La ley de Ética Pública establece que las declaraciones juradas patrimoniales y de conflicto de intereses de los funcionarios deben ser publicadas en Internet y controladas en su contenido para prevenir o detectar posibles irregularidades sin distinguir el poder del Estado. Más: en la reforma de 2013, el Congreso estableció que esas declaraciones deben estar visibles en el sitio web de la Oficina Anticorrupción para que cualquier ciudadano pueda detectar saltos extravagantes en las evoluciones patrimoniales.

Bajo ese paraguas, esta mañana, la OA que comanda Laura Alonso les enviará tres cartas iguales a los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia, a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y a los integrantes del Consejo de la Magistratura para que se pongan al día con el envío de sus declaraciones juradas. El borrador de las cartas al que accedió Clarín lo dice con un tono más cuidado: “El objetivo de la presente es poner a disposición toda la cooperación y asistencia técnica que se requieran por parte de esta Oficina”.

El mensaje de la OA apuntará a poner a disposición de los jueces “cooperación, asistencia técnica, tecnológica y metodológica para un control eficiente y efectivo” de las declaraciones juradas. El texto, además, hará referencia al decreto 117 de Mauricio Macri, en el que el Presidente cita que “tanto la Convención de las Naciones Unidas como la Convención Interamericana promueven la transparencia, el acceso a la información pública y la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción”.   Los representantes de la Corte y Gils Carbó adeudan esas declaraciones a la Oficina Anticorrupción, no así los legisladores nacionales y el Poder Ejecutivo. ¿Hay dudas de la OA sobre la evolución de bienes de los jueces o es simplemente el cumplimiento de la ley? Como sea, la movida se da en momentos en que la diputada Elisa Carrió, una aliada clave del Gobierno, viene reclamando lo mismo con la mira puesta en el máximo Tribunal pero sobre todo en la figura de su presidente, Ricardo Lorenzetti, a quien denunció por enriquecimiento ilícito. La diputada de la Coalición Cívica ya les envió un escrito a los jueces de la Corte para reclamarles el detalle de todos los bienes inmuebles, las mejoras que se hayan hecho en esas propiedades, el capital invertido en títulos, acciones y los depósitos en bancos y entidades financieras. La Corte, en su momento, respondió ese pedido del 13 de mayo, pero para Carrió fue “a todas luces insuficiente”.

Alonso es más cauta. “Creemos que la publicación de las declaraciones juradas en nuestro sitio será un avance en materia del fortalecimiento del sistema de integridad nacional dando un paso más en el cumplimiento a los tratados internacionales contra la corrupción de la ONU y la OEA”.

¿La Corte y Gils Carbó tienen “coronita”, como sospechan en la CC de Carrió? Responde la titular de la OA: “Los jueces del máximo Tribunal hacen las presentaciones en la misma Corte. Y la Procuradora y los fiscales presentan la información en la Procuración. La ley establece que deben ser publicadas en Internet. La ciudadanía demanda más transparencia e integridad en la conducta de todo el Estado como requisito fundamental para reconstruir la confianza en los funcionarios del Ejecutivo pero también en los jueces”.

El momento del pedido es sensible. La Corte Suprema falló días atrás en contra de una parte de las subas del gas.