Ahora tenemos despejado el horizonte", dijo el presidente Alberto Fernández para destacar el acuerdo alcanzado con los acreedores para reestructurar la deuda bajo legislación extranjera. Pero la economía argentina arrastra dificultades y problemas irresueltos para los cuales el canje de esos títulos, que sumaban US$65.300 millones, representa un eslabón.

La negociación con el FMI, la definición del sendero fiscal, el financiamiento, la actividad del Banco Central, la inflación y la recuperación tras el impacto de la pandemia son algunos de los temas de la agenda que viene para un país que en 2020 completará su tercer año consecutivo de caída en el nivel de actividad.

"Lo anunciado es un paso. Es probable que el canje de la deuda bajo ley local sea similar porque se le da un trato igualitario y hay mucha deuda dentro del sector público", dice Guido Lorenzo, economista jefe de la consultora LCG, aunque advierte: "La reestructuración es sin quita de capital, así que el país va a seguir endeudado".

 

Dólar hoy: así cotiza el 4 de agosto en Banco Nación y otras entidades

 

En ese proceso, la nueva instancia de negociación que se abre es con el FMI, organismo que firmó un programa de asistencia por US$57.000 millones (se desembolsaron US$44.000 millones y luego quedó suspendido), que según el cronograma actual debe ser devuelto en 2022 y 2023. "Ahí tiene que aparecer el famoso plan económico o el norte hacia el cual se dirige la Argentina. Si bien por ahí no tiene una mirada tan dura como en los '90, el Fondo siempre pide planes de ajuste", dice Lorenzo.

 

Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández, en Olivos Fuente: LA NACION

 

El Gobierno ya adelantó su intención de renegociar con el organismo conducido por Kristalina Georgieva, que apoyó discursivamente las sucesivas propuestas de canje y defendió las pautas de "sostenibilidad" de la deuda planteadas por el equipo económico. El pasado fin de semana el ministro Martín Guzmán amenazó con avanzar en un programa con el FMI aún si no había acuerdo con los privados. La intención es renegociar los plazos y patear hacia adelante los vencimientos. El interrogante son las condiciones que planteará el organismo, que nunca en la historia convalidó quitas en su deuda.

"El FMi pasó de ser el principal aliado del gobierno a ser un adversario", dice Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina. "Es un proceso más fácil, porque no tiene objetivo de maximizar ganancia sino en teoría mantener un buen funcionamiento del sistema financiero internacional, pero ningún país logró quitas. Pensando en que en 2022 y 2023 hay que pagar US$22.000 millones cada año, que obviamente no los vas a tener, hay que buscar un acuerdo", apunta el economista.

"En ese sentido, lo que el FMI impone son compromisos políticos y económicos, como el año pasado fue el equilibrio fiscal primario. Eso va a ayudar a tener un plan económico, porque va a extender los plazos, pero van a estar sujetos a condicionalidades. Serán más o menos laxas, pero van a ayudar a tener un rumbo", agrega Rajnerman.

 

El Banco Central emitió $1,6 billones de pesos este año y luego los esteriliza para evitar su impacto en la inflación; tiene en su balance $1,64 billones de Leliq Fuente: Archivo

 

En ese contexto, la lupa se posará sobre la dinámica del gasto y el déficit, que este año, según el Gobierno planteó en la última modificación del presupuesto, llegará a $2,2 billones, un monto que supera el 7% del PBI.

"Lo relevante para lo que viene post acuerdo pasa por aportar previsibilidad, construir horizonte y anclar expectativas, de forma que los agentes tomen decisiones en un contexto de menor incertidumbre y las estrategias y funciones de respuestas dejen de ser tan defensivas. El acuerdo reduce las necesidades financieras de los próximos cuatro a cinco años, pero se torna en exigencia después, la clave para eso pasa por convencer a los agentes que no se está generando una nueva crisis", plantea Gabriel Caamaño, director de Estudio Ledesma.

"Además de la deuda local y el FMI, hay que empezar a definir el sendero de normalización fiscal y un esquema monetario consistente. Hay que trabajar mucho para construir sustentabilidad y recuperar el acceso al financiamiento voluntario, dos cosas que van de la mano y se retroalimentan. Los gobiernos deben demostrarle a los agentes todo el tiempo que Sir Templeton estaba equivocado", agrega el economista, en referencia a su frase "Las cuatro palabras más caras del mundo de la inversión son: esta vez es diferente".

