En la medianoche del miércoles, durante la votación en particular del polémico proyecto del oficialismo para circunscribir la responsabilidad del Estado y sus funcionarios al ámbito del derecho administrativo, Elisa Carrió pidió la palabra en todos los artículos: “Quiero señalar que viola los artículos 14, 16, 17 y 28 de la Constitución, los artículo 2º y 3º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, enumeró la diputada de la Coalición Cívica.

Fueron las últimas críticas al proyecto, que un rato antes también había tenido fuertes objeciones en los cierres de los jefes de bloque de la oposición. “El proyecto de ley que será sometido a votación no es una iniciativa propia de los defensores de derechos humanos. Consagra una desigualdad jurídica irritante para toda persona que requiere la reparación de un daño, lo que viola de modo irreparable el principio básico de toda democracia: la igualdad ante la ley”, aseguró el radical Ricardo Gil Lavedra, que ayer insistió en que la ley sería declarada inconstitucional si el Senado finalmente la sanciona el año próximo . Su compañero de bancada, Hugo Maldonado, calificó al proyecto de “perverso e impresentable”.

Al momento de la votación, familiares de víctimas de la Estación Once protestaban frente al Comgreso, por entender que el proyecto impediría que la Justicia exija una reparación a los funcionarios acusados por la tragedia ferroviaria o en casos similares.

“Este proyecto establece un régimen de privilegio para el Estado y para los funcionarios, generando un estatus diferenciado frente a las personas físicas y jurídicas no estatales y violando el principio de igualdad ante la ley”, remarcó la macrista Laura Alonso.

“Estamos ante un proyecto inaceptable. El Estado que queremos es el que se hace responsable frente a las víctimas por los daños que causen sus funcionarios y concesionarios”, dijo el socialista Juan Carlos Zabalza. “Si el Estado se convierte en un ente privilegiado se parece más a una monarquía, a una dictadura o, al menos, a un gobierno autoritario”, enfatizó Felipe Solá, del Frente Renovador. “No vamos a ser cooptados por lobbies de la industria del juicio”, alegó Pablo Kosiner, que cerró la lista de oradores en nombre del bloque K.