Por: Silvina Kristal

En medio de una escalada de tensión política, el Gobierno nacional y el mandatario cordobés José Manuel de la Sota protagonizarán hoy a las 11 un nuevo round por fondos previsionales en disputa, en el marco de una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Ejecutivo mediterráneo exige el pago de $ 1.040 millones a la Caja de Jubilaciones local, adeudados -dice- por el período 2011.

Pero los funcionarios de Cristina de Kirchner argumentan que la provincia no cumplió con los criterios de «armonización» acordados entre ambas administraciones, lo cual frenó las remesas. Por caso, el distrito conserva el pago del 82% móvil a los pasivos.

De la Sota tiene además en agenda una segunda estocada ante el máximo tribunal, en este caso contra el recorte del 15% en la coparticipación para financiar al sistema previsional nacional, para lo cual ya se bajó por ley del Pacto Fiscal de 1992.

Esa pretensión ya fue judicializada en rigor por Santa Fe en 2009 -de la mano del socialista Hermes Binner- y, de hecho, es inminente el fallo de la Corte.

El Gobierno cordobés y Balcarce 50 ostentan un historial de cortocircuitos políticos que se arrastra desde la puja con el campo por las retenciones en 2009 -el por entonces gobernador Juan Schiaretti respaldó al agro- y que se fue profundizando, hasta derivar en rupturas electorales terminales.

Al ser ungido por el voto De la Sota en 2011, anunció el nacimiento del «cordobesismo» y oficializó así su perfil de peronista crítico y presidenciable 2015. En las últimas semanas, profundizó sus críticas a la gestión de la jefa del Estado y potenció los contactos con figuras de la oposición, como el porteño Mauricio Macri.

Córdoba y la Nación ya se midieron en la Corte nacional en 2009, también por una pelea en materia de recursos nacionales para asistir a la no transferida Caja de Jubilaciones local.

De allí surgió la firma de un convenio de pago para el período 2010-2011, cuyo incumplimiento respecto del último año judicializó Córdoba el pasado 30 de julio, tras meses de comunicaciones en punto muerto.

En aquella oportunidad los protagonistas -en un encuentro de carácter público- fueron el por entonces ministro de Economía Amado Boudou y el antecesor de De la Sota, Schiaretti.

Hoy, las figuras serán De la Sota; el titular de la cartera económica nacional, Hernán Lorenzino, y el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, en una audiencia acotada sólo a las partes que se desarrollará en el Salón de la Presidencia, en el cuarto piso.

Serán de la partida además el titular de la Caja de Jubilaciones, Osvaldo Giordano; el ministro de Economía, Ángel Elettore; el fiscal de Estado, Jorge Córdoba; el jefe de Gabinete, Oscar González; el diputado nacional por Unión por Córdoba Francisco Fortuna y el constitucionalista García Lema.

El máximo tribunal, a través de una disposición firmada el pasado viernes, precisó que «sólo quienes sean parte podrán asistir a la audiencia conciliatoria»

Días después de la presentación cordobesa ante la Corte, el Gobierno nacional le notificó por carta a De la Sota que no reconocerá la deuda de $ 1.040 millones, alegando que el distrito no cumplió con «la armonización» con la ANSES y cuestionando, en esa línea, los elevados valores de las jubilaciones provinciales.