A través de estas designaciones, que deben contar con acuerdo del Senado, Macri espera cubrir las dos vacantes en el máximo tribunal del país que dejaron Carlos Fayt y Eugenio Zaffaroni.

El jefe de Estado se amparó en lo determinado en el Artículo 99, Inciso 19 de la Constitución Nacional, que lo faculta a “llenar vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.

Según puedo saber BAE, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, mantuvo ayer un diálogo con el presidente. En la conversación, Lorenzetti fue consultado sobre los candidatos, con los que estuvo de acuerdo, pero no opinó sobre el mecanismo de los nombramientos por considerar que esa es facultad es exclusiva del Poder Ejecutivo.

“Lo que nos interesaba es que se cubrieran las dos vacantes con perfiles técnicos idóneos”, indicaron fuentes judicales.

Rosenkrantz es desde 1998 rector de la Universidad de San Andrés, abogado en la UBA recibido en 1983, Magister en Derecho en la Universidad de Yale en 1987 y Doctor en Derecho en la misma casa de estudios en 1989.

Fue profesor en la New York University, en la Richmond School of Law y en la Denver University, todas en EE.UU., también en la Universitat Pompeu Fabra, España, y en la Universidad de Buenos Aires. Además fue asesor en 1994 de la Honorable Convención Constituyente.

Rosatti, en tanto, desarrolla la función pública como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue entre 2004 y 2005 Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante la gestión de Néstor Kirchner, y años antes había sido Procurador General del Tesoro de la Nación.

También fue intendente de la cuidad de Santa Fe, cargo ejerció entre los años 1995 y 1999, y en 1994 había participado como Convencional Constituyente por el PJ en la reforma de la Constitución Nacional.

Tras conocerse los nuevos nombramientos , el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, consideró que es “un disparate” la decisión del presidente Mauricio Macri “en comisión” a dos nuevos jueces para completar la Corte Suprema de Justicia.

Además, el rionegrino dijo que “es a todas luces inconstitucional. Es algo que no tiene registro desde la recuperación de la democracia en 1983”. Y advirtió que la decisión del presidente ”coloca a la Corte ante la posibilidad de que sus sentencias, con estos nuevos integrantes, sean consideradas nulas”.

Antes de dejar la Rosada, la presidenta Cristina Kirchner había propuesto para la Corte a Domingo Sesin y Eugenio Sarrabayrouse, integrante del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba y de la Cámara Nacional de Casación Penal, respectivamente, que aún no fueron tratados por el Senado.

El método trajo sorpresa y múltiples rechazos

La decisión de Mauricio Macri de designar a dos jueces en comisión para la Corte generó múltiples rechazos, algunas justificaciones y sugestivos silencios.

El ex juez León Arslanian afirmó que “no existe ningún antecedente en la historia del país de la designación en comisión de jueces de la Corte Suprema de Justicia”, por lo que consideró a la decisión del Ejecutivo como “algo realmente novedoso e impropio”.

Por su parte, el constitucionalista Eduardo Barcesat consideró la designación de dos jueces en comisión como “un mecanismo correcto previsto en la Constitución”.

Según el abogado Constitucionalista Félix Loñ, la decisión es “polémica”, aunque aseguró que la Carta Magna autoriza al Presidente realizar estos nombramientos en comisión en tanto en Congreso esté en receso, una vez que se retome la actividad parlamentaria, Macri deberá enviar los pliegos al Senado. Para Loñ, “es errado” que el presidente “no consulte este tipo de decisiones tan importantes que hacen a la vida institucional del país” con sus aliados políticos, lo que podría “resquebrajar” la relación con ellos.

La lider del GEN, Margarita Stolbizer, se expresó duramente sobre los nombramientos a los que calificó como el “primer y grave traspié del Presidente. Nombrar por decreto jueces en comisión a la Corte es un terrible retroceso institucional”.