Por

EUGENIA RODRÍGUEZ

Esta semana puede ser decisiva para los planes del gobierno nacional que busca que el mega proyecto de ley ómnibus logre media sanción en Diputados, y confirme el modelo libertario de reforma del Estado y delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo, parte de lo que le prometió al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a CEOs de firmas internacionales que esperan la eliminación de “restricciones institucionales”, según admitió el propio jefe de Estado. Tal es así que, si bien el ministro Caputo anunció el viernes a última hora el “retiro del capítulo fiscal de la ley Bases" (incluye blanqueo, Bienes Personales, moratoria, retenciones, y podría abarcar Ganancias), la venta del patrimonio sigue intacta y la ola masiva de privatizaciones aparece en el centro del modelo económico a partir de la venta de 40 empresas argentinas entre ellas Aerolíneas Argentinas, AYSA, Banco Nación, Energía Argentina SA, Corredores Viales, Operadora Ferroviaria, Correo Argentino y medios públicos, entre muchas otras, lo que podría afectar a más de 134.000 fuentes de trabajo así como al desarrollo de áreas estratégicas de la economía nacional.

Si bien el argumento oficial sostiene que se busca “reducir el déficit”, los datos de cada firma dan cuenta de que se trata de empresas superavitarias, sumado a las funciones que desarrollan para garantizar la infraestructura de servicios públicos a la población, así como para el financiamiento de las actividades productivas a lo largo y ancho del país, y en actividades clave del sector nuclear, telecomunicaciones, logística y defensa, todo lo que de aprobarse la ley estará en venta y sujeto a intereses privados, en un esquema que apuesta a un mayor endeudamiento externo y a una creciente desregulación económica. En ese sentido, los principales cuestionamientos a esta política que vuelve como una nueva temporada del desguace del Estado implementado ya durante el menemismo y, con menor éxito, durante el macrismo, coinciden en que aumentará la presencia de capitales globales interesados, en gran medida, en la explotación de los recursos naturales y el negocio financiero, y lejanos a la inversión productiva, el agregado de valor, y la generación de fuentes de trabajo en territorio nacional. 

Así las cosas, el gobierno buscará esta semana empezar a asegurarse el cambio en las reglas de juego que le exige la “lluvia de inversiones” prometida, y hacerlo "todo lo más rápido que se pueda", según volvió a confirmar este domingo el presidente Milei en una entrevista radial.

Se ofrece patrimonio nacional 

El proyecto de “ley Ómnibus” que el gobierno insiste con tratar en el Congreso incluye, como parte central de sus propuestas de reforma del Estado, la privatización a 41 empresas públicas, al tiempo que facilita al Ejecutivo vender la participación en aquellas en las que no tiene el control mayoritario. Para que esto ocurra las firmas públicas deben ser declaradas “sujetas a privatización”, lo que el oficialismo espera sea confirmado por el Legislativo esta semana. Vale mencionar que en el marco de las negociaciones con diputados dispuestos a acompañar el mega proyecto de más de 500 artículos, la gestión libertaria aceptó retirar del listado de empresas a privatizar a YPF, mientras que Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT quedarían sujetas a una privatización parcial, manteniendo el Estado control de las empresas. Aun así, el país seguiría ofreciendo al mejor postor 40 empresas argentinas.  Al respecto el argumento oficial señala que el objetivo es hacer “más eficiente” a estas firmas y ello significa “cerrar todas las empresas del Estado” aunque no se distingue, dada la heterogeneidad de sus características y roles en la sociedad y la economía, si son realmente rentables o no, qué propósito tienen en áreas estratégicas, si un privado podría igualmente cumplir la misma función y el interés nacional de sostenerlas. 

