Laura Serra

Ante la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario y de emergencia el servicio de residencia pediátrica, la oposición en la Cámara de Diputados prepara una sesión para la semana próxima, la primera ofensiva después de la dura derrota que sufrió el oficialismo en las urnas bonaerenses el domingo pasado.

Con los médicos residentes del Hospital Garrahan y docentes universitarios en las calles, los opositores imaginan un clima popular similar al que propició, la semana pasada, el rechazo al veto a la ley de discapacidad por parte del Congreso, que redundó en un fuerte costo político para el Gobierno. La oposición quiere aprovechar, además, la situación de debilidad en la que quedó sumido el oficialismo para achacarle su falta de sensibilidad social y generar, así, un clima de presión sobre los legisladores aún dudosos.

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Los principales referentes de la oposición terminarán de afinar mañana la convocatoria a la sesión, la cual tendría un temario más amplio que la insistencia a la ley de financiamiento universitario, deslizan. “Lo más probable es que se pida una sesión para el miércoles 17. Vamos a aprovechar estos temas de alta sensibilidad para garantizarnos el quorum. Si el Gobierno también decide vetar la ley sobre el Fondo de ATN es probable que la incluyamos”, indicaron fuentes opositoras.

Los principales referentes de la oposición salieron a cuestionar en duros términos el veto del Poder Ejecutivo a la ley de financiamiento universitario, lo que augura un panorama difícil para el oficialismo a la hora de sostener el veto.

En el Senado el proyecto se aprobó con una mayoría abrumadora -58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones-, mientras que en la Cámara de Diputados la oposición estuvo a un voto de alcanzar los dos tercios: con 239 legisladores presentes se aprobó con 158 votos positivos, 75 negativos y 8 abstenciones.

Más allá de lo cuantitativo, lo interesante de la votación es observar quiénes se pronunciaron a favor de la iniciativa en la Cámara baja. En efecto, además de la oposición más crítica –Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda-, la apoyaron buena parte de los diputados de la UCR, y de los legisladores que responden a los gobernadores, defensores de las universidades en sus territorios.

También votaron a favor tres diputados de Pro, mientras que otros tres se abstuvieron, al igual que Ricardo López Murphy y Francisco Morchio, quien responde al gobernador Rogelio Frigerio, uno de los mandatarios provinciales que pactó con los libertarios un acuerdo electoral en su provincia. Otro gobernador acuerdista, el mendocino Alfredo Cornejo, ordenó a sus legisladores ausentarse del recinto; es claro que el tema incomoda a los mandatarios más cercanos al Gobierno.

La ley en cuestión propone una recomposición presupuestaria para gastos de funcionamiento y actualizaciones periódicas en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), la recomposición de salarios docentes y no docentes y la actualización automática de becas estudiantiles. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó su impacto fiscal en 0,23% del PBI, sin contar aspectos que, advirtió, no son mensurables, como el incremento de beneficiarios de becas y una partida especial no precisada para regularizar los ingresos de investigadores.

Los legisladores estaban a la expectativa de lo que podía suceder con la ley que declara la emergencia en las residencias médicas pediátricas, que finalmente fue vetada a última hora del miércoles. La iniciativa que, nació al calor de la crisis desatada en el Hospital Garrahan, dispone la emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por un año como marco legal para la inmediata asignación de recursos vía reasignación de fondos y uso de reservas, incluida la recomposición salarial del personal público afectado a esta prestación y la eximición del Impuesto a las Ganancias para ciertos rubros remunerativos.