Los bloques de la oposición en Diputados decidieron volver a darle estado parlamentario al proyecto para reformar al Consejo de la Magistratura , una de sus principales iniciativas del año pasado.

Después de arduas negociaciones habían logrado aprobarlo en esa Cámara, pero el kirchnerismo consiguió rechazarlo en el Senado.

“Ratificamos la voluntad política que tenemos estos bloques de cambiar el Consejo” , aseguró Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque radical y uno de los articulares del acuerdo que en julio reunió 134 votos contra 86 del oficialismo. Con las firmas de diputados de los principales espacios opositores, el mismo texto volvió a ingresar ayer a la Cámara baja: propone aumentar de 13 a 18 los miembros del órgano encargado de seleccionar y remover a los jueces, con menor proporción de integrantes políticos.

También modifica el proceso de selección de magistrados y establece la participación de la sociedad civil a partir de un Consejo Consultivo Honorario.

“Hay que equilibrar la integración y eliminar el potencial poder de veto del Gobierno”, indicó la macrista Paula Bertol.

El proyecto tiene el impulso de Gil Lavedra (UCR), Graciela Camaño, Gustavo Ferrari y Marcelo López Arias (PJ disidente), Patricia Bullrich, Adrián Pérez y Horacio Piemonte (Coalición Cívica), Bertol y Federico Pinedo (PRO), Pino Solanas y Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Lisandro Viale (socialismo) y Margarita Stolbizer (GEN).

Se trata de una de las pocas iniciativas en que la oposición puede conseguir ese nivel de consenso: también figuran entre los intentos la regulación de la publicidad oficial, la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y la ley de acceso a la información pública.

La reforma del Consejo de la Magistratura requiere de mayoría especial para convertirse en ley: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. En el último caso, los bloques opositores no los tienen: en noviembre, hubo 33 positivos y 36 negativos en esa discusión. Algunos evaluaban la conveniencia de impulsarlo más adelante, para que pase a la Cámara alta en 2012, con la nueva composición.

“Tenemos dos años para tratarlo, tal vez lo dejemos para el fin de este período”, confió un diputado opositor.

Para Bullrich, de la Coalición Cívica, sería mejor avanzar y dejar otra vez en evidencia los rechazos. “En el Senado la media sanción se cayó en una sesión oscura y queremos que los responsables se hagan cargo”, sostuvo.

“La cantidad de juzgados vacantes y la maniobra del Gobierno para quedarse con la presidencia del Consejo evidencia que el intento de controlar la Justicia sigue siendo un elemento de la política del kirchnerismo”, dijo Ferrari, del Peronismo Federal.

Todos coinciden en que es necesario este gesto político frente al kirchnerismo que no quiere ceder este espacio poder y seguir desde allí defiendo jueces que toman medidas en sintonía con el Gobierno (Ver antecedentes) y nombrando a otros, como en el fuero laboral, que acuerden con sus políticas.