La presidenta del Senado había afirmado que parte de los fondos robados de su casa el 22 de noviembre pasado, unos 200 mil pesos –que no figuran en su declaración jurada–, provenían de donaciones para su fundación. Por eso, en el marco de la causa abierta en Comodoro Py en la que se intenta determinar el origen de esa plata, Cabandié y Tailhade le solicitaron al juez a cargo, Ariel Lijo, medidas de prueba para determinar si SUMA tiene la documentación respaldatoria de las “donaciones” y si cumplió con las normas de prevención del lavado de dinero.

La sospecha es que la Ong de la vicepresidenta es una pantalla recaudatoria de fondos para la actividad política, algo que según denunciaron los diputados del FpV, se trata de una práctica habitual entre las filas del PRO. “Los dirigentes políticos del PRO están acostumbrados a financiar su actividad política con este tipo de fundaciones. Por eso queremos que se investigue a esa fundación”, afirmó Tailhade.

En el escrito que presentaron ante Lijo, los diputados detallaron que fundaciones como Creer y Crecer, de Néstor Grindetti, Formar, de Guillermo Dietrich y Fundar Seguridad y Justicia, de Eugenio Burzaco, tienen en común no haber presentado balances en los últimos años ni cumplir con los estándares mínimos que se les reclama a las Ong en materia de prevención del lavado. El directorio de SUMA lo conforman, además de Michetti, varios caciques del PRO como el jefe del bloque del Senado, Federico Pinedo, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio y el titular del sistema de medios públicos, Hernán Lombardi, entre otros.

La causa fue abierta en base a una denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero. El domingo, el diario cooperativo Tiempo Argentino reveló que la vicepresidenta fue victima de un hurto por 50 mil dólares y 245 mil pesos el mismo día en que Cambiemos se impuso en segunda vuelta, que Michetti se ocupó de ocultar. Sin otro remedio, la presidenta del Senado publicó en Facebook una explicación sobre el supuesto origen de la plata: dijo que los dólares eran un préstamo de su pareja, Juan Tonelli, para pagarle una maestría a su hijo; sobre los pesos, sostuvo que 45 mil estaban destinados a refaccionar su casa y que los otros 200 mil eran donaciones para la cena recaudatoria de fin de año de SUMA.

Tras radicar la denuncia, Martínez Herrero indicó a este diario que si los 200 mil pesos provenían de donaciones, la plata debería estar bancarizada y no en la casa de la vicepresidenta. El abogado agregó además que la fundación no tiene empleados registrados.

Cabandié y Tailhade le solicitaron ayer al juez Lijo que indague ante la Inspección General de Justicia (IGJ) si la fundación SUMA presentó balances anuales y si le fueron realizadas auditorias. El objetivo es determinar si existe o no documentación respaldatoria de las “donaciones” que forman parte de la explicación que dio Michetti sobre el origen de los fondos robados. Según las leyes que regulan el financiamiento de las ONGs, los fondos recibidos por terceros privados en concepto de donaciones deben presentarse como declaración jurada ante la IGJ, y dar cuenta de la legitimidad de su origen.