Cristina Caamaño, candidata a liderar la AFI

Cristina Caamaño, candidata a liderar la AFI

La fiscal criminal y correccional, de extensa carrera judicial, preside el colectivo Justicia Legítima. Integró el ministerio de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré y en 2015 estuvo a cargo del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM) de la Procuración General de la Nación.

La fiscal criminal y correccional Cristina Caamaño podría convertirse en las próximas horas en interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La noticia trascendió nueve días después del discurso presidencial de intervención ante el Congreso, cuando Alberto Fernández anunció un contundente “Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos”, que caracterizaron a la presidencia de Mauricio Macri.

Caamaño es una funcionaria de extensa carrera judicial, presidenta del colectivo Justicia Legítima y ex integrante del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré.

En 2015, cuando Cristina Kirchner creó la AFI y traspasó las escuchas a la Procuración General de la Nación a cargo de Alejandra Gils Carbó, Caamaño fue la persona elegida para conducir el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones (DICOM). La dependencia a cargo de la fiscal controló estrictamente la DICOM, que no tuvo una sola filtración.

Caamaño se recibió de abogada y procuradora en la Universidad de Buenos Aires, hizo un posgrado en derecho penal en la Universidad de Salamanca e inició su carrera judicial en 1993 como secretaría de una fiscalía criminal. A fines de 2010 Garré la designó como secretaria de Seguridad Operativa de esa cartera, y dos años después como Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas. A fines de 2013 asumió como fiscal nacional de instrucción, cargo que desempeñó hasta 2015 cuando asumió en la DICOM. También tiene una extensa carrera como docente en la universidad pública, donde enseña Derecho Penal y Criminología en la Facultad de Derecho, e integra la junta directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), donde dirigió la Comisión de Ejecución Penal durante una década.

Como presidenta de Justicia Legítima, Caamaño milita abiertamente a favor de la democratización del poder judicial. “Creo que, hacia adelante, lo que tenemos que hacer es utilizar la premisa con la que se creó Justicia Legítima, que es la de democratizar la Justicia”, afirmó meses atrás durante una entrevista. “Cuando dijimos eso fue tremendo, porque significaba romper con el statu-quo de muchos jueces, defensores y magistrados. Pero creo que hay que llevarlo adelante para poder evitar la presión que se vino dando ahora (léase durante el gobierno de Cambiemos) de querer nombrar dos ministros de la Corte por decreto y nombrar gente en cargos altos como la Casación sin concurso. Evitar la intromisión y acercarnos a la ciudadanía, transparentar los procesos y decisiones de los magistrados”, planteó.

En línea con el discurso de Fernández, que mucho antes de ser elegido candidato cuestionó duramente el rol de la justicia federal, Caamaño es partidaria de “diluir el poder de Comodoro Py” y ampliar el número de jueces y fiscales para evitar situaciones anómalas como la llamativa concentración de causas en manos de determinados magistrados. “La justicia va a mejorar con más justicia, no con más presión. Hay que romper con la promiscuidad entre los jueces y los servicios de inteligencia, como en el caso D’Alessio”, planteó en referencia al caso del falso abogado procesado por el juez federal Alejo Ramos Padilla. “Tenemos que volver al garantismo, que es cumplir con la Constitución Nacional”, dijo y agregó que para el gobierno de Macri “era una mala palabra”. Destacó la importancia de que la prisión preventiva se utilice “sólo para riesgo de fuga o ante la posibilidad de entorpecer la investigación” como establece la ley.

El presidente había anunciado la intervención de la AFI en su discurso en el Congreso el 10 de diciembre. “En el mismo sentido de transformación profunda, he decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia, para impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado”, afirmó tras pronunciar un “Nunca Más a la justicia contaminada por servicios de inteligencia”. “Como paso inmediato, dispondré la derogación del decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras y penosas medidas que la anterior administración promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado”, anticipó ante los legisladores, y prefirió mantener en reserva el nombre del interventor o interventora, que finalmente trascendió.

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