El superávit fiscal con el que el gobierno logró arrancar el año duró poco: en febrero, las cuentas públicas volvieron a quedar en rojo como consecuencia de los diversos programas económicos y sociales, mayores subsidios para compensar el congelamiento de tarifas de servicios públicos y el impulso a la obra pública de cara al año electoral, a pesar de los recortes en jubilaciones, salarios estatales y menores intereses de la deuda producto de la reestructuración.

De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que toma la base devengado para estimar la ejecución del gasto, el déficit primario alcanzó los $76.128 millones, cuando durante el mismo período del año pasado había sido de $28.215 millones. En tanto, el resultado financiero fue negativo en $116.427 millones, empeorando desde los $69.884 millones de febrero de 2020.

Lo cierto es que el rojo también muestra una reversión en relación al superávit de enero, el primero en  que había registrado en doce meses, cuando marcó un excedente de $138.448 millones el primario y $101.470 millones el financiero. Con todo, ese saldo positivo permitió que el bimestre el Gobierno finalizara con un ahorro de $62.549 millones, que de todas formas al sumar los intereses de deuda se convierten en $23.428 millones negativos. En ese sentido, el pago por esos servicios económicos cayó 31% real en el mes y 51% en el bimestre, tras el canje cerrado con los acreedores en septiembre pasado.

A nivel general, se observa que los ingresos corrientes subieron un 7% real en el mes, por encima del 4,9% en el que lo hicieron los gastos. Sin embargo, al sumar el componente de capital de ambas variables, el empuje de la obra pública aceleró el alza del gasto a una tasa del 9% interanual cuando se descuenta el efecto inflacionario.

Esto es porque la partida que más creció fue la de las transferencias de capital, con un ascenso del 243%, al totalizar $22.043 millones. En menor medida, la inversión real directa avanzó 122% a $10.160 millones, lo que demuestra cierta descentralización de la obra pública en manos de las provincias a la hora de encarar el proceso electoral. De esta manera, el gasto de capital se incrementó 163,5% en el mes en términos reales, según la OPC.

Por su parte, dentro de los gastos corrientes los subsidios económicos comenzaron a tomar impulso. Llegaron a $58.396 millones, un 224% más en relación a febrero de 2020. Mientras tanto, las transferencias a las provincias subieron 22,3% a $20.952 millones y las prestaciones sociales, apenas un 1% y alcanzaron los $314.828 millones (60% de lo ejecutado).

Impacto del Repro, ATP y Tarjeta Alimentar

Por otro lado, la OPC detalló que las partidas destinadas a atender la emergencia sanitaria por la Covid-19 sumaron $21.437 millones. La mitad de esa cifra se explica por un remanente del 2020 de $10.296 millones correspondiente al pago del Salario Complementario, en el marco del Programa de Apoyo al Trabajo y la Producción (ATP) a empresas afectadas por la pandemia. El resto fue adquisición y traslado de vacuna ($5.675 millones) y el Repro II ($5.000 millones).

Es que en febrero, las jubilaciones y pensiones, pensiones no contributivas y asignaciones familiares retrocedieron en términos interanuales un 7%, 5,7% y 6,6%, respectivamente. El impulso estuvo dado por otros programas sociales (+106,8%), que además del ATP empujaron los programas Potenciar Trabajo ($10.230 millones) y la Tarjeta Alimentar ($11.044 millones), con saltos del 45% y 60% en cada caso, en particular a raíz del ajuste en el monto a cobrar, que pasó de $6.000 a $9.000 por hijo.

Por último, los empleados estatales vuelven a aparecer como variable de ajuste de las cuentas públicas. Con un repunte salarial de apenas 11% en las paritarias, el gasto en personal se contrajo 11,7%.