El ex Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido durante todo el kirchnerismo, está bajo la lupa en varias causas que se tramitan en la Justicia Federal. En medio de ese entramado, en un expediente se investiga cómo durante años, y a través de convenios sin control, desde esa cartera se desviaron miles de millones de pesos a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 

En ese esquema, cada vez que la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) debía realizar obras y compras, se instrumentaban acuerdos con la UTN y su fundación para evitar los procesos de licitaciones y supervisión del Estado, tal como lo reveló PERFIL en mayo pasado. En el marco de esa causa hay mails, a algunos de los cuales tuvo acceso este diario, que demuestran la forma en que se acordaban los pagos, cómo había convenios que superaban los montos totales presupuestados y la falta de detalles sobre movimientos millonarios. 

“Avisen cuando Economía firma esto así calmo a la fiera…”, dice uno de los correos electrónicos de Juan Vargas, ex asesor de YCRT en referencia a su amigo Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio y hombre de máxima confianza de De Vido. Los tres están involucrados, junto a otros ex funcionarios, en la causa que se investiga en el juzgado de Luis Rodríguez. 

 Baratta es también reconocido como el “nexo” o “intermediario” entre el ministerio y los empresarios durante los últimos 12 años. Y varias fuentes coincidieron en que sus modos bruscos y sus amenazas eran habituales. De hecho llegó a tener una denuncia por coacción en Comodoro Py. 

Involucrado desde el comienzo en las obras en Río Turbio, Baratta,  de 43 años y licenciado en Comercio Exterior, viajaba seguido hasta allí y hablaba con los medios sobre la importancia del lugar. En el informe “El estado del Estado”, publicado en junio pasado por el actual gobierno, se afirmó que YCRT “es un ejemplo paradigmático de mala administración de la última década”. Y detallaron que, entre 2005 y 2015, se transfirieron al yacimiento “más de 15.580 millones de pesos”, pero que “a pesar de ello, la producción de carbón era marginal y la mina y las instalaciones se encontraban en estado de abandono”. Entre los frentes judiciales abiertos que tiene la dupla Baratta-De Vido también está la causa por el vaciamiento de YPF, de cuyo directorio Baratta formó parte como representante del Estado. En tanto, en el juzgado de Claudio Bonadio, está el expediente  por las irregularidades en la adquisición de un barco con GNL desde Rusia, que nunca llegó, pese a que se habrían pagado millones de dólares.Una consultora en el centro

Desde que abandonó Planificación, adonde había llegado en 2003, Roberto Baratta se dedica a la actividad privada. Aunque varias fuentes consultadas por este diario coincidieron en que tiene una consultora particular en el microcentro porteño, junto a Damián Camacho, otro ex funcionario del organismo, Baratta figura ante la AFIP con una actividad principal de “servicios de transporte automotor de pasajeros, mediante taxis o remises”.

En su derrotero judicial, Baratta tuvo dos sobreseimientos con la firma de Norberto Oyarbide. Uno en la causa que involucró a varios funcionarios, entre ellos Néstor Kirchner, que habrían aceptado a préstamo diversos autos tanto para uso oficial como personal. El otro fue en Skanska, donde podría volver a ser investigado tras el reimpulso de la causa.