Por Florencia Barragan

Si bien el presidente Javier Milei aseguró que “no hay plan B” a la aplicación de su programa económico, lo cierto es que el Ministerio de Economía deberá buscar alternativas para llegar al déficit cero (al menos el primario), luego de que retiraran el capítulo fiscal de la ley ómnibus. Volver a implementar el impuesto a las ganancias, ponerle retenciones a toda la economía, cambiar la actualización de las jubilaciones, hacer un anticipo de bienes personales, sumar una moratoria y reintroducir un blanqueo de capitales hubiera implicado una mejora en las cuentas públicas de casi 2 puntos del PBI. Ingresos y recortes que, de aprobarse la ley, no estarán, al menos hasta que se envíen los proyectos nuevamente al Congreso.

Por este motivo, el ministro de Economía, Luis Caputo, analiza alternativas, y pone la lupa en el sector energético, dado que la vuelta del impuesto a los combustibles y la quita de subsidios en tarifa de luz y de gas podría implicar sumar recaudación por más de 1 punto del PBI, sin tener que pasar por el Congreso. Para las empresas del sector, las preocupaciones ya no pasan por los controles de precios, ni por las negociaciones políticas entre los diputados, sino por la seguridad jurídica: el temor es que si los aumentos son muy fuertes, que sea la justicia la que los frene, como ya ocurrió durante el gobierno de Cambiemos.

Impacto fiscal

Con la reducción de los subsidios económicos, Economía planea reducir el gasto en 0,7% del PBI, según las planillas que publicaron en la cuenta de X del Palacio de Hacienda. Para eso, deberá avanzarse con la quita de los subsidios a la electricidad, el gas y el transporte, para lo cual ya se llevaron adelante gran parte de las audiencias públicas.

En tanto, a partir de este jueves primero de febrero, vence el congelamiento del impuesto a los combustibles que había hecho el gobierno de Alberto Fernández en la campaña electoral. Si se aplicara en su totalidad, podría implicar recursos extra para la Nación por 0,37 puntos del PBI, y para las provincias por 0,15% del PBI, según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Así, Caputo podría sumar recaudación por 1 punto del PBI, luego de que la quita del capítulo fiscal comenzara a hacer ruido en el mercado, y en un contexto donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) decide el desembolso por u$s 4.700 millones.

De todos modos, aunque para estas medidas no hay que pasar por el Congreso, se presentan otras disyuntivas.

Dilemas en Economía

En el caso de las tarifas de luz y de gas, ya comenzaron las audiencias públicas. Sin embargo, la Secretaría de Energía, que encabeza Eduardo Rodríguez Chirillo, anticipa que falta otra audiencia, prevista para marzo, para definir cómo será el mecanismo de los nuevos subsidios, completamente diferente a la segmentación actual, con un subsidio a la demanda en base a una canasta básica energética.

Realizadas las audiencias de luz y de gas con empresas de distribución y transporte, el Gobierno no solo deberá avanzar con la quita de subsidios, sino también definir cuánto le dará a las empresas. La información podría hacerse pública este jueves primero de febrero cuando se publiquen en el Boletín Oficial los nuevos cuadros tarifarios del gas y el nuevo precio estacional de la electricidad. Luego de años con tarifas prácticamente congeladas, en el caso del gas, las compañías solicitaron incrementos que trepan hasta el 500%. En el caso de la luz, distribuidoras del AMBA y las transportistas solicitaron una readecuación de sus ingresos en torno al 250%.

A esto hay que sumarle la quita de subsidios, que el Tesoro realiza a la generación de energía, cuyos costos treparon en el último mes producto de una devaluación de más del 100%, dado que los costos están prácticamente dolarizados. La quita de subsidios implicará un impacto en las tarifas finales: actualmente, los usuarios solo pagan el 17% del precio PIST del gas, y el 45% del costo de generación y transporte de luz. Es un promedio dado que varía según nivel de ingresos y zonas del país, pero el resto lo subsidia el Estado.

Además, Economía definirá la fórmula de actualización para las tarifas de luz y de gas, que las empresas piden que sean todos los meses. En su exposición en el Congreso, Chirillo, uno de los cerebros de la ley ómnibus, había dicho que estaba de acuerdo con esta demanda, pero que podía ser en base a un índice que siga los salarios, y no indexado por inflación, como pedían las empresas.

En el 2023, el Estado destinó a subsidios energéticos 1,5 puntos del PBI, con un déficit fiscal primario de 3 puntos, por lo que la mitad del déficit se explicó por los subsidios. Si bien en Economía están convencidos de querer reducirlos, la traba pasa por calibrar este impacto en la inflación, que de seguir este camino, implicará rápidamente un atraso en el tipo de cambio. Del otro lado, si bien en las empresas esperan una recomposición de sus ingresos, hay temor a la judicialización, como viene ocurriendo con el DNU de Milei, y como ya ocurrió con el fallo Cepis.

Para el caso de los combustibles, se presenta un dilema similar: la aplicación del impuesto a los combustibles (ICL), después de años de posponerse, implicará una suba en el litro de nafta, con los impactos que eso tiene de segunda ronda en el transporte público y en la logística de toda la economía. La idea de Energía es aplicarlo en tramos, y luego modificar este impuesto, que se actualiza por inflación.

Es que en el caso de los combustibles, la nafta, que ya trepó más de 100% desde inicios de noviembre, tendrá dos otros factores que presionarán en su precio: a la aplicación del impuesto se suma el aumento en el corte de los biocombustibles, que está en la ley ómnibus y el objetivo del Gobierno de tender a los valores de import parity, y así llevar señales al sector petrolero, que prometió que en el caso de aprobarse la ley del Congreso, podría invertir u$s 15.000 millones por año.