El objetivo de privatización, ya anticipado por el propio presidente Milei en campaña, aunque no en la magnitud en que terminó plasmándose en la ley en debate, también tiene su antecedente inmediato en el DNU 70/2023 que promueve cambios en la Ley 23.696 de Reforma del Estado aprobada en los ‘90, para facilitar la liquidación de empresas públicas. Sobre ello, luego de asumir la presidencia el gobierno de Carlos Menem inició un programa de privatizaciones cuyas consecuencias se mantienen vigentes en la actualidad. “Con la sanción de la ley de Reforma del Estado en agosto de 1989, a partir de la cual quedaron sujetas a privatización las principales empresas de propiedad estatal, se inicia una nueva fase en cuanto al papel del sector público en la Argentina, con la emergencia de nuevos mercados para la actividad privada”, explicaron en un informe sobre el tema los economistas Daniel Azpiazu y Martín Schorr. Ahora, La Libertad Avanza continúa el mismo proyecto, pero además incluye en el articulado derogar el artículo que prohibía la venta del Banco Nación, el punto que fijaba los regímenes de propiedad participada y bonos de participación en las ganancias para el personal de empresas, sociedades y/o entes a privatizar, y determina también que las empresas con participación del Estado se transformarán todas en Sociedades Anónimas, entre los cambios principales.

Una radiografía de las empresas argentinas que buscan ponerse en venta da cuenta que, de concretarse, se verían afectados al menos 134 mil fuentes de trabajo. En detalle, “Operadora Ferroviaria S.E, YPF S.A., Banco de la Nación Argentina, Correo Oficial de la República Argentina S.A., Aerolíneas Argentinas S.A. y Agua y Saneamientos Argentinos S.A. ocupan casi el 77% del total de empleados”, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En la misma línea, se indicó que en 2023 se ejecutaron transferencias y aportes a empresas públicas por un total de $2.301.385 millones, lo que equivalente a solo el 1,22% del PIB. “Un 0,78% correspondieron a transferencias corrientes, mientras que el restante 0,44% a transferencias de capital, pero estos aportes no tienen relación directa con el resultado operativo”, explicaron.

Según la OPC, sobresalen las transferencias corrientes a ENARSA, por $700.000 millones, para la compra de gas en el marco de la política de subsidios energéticos, a Operadora Ferroviaria S.A. por $335.145 millones y a la empresa AYSA por $86.959 millones, siendo “compañías estatales que cobran especial relevancia en el desarrollo de la infraestructura en agua y saneamiento del GBA, energía y transporte ferroviario del país”. Es decir, se trata principalmente de las empresas que garantizan obras de infraestructura, acceso a servicios esenciales y mejora de condiciones de vida a los hogares argentinos algo que, destacan quienes se oponen a su liquidación, difícilmente pueda estar entre las prioridades de rentabilidad de firmas privadas. En relación, un informe sobre el impacto social de las privatizaciones de los noventa en los servicios públicos domiciliarios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) mostró que “la proporción del gasto total familiar destinada al consumo de servicios públicos aumentó de manera significativa entre 1986 y 1997, y en los hogares de menores ingresos los incrementos son aún más significativos, (14,5% del presupuesto total del hogar) que correspondía a más de un cuarto de lo que el mismo decil destinaba al consumo de alimentos y bebidas”. 

Considerando dicho impacto de las privatizaciones se alzan voces críticas a la reedición del modelo menemista dado el rol estratégico de estas empresas y las pérdidas que podrían generar a su vez para la economía del país. Asimismo, se cuestiona la declaración de emergencia pública que propone el gobierno nacional para “reformar” la administración pública, afectando fuentes de trabajo, fusionando y eliminando no solo empresas sino entidades y organismos descentralizados. “El gobierno no brinda argumentos claros ni informes técnicos de carácter económico-financiero que permitan justificar la decisión de privatizar de forma masiva aquellas empresas públicas que son modelo e intervienen en sectores estratégicos y que dan servicios básicos a la población”, señaló un informe del centro CEPA que analizó en detalle cada una de las empresas que podría estar sujeta a privatización. 

