El fiscal del narcoescándalo, Enrique Senestrari, apelará hoy ante la Cámara Federal de Córdoba la última resolución del juez del caso, Ricardo Bustos Fierro. Ocurre que el magistrado resolvió procesar por asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario público a ocho agentes de la policía cordobesa a raíz de sus vínculos con narcotraficantes, pero no hizo lugar a los restantes planteos que había realizado el procurador: en el mismo escrito en que ordenó los procesamientos, Bustos Fierro dictó el sobreseimiento y la falta de mérito de todos los imputados en lo que respecta a la privación ilegítima de la libertad, falso testimonio y falsedad de documentación.

"Los acusados falsearon informes e hicieron intervenciones telefónicas y allanamientos ilegales, y eso no fue considerado", sostuvo ayer el fiscal en diálogo con Tiempo Argentino. La postura del fiscal no es menor: de prosperar su planteo podría poner en jaque muchos de los operativos ilegales que realizaron los agentes de la División Drogas Peligrosas.

El juez defendió su postura al argumentar que para que haya privación ilegítima de la libertad tiene que haber simulación por parte del autor y que en este caso, como los imputados son policías, no hubo simulación. Senestrari rechaza aquel razonamiento. Ante este escenario, la cámara deberá resolver si le da la razón al procurador, a Bustos Fierro o a las defensas que también apelaron la decisión del magistrado.

La decisión de Bustos Fierro afectó a seis efectivos de la División Antinarcóticos provincial, a quienes se los procesó por los delitos de asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario público. Se trata del ex jefe de aquella dependencia, el comisario Rafael Sosa, el comisario general Mario Nieto, el comisario Gustavo González (ex jefe de la División Inteligencia), el comisario Alfredo Seine, el oficial Franco Argüello y el suboficial Fabián Peralta Dáttoli. Todos recibieron la prisión preventiva. Otros dos miembros de la policía local corrieron mejor suerte: Mario Osorio y Cristian Ingas, quien fueron procesados pero no fueron detenidos. Al primero se lo procesó por violación de los deberes de funcionario público; a Ingas, por el mismo delito más falso testimonio agravado.

La decisión del juez federal de Córdoba también impactó sobre Juan Francisco Viarnes, alias "el Francés", un hombre del hampa quien trabajó de forma ilegal durante tres años para la división antidrogas y se transformó en el protagonista de esta historia. Resulta que el narcoescándalo se desencadenó, justamente, cuando Viarnes se presentó ante la justicia (y luego en los medios) como arrepentido y denunció que lo estaban extorsionando desde la dependencia policial a la que reportaba de forma "ilegal y clandestina", según definió Senestrari. El Francés había sido detenido el 18 de julio del año pasado y, tras esperar en vano que acudieran en su rescate, decidió hablar: consideró que sus antiguos camaradas "le soltaron la mano".

La mayoría de las confesiones del ex agente ilegal fueron corroboradas por la justicia, lo que impactó de forma contundente en el gobierno de José Manuel de la Sota. A poco de avanzar la pesquisa se vieron forzados a renunciar el ex ministro de Seguridad provincial, Alejo Paredes, y el entonces jefe policial, Ramón Frías. «