Gobierno inició ayer la ronda de consultas para la limitación del Presidente y de altos funcionarios en materia de juicios y contrataciones del Estado, y los decretos pertinentes estarán a la firma de Mauricio Macri antes de fin de mes, según se indicó.

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, informó que “se hizo una convocatoria a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y especialistas, que trabajan temas de integridad pública, transparencia y control”, quienes “vieron los borradores de los proyectos de decreto para la autolimitación del Presidente y otros funcionarios, en materia de juicios del Estado y contrataciones públicas”.

“Se suscitan situaciones que merecen respuestas institucionales, para prevenir conflictos de intereses. Todo este proceso refleja el espíritu del propio Presidente, de no tener ganas de ser objeto de ningún tipo de acusación en el futuro”, refirió Alonso, en referencia a la polémica generada por el acuerdo, luego echado atrás, con el Correo Argentino, propiedad de la familia presidencial, y de Avianca, controlada por personas cercanas al jefe de Estado.

La titular de la OA presentó los proyectos de Decretos de Integridad en Juicios y Contrataciones vinculados al Presidente, junto al secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas; el Procurador General del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín; el CIPPEC, y las asociaciones AAEC y ACIJ, entre otros.

El proyecto de decreto de integridad sobre juicios aplica al Presidente, Mauricio Macri, y la Vicepresidenta, Gabriela Michetti, quienes deberán abstenerse en casos de “parentesco, pleitos, amistad o enemistad y carácter de acreedor o deudor”.

Según indicó la OA en un comunicado, en esos juicios el Estado será “representado por la Procuración del Tesoro de la Nación, que deberá publicar en su web el listado de causas en las que aplica este decreto y el estado de las mismas”.

En tanto, el segundo de los decretos se refiere a las contrataciones del Estado, y aplica al “Presidente, el Vicepresidente, el jefe de Gabinete, ministros y titulares de organismos descentralizados y/o titulares de empresas de propiedad estatal”, quienes estarán “obligados a brindar mayor información pública sobre antecedentes laborales y su grupo familiar directo”.

En diálogo con periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, la funcionaria comentó que “se hicieron muchísimos aportes a estos decretos, sin soslayar que hace falta una discusión legislativa amplia” sobre el tema, pese a que la iniciativa se vehiculizará por decreto.

Al respecto, Alonso evaluó que “ésta es una medida importante de autolimitación del propio Presidente, para que no quede ningún tipo de suspicacia en materia de contrataciones o juicios del Estado” y se pronunció “muy satisfecha de que esta discusión se esté dando”.

Según las normas a firmar, indicó: “El Presidente va a tener que abstenerse en situaciones de juicios y contrataciones del Estado, donde pueda haber terceros vinculados a él, ya sea familiares o empresas donde exista o haya tenido algún nexo, incluso de amistad”.

Puntualizó que serán dos decretos simples, y lo comparó con el que “en 2003 Néstor Kirchner sacó, de autolimitación para la designación de los jueces de la Corte (Suprema de Justicia)”.

En relación a los decretos, indicó que “el Presidente, como jefe de la administración, tiene la facultad de mejorar esos estándares con nuevas normas dentro de su órbita; ésta será una suerte de reglamentación propia en el ámbito del Poder Ejecutivo”, y que “la semana del 20 o la siguiente, estará firmando estos decretos”.

 

Anuncian plan de desarrollo vial

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció en la Cámara de Diputados que el gobierno nacional hará una inversión de 3.000 millones de dólares en un programa de desarrollo del transporte con una participación mayoritaria del Estado.

Al exponer ante las comisiones de Transportes y Defensa del Consumidor, que presiden los massistas Facundo Moyano y Liliana Schwindt, respectivamente, que se desarrolló en el anexo de la Cámara baja, el funcionario confirmó la decisión de “duplicar” la cantidad de autopistas en el país.

Dietrich indicó que “el transporte en la situación que tenemos de infraestructura es un cuello (de botella) en el desarrollo de nuestro país” y destacó que “no hubo una política federal de transporte público”.

Describió como “catastrófica” la situación de la red vial, explicó que desde el momento que se construyeron las primeras autopistas sólo se hicieron “2.800 kilómetros” y aseguró que “el 40 por ciento de la red está en muy mal estado y son muy inseguras”.

Un momento de tensión con la oposición se vivió cuando el ministro se equivocó al anunciar que el proyecto de inversiones para la gestión del presidente Mauricio Macri tendría una mayor participación privada, aunque rápidamente aclaró que era estatal.

“Éste es un plan que plantea una inversión en cuatro años de 3.000 millones de dólares que ya comenzó donde hay una participación mayoritariamente privada, perdón una participación mayoritariamente estatal”, dijo el funcionario.

Ante el murmullo de los diputados de la oposición, Dietrich respondió: “Están los números acá, no sean infantiles, chicos”.