En el corto plazo, el arreglo por la deuda podría restar incertidumbre y contribuir a reducir la presión cambiaria. Hoy, el dólar blue retrocede 6% (se vende a $128) y el riesgo país retrocede a 2102 puntos, valor elevado que, no obstante, es el más bajo desde febrero de este año.

 

El canje de deuda bajo legislación extranjera alcanza títulos por US$65.300 millones Fuente: Archivo

 

"Esto no significa que el país pueda volver rápidamente a financiarse en los mercados de crédito internacionales. Y se va a tardar más aun en lograr financiamiento a las tasas bajas que se pagan en la región. Por eso, generar previsibilidad es indispensable", dice Lorena Giorgio, economista senior de Econviews.

Ese contexto, a su vez, podría abrir opciones para que Guzmán pueda financiar parte de su gasto en el mercado local y reducir la dependencia de los pesos que recibe del Banco Central, cuya emisión fue casi el único instrumento disponible para cubrir el déficit, creciente por efecto de la pandemia y sus consecuencias sobre la economía. Ya en su última licitación, el miércoles de la semana pasada, el Ministerio de Economía consiguió un 32,5% más de los fondos que necesitaba para cubrir vencimientos en pesos dos días más tarde. En otras palabras, no solo pudo renovar esa deuda sino conseguir recursos adicionales.

"Hay lugar para lograr cierto roll over de deuda en pesos. Hoy una décima parte del déficit fiscal está financiado con deuda y las otras nueve partes, con emisión monetaria. Un desafío es cómo hacer para que 2021 sea más atractivo. El Gobierno paga los bonos dólar linked y los ajustados por CER. Y sería un gran error tocar el índice de precios. La mayor duda es cómo hacen para financiarse las provincias", agrega Lorenzo.

Por el lado de la economía real, la caída del 12% proyectada para 2020, según estimaron analistas privados en el último Relevamiento de Expectativas (REM) del Banco Central, implicará el tercer año consecutivo de contracción del PBI. En ese escenario, Caamaño plantea la necesidad de que el Estado reoriente su política fiscal: "Hay una serie de incentivos/paliativos de emergencia que van a tener que ser reemplazados por otros programas fiscalmente más baratos y con otra lógica para ayudar a las empresas y particulares, potenciando la recuperación".

Iniciativas como el IFE, que implican una erogación de $90.000 millones en cada entrega (desde su continuidad hasta su conversión en un programa de renta básica universal), el ATP y hasta el funcionamiento del sistema jubilatorio (la fórmula previsional fue suspendida nuevamente por decreto) serán temas de discusión entre el Gobierno, el FMI y la oposición en el Congreso mediante el debate del Presupuesto, en el marco del programa fiscal de mediano plazo. Todo de cara a un año que incluye elecciones de medio término.

"El déficit no va a ser más alto que el de otros países tras la pandemia, el tema es que acá no tenías ningún margen de financiamiento. El FMI te va a exigir una reducción gradual y ahí va a pasar la discusión de fondo: qué margen va a dar el FMI para llevar la economía al superávit y qué capacidad tiene el Gobierno de accionar. Son cuestiones difíciles de dirimir", dice Lorenzo.

En ese contexto, advierte sobre la evolución de la inflación vinculada a la emisión de pesos que realizó el Banco Central. El combo de recesión, cuarentena, congelamiento de precios regulados (tarifas de servicios públicos, transporte) y programas de control de precios en alimentos y productos básicos mantuvo el índice mensual estable (en el orden del 2%), pero los analistas privados prevén una aceleración en los próximos meses.

"En una economía que cae 15 puntos y la inflación es 35%, preocupate, porque cuando la actividad se empieza a recuperar, es lo primero que pica en punta, más cuando el gasto se financió con emisión. Si la actividad se empieza a mover, se empiezan a soltar las anclas que hoy retienen a los precios. Por ahora el Gobierno no tiene ningún plan, y no puede haberlo si la política monetaria es un apéndice de la política fiscal", concluye Lorenzo.