Por Facundo Borrego

Si faltaba algo en el sprint final del concurso de la cerealera Vicentin, tensionado por la fallida intención del juez Fabián Lorenzini de excusarse, era la intromisión del presidente Alberto Fernández en un tema que marcó a fuego a su gobierno. Este domingo confesó que “está trabajando en el cramdown”, una alternativa al acuerdo planteado por la cerealera que está sobre la mesa del juez. En los papeles indica la intención del Presidente de incidir para que la compañía cambie de manos, toda una definición que genera ruido en el desenlace concursal.

 

“No nos desentendimos porque hasta el día de hoy estamos discutiendo el cramdown, un método por el cual el acreedor puede capitalizar la deuda en la empresa, es decir, no me pagués, dame acciones. Al día de hoy estamos en eso. ¿Decidimos desentendernos? No, por eso hoy estamos trabajando en el cramdown”, señaló Fernández en declaraciones al canal de YouTube El método Rebord en una larga exposición que buscó explicar la frustrada expropiación en 2020.

Las palabras del Presidente obligan a pensar por qué fue tan elocuente en aclarar que el Gobierno está con un pie encima del tema, justo en plena definición concursal, y cuando el juez, que intentó excusarse y no pudo, tiene que decidir si acepta la propuesta de pago de la concursada o la rechaza y habilita el salvataje. Es más, por qué vuelve a hablar tan abiertamente en momentos claves de un tema con el que se salpicó cuando tenía 70 por ciento de imagen positiva.

Quizás haya hablado con información muy fina acerca del destino del concurso y de lo que piensa hacer Lorenzini. Ahora bien, la pregunta es si esta declaración busca influir en el magistrado, si es una mera bravuconada, o si efectivamente ya se activaron desde el Gobierno las piezas para aportar al complejo esquema de salvataje. En el gobierno provincial confiaron que están apartados del tema por completo.

El Presidente parece adelantarse ya que al menos hay dos instancias administrativas dentro del periodo de exclusividad antes de llegar un eventual salvataje. Además, existen complejas condiciones en caso de llegar a ese modelo: know how, liquidez y una nueva estructura, ya que, de darse el cramdown, se apartarían los tres socios estratégicos que están detrás del proyecto de la nueva Vicentin, Bunge, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra. En tanto, la cerealera empuña los avales que exige el proceso concursal para lograr las mayorías y pide la homologación. “Otra alternativa a la propuesta sería saltar al vacío”, advierten.

Por el otro lado, los acreedores que se oponen a la propuesta de Vicentin, como Commodities SA, el mayor acreedor privado y el más hostil, celebran las palabras de Fernández y se ilusionan en que tengan alguna solidez más allá de lo discursivo. La idea de querer entrar en ese esquema da vueltas por el grupo Grassi desde siempre.

Fernández reconoció en la misma entrevista que a través de la expropiación que intentó en 2020 "no era el modo de quedarse con Vicentin". Por eso vuelve a la carga con esta idea. Sin embargo, antes de ese paso la lupa se posa en la decisión del juez Lorenzini, que tiene presiones por todos lados. Desde la que se desprende de la propia empresa por el peso específico de su nombre, pasando por el posible jury en su contra, hasta las directivas y sugerencias en el fallo de Corte Suprema santafesina cuando rechazó el pedido de avocación (equivalente al per saltum). En aquel texto, los ministros Rafael Gutiérrez y Daniel Erbetta sugirieron, cada uno con distintos señalamientos, que la propuesta de pago de la cerealera debía ser revisada.