En ese sentido se destacó que “hay un conjunto de empresas públicas que brindan servicios esenciales para mejorar la calidad de vida de la población y abaratar costos de energía, gas y transporte". Puntualmente, AYSA significa agua potable para 11.678.455 habitantes y desagües cloacales para 10.980.200, y los aportes y transferencias del Tesoro sobre PBI recibidos por AySA disminuyeron un 67% entre 2019 y 2022, "estas transferencias encuentran justificación en las externalidades positivas -menores gastos en salud pública para el Estado- que significa contar con servicio de agua potable y cloacas", advirtieron. En el caso de ENARSA, el 36% de las transferencias que recibió en 2023 fueron destinadas a gastos de capital, en especial a la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, "las transferencias de capital en 2023 (1.247 millones de USD) en comparación con el ahorro en divisas por el gasoducto (1.400 millones de USD en el segundo semestre 2023) generan un evidente resultado positivo", señaló el CEPA. Y en el ámbito ferroviario, el retiro del Estado en los años 90, demostró que "ello no fue garantía para que las empresas que usufructuaban las concesiones realizaran inversiones y mejoraran los servicios sino todo lo contrario”.

La investigación también amplió que “hay empresas públicas cuyo rol es estratégico en sectores clave como el sector nuclear, telecomunicaciones, logística y defensa”, y ejemplificó que Aerolíneas Argentinas no recibió transferencias del Tesoro en 2023 y se encamina a reportar superávit comercial de USD 32 millones, y "entre 2019 y 2023, registró un crecimiento del 34% en los ingresos por ventas de pasajes y cargas medidos en dólares, alcanzó un récord de pasajeros transportados y conecta 42 rutas federales siendo la única aerolínea que llega a 21 destinos de cabotaje". También se mencionó el caso de la Administradora General de Puertos (AGP) que "tiene el rol estratégico de gestionar el puerto de Buenos Aires y la vía navegable troncal (VNT) por la cual transita alrededor del 80% del comercio exterior argentino", en el caso de Correo S.A. (con sus más de 1.400 sucursales) presta el Servicio Postal Básico Universal (SPBU) que exige la existencia del correo en aras de llegar a lugares que pueden no ser económicamente rentables. Se suman la emblemática ARSAT que "acorta la brecha digital entre pequeñas localidades y grandes ciudades, es responsable de más de 36.000 km de fibra óptica y 2 satélites geoestacionarios en órbita"  así como Nucleoeléctrica Argentina que "tiene un rol estratégico en el desarrollo y comercialización de energía nucleoeléctrica a través de las Centrales Nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse", además de Tandanor clave para la construcción y reparación de buques como el Almirante Irizar (rompehielos de la campaña antártica) que realiza tareas de exploración oceanográfica y científicas, y Fabricaciones Militares que "posee un rol crucial en la provisión de insumos para la Defensa y Soberanía Nacional, y como traccionadora de la industria regional a partir de sus 5 fábricas distribuidas federalmente en el centro del país".

Entre las 40 empresas en la mira del gobierno libertario, el informe también detalló la situación del Banco Nación que “logró su cuarto año consecutivo de balance positivo, a octubre 2023 tiene un resultado neto de $667 mil millones, prácticamente triplicó su patrimonio neto en términos reales respecto a 2019 y el resto de empresas del Grupo Nación (Nación Bursátil, Pellegrini S.A., Nación Seguros S.A.), el BICE y sus filiales extranjeras son superavitarias” y de los medios públicos que “representan un número insignificante en términos de transferencias del Estado (el 0,017% del PBI en 2023) y garantizan el acceso a la información con contenidos de calidad y una perspectiva federal”. 

