Los gobernadores de las provincias petroleras le llevaron ayer una contrapropuesta al Gobierno nacional quien negocia con los estados hidrocarburíferos una ley que atraiga inversiones para la exploración y explotación de combustibles no convencionales. La iniciativa, ideada por el neuquino Jorge Sapag, es un cambio rotundo de eje, ya que traslada el costo fiscal a la Nación, a diferencia de la propuesta elevada el lunes de la semana pasada por Cristina Kirchner, que implica una serie de ajustes para los fiscos provinciales a través de la baja en las regalías, Ingresos Brutos, Sellos y grandes condicionamientos en la participación de la renta petrolera para las empresas provinciales de energía (se elimina el “acarreo”). 

Ayer, los mandatarios que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) se reunieron desde las 9 de la mañana con sus equipos técnicos en la Casa de Chubut, en el microcentro porteño. Allí, la propuesta de impulsar una ley de “promoción de inversiones” del neuquino Sapag prendió rápidamente entre todos y se trazó la estrategia de ofrecer una “alternativa superadora” a la Nación, muy similar a la ley de promoción de inversiones mineras que impulsó el menemismo. Sólo faltó, sorpresivamente, el santacruceño Daniel Peralta. 

El primer cambio importante respecto a la propuesta del kirchnerismo nacional es que los plazos de concesiones no sean de 25 años más 10, para el petróleo o el gas no convencionales, los yacimientos off shore, los de crudo pesados o los de recuperación terciaria, sino que sean definidos de acuerdo a cada proyecto por una comisión creada por ley e integrada por la Nación (como autoridad promotora) y las Provincias (como titulares de sus recursos naturales).

Pero la gran diferencia para las provincias es que el grueso del aporte para atraer capitales deberá ser hecho por la Nación, como la devolución integral del impuesto a las Ganancias para todo lo que las petroleras inviertan en la etapa exploratoria y un régimen de amortización acelerado especial de este tributo del 60% para el primero año y del 40% para los dos años siguientes; beneficios para importar sin aranceles equipos y maquinarias, como dice el decreto 927/2013 que posibilitó el acuerdo de YPF con Chevron para explotar una pequeña zona de Vaca Muerta; y la generalización del régimen del decreto 929/2013 que permite la libre disponibilidad del 20% del crudo para destinarlo a exportación luego de cinco años, o el pago de esa porción al precio internacional, y el giro de divisas al exterior. 

Además, solicitaron que no haya pisos ni de U$S 1.000 millones ni de U$S 250 millones en inversiones comprometidas para acceder a los beneficios nacionales. 

Pero, también, los gobernadores pidieron que se liquiden las regalías tomando los precios reales del crudo y del gas, que están desacoplados de los precios internacionales, y que se les paguen también regalías sobre el 30% de retenciones que hace el Gobierno nacional a cada unidad exportada. Este tema es un verdadero tabú para el Ministerio de Economía, que ni siquiera había abierto la discusión al respecto la semana pasada. “Si no se discute la macroeconomía, es poco lo que podremos hacer realmente”, sugirió un asesor de uno de los mandatarios. 

Continuidad con De Vido, Kicillof, Galuccio y Zannini

Luego, los gobernadores se reunieron con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en su oficina, quien los esperó junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, y al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y el CEO de YPF, Miguel Galuccio, los redactores del anteproyecto de ley que Cristina Kirchner les dio una semana antes y que ayer los mandatarios fueron a rechazar sutilmente con una oferta muy diferente.

“La Casa Rosada tiene que entender que no podemos consentir la propuesta del lunes pasado porque la gente va a salir a las calles a reclamar en contra de sus gobiernos provinciales, no puede ser que todo lo paguen las provincias, debe haber un beneficio para todos”, dijo un funcionario mendocino antes de entrar a la reunión con De Vido, a la que sólo se dejó ingresar a la prensa oficial. Otro funcionario provincial se mostró más resignado y señaló que si el Gobierno nacional desea insistir con el plan de Galuccio, que lo mande al Congreso e insinuó que luego las Legislaturas podrían rechazarlo para que no entre en vigor.  

Al finalizar el cónclave en el Palacio de Hacienda, el mendocino Francisco Pérez señaló que “hubo un buen diálogo” y que los funcionarios de Cristina quedaron en analizar la propuesta de la Ofephi para, en una próxima reunión sin fecha determinada, “sentarnos a redactar seis o siete artículos” que se agregarán a la vieja Ley de Hidrocarburos. “En todo momento nos dejaron en claro que no se busca vulnerar la potestad de las provincias ni perjudicar a las empresas provinciales de energía”, dijo el mandatario cuyano. 

La Ofephi, en tanto, emitió un comunicado para expresar escuetamente que se había avanzado con la Nación, pero sin dar especificaciones.