Alejandro Rebossio

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, reconoció en diálogo con elDiarioAR que desde el inicio del gobierno de Javier Milei la paralización de obras públicas provocó la pérdida de 100.000 empleos, según estimaciones de la entidad. “Se paralizó gran parte de las obras públicas en todo el país”, explicó Weiss. Apenas comenzó la nueva gestión, su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un recorte de la inversión pública del 0,7% del PBI.

Ya en el gobierno anterior se venía ralentizando la construcción por las desactualizaciones de los presupuestos ante una inflación galopante. Es así que en noviembre pasado había 422.000 trabajadores registrados en el sector, un 1,4% menos que un año antes, según el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric). Ahora rondarían los 320.000, según las proyecciones de la Camarco. Aún faltan confirmarse los datos oficiales. Pero el pronóstico es más tremendo que el anticipaba la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), que calculaba hasta hace pocas semanas unos 30.000 despidos.

De todos modos, la Uocra declaró este lunes el estado de alerta y movilización. “La Uocra declara el Estado de Alerta y Asamblea Permanente en todas las obras, públicas y privadas, del país —dice su comunicado—. La medida obedece a la pérdida de puestos de trabajo producto de la paralización de las obras públicas dispuesta por el gobierno nacional; la desaceleración de la inversión que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad y la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del Poder Ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria —apuntaron contra Caputo, que absorbió el desaparecido y fugaz Ministerio de Infraestructura, a cargo del despedido Guillermo Ferraro—. Esta situación se da en el marco de caída abrupta y generalizada de la actividad económica, se agrava en nuestra industria por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo, ante una inflación sostenida que castiga particularmente a nuestros trabajadores y trabajadoras sin que tengan otras herramientas para enfrentar tan crítica coyuntura que no sea la suba de sus ingresos”, apuntaron en el gremio, después del 20% de suba que consiguió en enero.

“En los dos últimos meses se han perdido 50.000 puestos de trabajo directos y más de 100.000 indirectos en nuestro sector como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno, situación que pone en grave riesgo la continuidad laboral de gran parte de la actividad de la construcción”, calculó la Uocra, por debajo de la estimación de la Camarco. “La obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública. Es inaceptable que el gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno; que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país”, concluyó el gremio que conduce Gerardo Martínez.

En los últimos días se suceden las noticias de obras paralizadas:

La Dirección Nacional de Vialidad ha detenido casi todos los proyectos. En la provincia de Buenos Aires, la variante Chacabuco de la ruta 7, la autopista Presidente Perón, la transformación en autopista de un tramo de la ruta 3, los trabajos de bacheo y mantenimiento mínimo en el tramo de la ruta nacional 33 entre las localidades de Piedritas y Rufino. En Cordoba, la circunvalación de Villa María, las autopistas Río Cuarto-Holmberg y San Francisco-Córdoba y el tramo de la zona de Laboulaye de la ruta 7. En Santa Fe, obras en las rutas nacionales 7, 9, 11, 33 y 34.No sólo las rutas bonaerenses se paran. El gobernador Axel Kicillof advirtió que son 1.000 las obras en pausa.El gobernador neuquino, Rolando Figueroa, admitió que “sin aportes del gobierno nacional” su provincia tiene “alrededor de US$200 millones de deudas de obras en ejecución que han sido paralizadas”.En Tierra del Fuego, el gobierno provincial calculó que se frenaron iniciativas por $30.000 millones en vialidad, medio ambiente y vivienda.En la otra punta del país, en Misiones se dejó de avanzar con obras en rutas, puentes, agua potable, cloacas, hospitales y escuelas.

Son sólo algunos ejemplos que se repiten en cada provincia.