Trabajadores, “afuera”

Un aspecto no menor en la discusión sobre el impacto que las políticas de privatizaciones acarrean para el país tiene que ver con la pérdida de fuentes de trabajo y sus consecuencias en el tiempo. Sobre ello, a la fecha, trabajadores que se desempeñaban en diferentes empresas públicas del país al momento de las privatizaciones en la década del ‘90, aún reclaman acceder a una reparación indemnizatoria por haber quedado excluidos del programa de participación accionaria que se fijó por entonces, en un contexto de despidos masivos y mayor precarización laboral. A más de treinta años de aquel proceso, ex trabajadores de empresas como SEGBA (energía), ENCOTEL (correo), Gas del Estado, entre otras, señalan que “un montón de gente nos quedamos sin trabajo, directa e indirectamente por ser proveedor de una empresa del Estado, y muchos nunca pudimos entonces acceder a ese programa como nos correspondía”, según explicó en esta nota con El Destape Jorge Galati, ex trabajador de SEGBA e indicó que en el caso de esa empresa los afectados son 16 mil trabajadores mientras que en Correo llegan a 20 mil personas. A esto se suma la implementación de la figura de retiros voluntarios que se puso en marcha para evitar pagar indemnizaciones, calificados como “despidos encubiertos” de las empresas. 

Dicha situación no solo afectó las fuentes de trabajo, sino también la continuidad de los aportes jubilatorios sumado a las dificultades para poder insertarse nuevamente en un trabajo formal. En relación, en el informe “Los efectos de las privatizaciones sobre la ocupación en las empresas de servicios públicos” publicado en el 2001 por el IADE, se indicó que la reestructuración del Estado mediante retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y cesantías generó “una abrupta caída del empleo de las empresas públicas entre 1990-1993 que reducen en absoluto más de 110.000 puestos de trabajo, y por otro la tasa de desocupación que no había superado hasta entonces los ocho punto porcentuales, comenzó una escalada que alcanzó los 18 puntos. Las empresas de servicios públicos aportaron con 2,3 puntos aproximadamente a ese incremento”.

Esto además tendría lugar en una coyuntura actual marcada por una fuerte devaluación y liberalización de precios que deja como resultado la licuación de los ingresos laborales a la par que se incrementan las ganancias de los grandes grupos económicos concentrados de la economía, vía la equiparación de los precios internos con los internacionales, el encarecimiento de importaciones y el golpe al bolsillo, todo lo que afecta el nivel de consumo y a la actividad productiva nacional. Con salarios fuertemente deprimidos y mayor desigualdad social, la promesa libertaria de dolarización vuelve a escena. 

A pedido de intereses extranjeros 

Las voces críticas del proceso de privatizaciones remarcan que, dada la situación actual, la función estratégica y hasta la rentabilidad de las 40 empresas a privatizar, queda de manifiesto que no se trata de vender empresas deficitarias sino empresas que están en el menú más esperado del sector privado. Como viene contando este medio, la aprobación de la ley ómnibus es clave para los compromisos que el gobierno de Milei asumió con fondos de inversión y grupos financieros internacionales que esperan ansiosos las garantías jurídicas para hacerse de empresas argentinas y de recursos naturales nacionales, y poner en marcha un nuevo esquema de endeudamiento externo, que no se traduce en más y mejores inversiones locales, sino en el negocio exclusivo de intereses extranjeros, a costa del patrimonio de las y los argentinos. 

“Estas políticas públicas generaron mecanismos de transferencias de recursos desde el conjunto de la sociedad, en especial, desde los sectores de menores ingresos y las fracciones menos concentradas del empresariado, hacia la elite económica doméstica, y de consolidación de áreas beneficiadas con ganancias extraordinarias”, señalan Azpiazu y Shorr en su investigación y plantean que las privatizaciones "deben entenderse como la generación de un nuevo mercado para el sector privado o, en otras palabras, como una 'vuelta de tuerca' más en el proceso de desguace del Estado y la sociedad que la clase dominante ha venido aplicando en la Argentina durante las últimas décadas”. 

“Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del privado”, exclamó en más de una oportunidad el presidente. Esta semana el Congreso empezará a definir si apoya o no la venta del patrimonio de las y los argentinos.