Pese a que se ven afiches en Córdoba convocando a la llamada “marcha de los fiscales” del 18 de febrero, con invitación firmada por alguien que se autodenomina “Comunidad Judicial”, hay notorias ausencias con aviso entre los fiscales y jueces federales de Córdoba con asiento en esta ciudad. 

La marcha silenciosa para supuestamente homenajear al fallecido fiscal de la causa Amia, Alberto Nisman, nació en oficinas porteñas, de la mano de fiscales como Raúl Ple, Guillermo Marijuán, Carlos Stornelli, José María Campagnoli, Ricardo Sáenz y otros. En los Tribunales porteños los pareceres no son homogéneos.

En Córdoba tampoco. Según pudo conocer LA MAÑANA, no asistirán el fiscal del Juzgado Federal Nº 1, Enrique Senestrari,  ni su par del Juzgado Federal Nº 2, Gustavo Vidal Lascano. En cuanto a la fiscal Nº 3, Graciela López de Filoñuk, no podría viajar a Buenos Aires por estar de turno, aunque adheriría a la medida.

Confirmó a este diario su ausencia el fiscal ante el Tribunal Oral Nº 1, Maximiliano Hairabedian. Lo mismo haría su homólogo Nº 2, Facundo Trotta. 

Entre los jueces, el presidente del Tribunal Oral Nº 1, Jaime Díaz Gavier, ratificó que no irá a la movilización, como tampoco asistirá el recién designado titular del Juzgado Federal Nº 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja. 

Por otra parte, si bien había trascendido que el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Luis Roberto Rueda, adhería a la partida, ayer le dijo a Cba24n que cambió de opinión y que no asistiría, porque el objetivo se había “desvirtuado”.

“Si esto es una marcha contra el Gobierno, me parece que está totalmente desvirtuada del propósito originario”, indicó Rueda ayer. El camarista dijo que “hasta el fin de semana pasado” creía en los motivos de la convocatoria. El cambio de opinión tendría que ver con la profusa participación de referentes de la oposición política al gobierno, como Mauricio Macri, Elisa Carrió, Patricia Bullrich, José Manuel de la Sota, Julio Cobos, Ernesto Sanz y muchos referentes más.

En diálogo con este diario, el fiscal Vidal Lascano calificó de “inadecuada y prematura” la marcha del silencio por Nisman y dijo que si sus colegas quieren homenajear al funcionario muerto, deberían realizar un oficio religioso o redactar un documento. “Esta marcha genera mucha presión sobre la fiscal (Viviana) Fein”, quien instruye la causa, opinó. “Un movimiento político donde va toda la oposición genera presión en quien investiga, en lugar de darle la paz que necesita para investigar”, agregó. Además, Vidal Lascano señaló que le parece “imprudente” porque “los distintos referentes políticos intentan sacar ventaja de esta marcha”. 

Por su parte, Díaz Gavier dijo que no adhiere a la marcha del 18 de febrero. «Realmente me parece escandaloso y no estoy haciendo una defensa política del Gobierno, porque no me corresponde hacerla, pero tampoco voy a sumarme a un movimiento absolutamente político cuya única intencionalidad es la de hacer oposición a un gobierno legítima y democráticamente elegido”, afirmó el juez en una entrevista realizada por el programa Mirá Quién Habla de Radio Universidad.

Los organizadores de la marcha del 18 de febrero no terminan de definir cuál es el motivo de la convocatoria. Si bien aseguran los fiscales convocantes que el motivo es “homenajear a Nisman”, “pedir por la independencia de la Justicia” o el más osado “prevenir nuevas muertes de fiscales”, en realidad fue el fiscal de Cámara porteño Raúl Ple quien habría blanqueado los motivos de la cita silenciosa.

Ple dijo ayer a los medios de prensa que la movilización no iba a quebrar en dos la Justicia argentina, entre aquellos jueces y fiscales que asistan y los que no asistan, porque “esa fractura se da desde la creación de Justicia Legítima”, deslizando el fuerte malestar que genera en el Ministerio Público Fiscal y en la magistratura la creación de esa organización que brega por “la democratización de los poderes judiciales de la Argentina”.

Ayer, en la Web de la Asociación Civil Justicia Legítima se leía el siguiente mensaje: “Rechazamos expresamente el hecho evidente de que magistrados de la Nación, con altísimas responsabilidades funcionales, utilicen la muerte violenta de una persona y colega con fines políticos o de posicionamiento personal, especialmente cuando hay una investigación en curso y todavía no se conocen las causas de su deceso”.