La Auditoría General de la Nación (AGN) determinó a través de un informe que los tragamonedas del Hipódromo de Palermo y los barcos de Puerto Madero, manejados por Federico Achával y Cristóbal López carecían de un control por parte de la Lotería Nacional, lo que impidió que se evitaran "posibles malversaciones de fondos que se destinan a instituciones con fines sociales".

El programa La Cornisa, del periodista Luis Majul, mostró la auditoría realizada sobre la explotación de los juegos de maquinitas electrónicas durante el año 2014. Los inspectores, técnicos especializados y auditores estuvieron trabajando desde febrero hasta julio de 2015 y encontraron "serias irregularidades":

Que el Hipódromo de Palermo y los barcos de Puerto Madero se controlaban a sí mismos. López y Achaval le cedían a la Lotería el sistema de control on line de la misma empresa que proveé las máquinas tragamonedas a los concesionarios.

El concesionario Casino Club "poseía acceso físico y lógico a los discos en los que Lotería Nacional almacenaba información de las máquinas electrónicas, por lo que potencialmente podía tener acceso a las bases de datos".

Lotería Nacional no controló los contadores (que determinan cuánta plata ingresó, y cuánta salió por el pago de apuestas) de 313 máquinas de Casino de Buenos Aires.

Más de la mitad de máquinas electrónicas carecían de un sistema de energía ininterrumpida. Así, ante un corte del suministro de energía eléctrica, se ponía en riesgo la información de la jugada en curso.

En 2014, los legisladores Paula Olivetto, Maximiliano Ferraro y María Inés Gorbea presentaron una denuncia que cayó el en juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. El juez cerró la casa en tiempo récord: ocho meses después. Lo hizo luego de pedirle una auditoría a la Universidad Nacional de la Plata, el mismo organismo encargado de validar las acciones del laboratorio que certifica la calidad de las máquinas tragamonedas de Casino Club. Los legisladores apelaron la decisión, haciendo hincapié en que se necesitaba otra auditoría

Pero ahora que se conoce esta nueva auditoría de la AGN, la diputada nacionalElisa Carrió la usará para ampliar la denuncia sobre la causa de 2008 caratulada asociación ilícita, que tramitan el fiscal Gerardo Pollicita el juez Julián Ercolini. En la causa aparecen mencionados, como parte de la asociación ilícita, decenas de altos ex funcionarios y poderosos empresarios vinculados al kirchnerismo, como López, entre otros.