Por Christian Atance.

La Unión Argentina de Salud continúa desplegando el plan de acción que su presidente Claudio Belocopitt delineó la semana pasada durante una dura conferencia de prensa, cuando expuso sobre la severa crisis de financiamiento que atraviesa el sector.

Primero fue la presentación de una medida cautelar ante la justicia para exigir la actualización de costos que contempla la ley 26.682, y luego un pedido formal remitido al parlamento para exponer públicamente el riesgo económico-financiero al que está expuesto el sistema privado.

En sendas misivas dirigidas a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Cristina Fernández y Sergio Massa respectivamente, la entidad pidió que a la reunión se cite a «las máximas autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y de la Superintendencia de Servicios de Salud y a sus equipos, para que ratifiquen o rectifiquen lo que han concluido en sus informes que acreditan que la situación técnica de atraso es gigante y la sustentabilidad ha dejado de ser una opción para los organizadores».

Dada la urgencia del caso, la UAS solicitó a ambas cámaras que arbitren las medidas necesarias para que el encuentro se concrete «a fin de poder llevar tranquilidad a la población y especialmente a las más de 700.000 personas que integran de manera directa o indirecta el Sistema Privado de Salud», destaca la nota.

La misiva, firmada por Belocopitt y el vicepresidente 1° de UAS Juan Carlos Villa Larroudet, titular de Omint, apunta a que el delicado cuadro de situacion es fruto «del incumplimiento inusitado de una Ley aprobada oportunamente por el Honorable Congreso de la Nación», remarca.

La UAS reúne a 15 entidades que atienden, en su conjunto, al 70% de las personas de la Argentina. El Sistema Privado de Salud está integrado por Obras Sociales, Prepagas con o sin fines de lucro, Sanatorios, Hospitales de comunidad, Centros de diagnóstico y tratamiento, Laboratorios, Servicios de emergencia, personal en relación de dependencia y profesionales independientes.