la banda que funcionó detrás de los cuadernos de la corrupción movió unos 100 millones de dólares, como dijo Claudio Bonadio al procesar a la ex presidenta Cristina Kirchner y al resto, unos 70 millones de ese botín habrían quedado en manos de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner que falleció en 2016.Con esa plata, él y su esposa, Carolina Pochetti, compraron unos 16 inmuebles en Miami y Nueva York, y luego los vendieron entre 2015 y 2017, cuando el kirchnerismo se alejó del Gobierno y comenzaron a activarse las causas judiciales en Comodoro Py.

Los movimientos de esas compras y ventas lo hicieron a través de una cadena de sociedades que están bajo la lupa. Aunque parezca un chiste, no lo es: una de esas sociedades que se habrían inventado para desviar la pista del dinero lleva el nombre de “Joda Negocios SA”.

Así se desprende de la documentación, en base a la recopilación que hizo el fiscal Carlos Stornelli, al pedirle al juez Luis Rodríguez que detenga a Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, y otras cinco personas, investigadas por lavado de dinero. Rodríguez no hizo lugar y Stornelli apeló a la Cámara Federal. Mientras tanto, el fiscal consiguió que el viernes por la noche el que mandara arrestar a los sospechosos fuera el juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa de los cuadernos de la corrupción.

Es que las revelaciones de los anotaciones del chofer Oscar Centeno y las confesiones de los “arrepentidos”, que vinieron en cadena, aceleraron la causa por lavado de dinero sobre la viuda de Muñoz, los marplatenses Sergio Todisco y María Elizabeth Ortiz Municoy, Perla Aydee Puentes Resendez, Carlos Alberto Gellert y Carlos Temístocles Cortez- sospechados de haber armado “una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero” para mover los fondos que recaudaba la banda de los cuadernos.

“Aquella pesquisa enmarca la existencia de una asociación ilícita de carácter estable y permanente, ideada con motivo del acuerdo de voluntades de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio De Vido, junto a un número importante de imputados entre los cuales se encontraba Héctor Daniel Muñoz (fallecido). Este sistema asociativo se habría montado dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, ininterrumpidamente desde el año 2003 y hasta fines de 2015, con el objetivo de cometer delitos indeterminados, entre los cuales se destaca el apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos públicos asignados a la obra pública vial, transporte y energía, entre otros rubros”, dijo Stornelli.

Muñoz aparece como un personaje clave en la causa de los cuadernos a la hora de apuntar contra Cristina y Néstor Kirchner. Distintos arrepentidos lo ubican a recibiendo los bolsos en el departamento de la calle Uruguay, en la Capital Federal, donde reside la ex presidenta. También cuando bajaban los bolsos al llegar en avión a Santa Cruz.

El ex secretario de Obras Públicas José López dijo que las entregas a Muñoz “eran de dos a tres veces por semana entre 100 mil a 300 mil dólares o euros” porque era quien “coordinaba y era el destinatario del dinero recaudado”.

En vida, Muñoz tuvo suerte con la justicia. El propio Bonadio lo sobreseyó por el delito de enriquecimiento ilícito en 2009. Y después Rodríguez cerró la causa que se abrió después de que Miriam Quiroga, secretaria de Néstor Kirchner, contara que lo vio a Muñoz moviendo bolsos con dinero. “Acá hay mucha plata; son verdes”, aseguró Quiroga. Allí también se investigaba a la esposa de Muñoz, Carolina Pochetti; y al ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, por una denuncia de Elisa Carrió.

Pero las revelaciones de Panamá Papers en 2016 detectaron que Muñoz había contratado los servicios del estudio panameño Mossack y Fonseca para la creación de la firma off shore Gold Black Limited, que operó en las islas Vírgenes y había colocado dinero en operaciones inmobiliarias en Estados Unidos. Al tirar un poco de la cuerda, los investigadores se encontraron que, detrás del matrimonio Muñoz-Pochetti, se movió un amigo de Muñoz, Sergio Todisco, quien fuera entonces su esposa, María Elisabeth Ortiz Municoy, una martillera de Mar del Plata, creando sociedades. Y ahí aparecieron los nombres de Perla Aydee Puentes Resendez, Carlos Adolfo Gellert y Carlos Temístocles Cortez.

Para Stornelli, los imputados “dividieron roles coordinadamente de manera que se pudiera consolidar el fin y legítimo perseguido: cortar todo lazo con los hechos ilícitos que originaron el dinero para así dotarlo de apariencia legal“. ¿Cómo hicieron? Compraron 16 inmuebles ubicados en Miami y Nueva York, en Estados Unidos, por unos 70.146.600 dólares. Entre ellas, dos unidades en “The Plaza Hotel 768, de la Quinta Avenida, en Nueva York”.

Pero a partir de 2013 “pero con mayor incidencia entre los años 2015 y 2017, los imputados se habrían desprendido de la totalidad de esas propiedades aplicando complejos procedimientos financieros de venta por los que obtuvieron una suma cercana a los 73.406.300 dólares que en parte se introdujeron en el sistema bancario mediante transferencias a cuentas en el Banco Mercantil del Norte en México, el City Bank NA de Hong Kong China, la Banca Privada de Andorra, El Bank of America y el Florida Community Bank -ambos en Estados Unidos- entre otras entidades financieras”, señaló la fiscalía.

Sobre estos pilares, Stornelli sostuvo que los fondos negros de la causa de los cuadernos “permiten suponer que desde el año 2003 y hasta el 2010 Muñoz habría sido uno de los factores preponderantes en el sistema de recaudación ilícita por parte de la organización criminal investigada” en el caso cuadernos.

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