La presidenta, Cristina Fernández, reunió ayer en la Casa Rosada a todo el equipo económico para decidir los próximos pasos en lo que será la semana más crucial en la negociación con los buitres.
Ahora, la principal preocupación del titular del Palacio de Hacienda pasa por que la negociación con los buitres no activen la cláusula Right Upon Future Offers (RUFO), que según el comunicado de prensa emitido ayer implicaría un piso de u$s 120.000 millones y podría llegar a los u$s 500.000 millones, según dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el lunes en conferencia de prensa.
Lo que ordenó la presidenta fue que na deuda externa no se incremente exponencialmente, para cumplir con la consigna que dio en Rosario el día de la bandera: no dejarle al próximo gobierno la pesada herencia que recibió el kirchnerismo en 2003.
Por eso, el comunicado de prensa difundido ayer por la cartera económica incluía este párrafo: “Los fondos buitres sostienen que es imposible que la cláusula RUFO aplique (ver web ATFA). Es por esta razón que Argentina le solicitó al juez Griesa que los fondos buitres tomen un seguro financiero y cubran los riesgos y los costos de una eventual aplicación de la claúsula RUFO. Si tal riesgo fuera nulo, tal cual ellos afirman, el precio de este seguro debería ser despreciable. El juez no sólo no concedió una suspensión de su sentencia sino que además, no pronunció una sola palabra sobre la cláusula RUFO que figura en los prospectos de todos los títulos emitidos en los canjes de los años 2005 y 2010 en poder del 92,4% de los acreedores”. afirma el texto del Ministerio de Economía que fue entregado ayer a la prensa.




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