En el marco de un nuevo aniversario del último golpe de Estado cívico-militar, ocurrido el 24 de marzo de 1976, se llevó a cabo esta mañana el acto central en la plazoleta de los Derechos Humanos, organizado por las Madres de Plaza de Mayo - Filial Luján y la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos.

Además de leerse la lista de desaparecidos en nuestra ciudad, estuvo el Coro Da Capa a Fine, de las Orquestas del Bicentenario, cuyo responsable remarcó el peligro de la continuidad del programa juvenil.

Antes de dar paso a la participación de los presentes, se leyó un documento, firmado por agrupaciones políticas y asociaciones civiles, que recordó que "en los años previos (al golpe), y desde la década de 1960, la sociedad argentina había alcanzado un importante grado de organización y movilización política, social y cultural. Especialmente los jóvenes, provenientes tanto de los sectores populares como de las clases medias, fueron protagonistas de innovadoras prácticas culturales y políticas. En un contexto mundial y regional en el que amplios sectores impugnaban el dominio capitalista de los EEUU, en nuestro país florecieron nuevos liderazgos y organizaciones que lucharon por un país soberano e igualitario, inspirados en la Revolución Cubana, en Vietnam y en los diversos procesos de liberación nacional de aquella época. El sindicalismo combativo, las agrupaciones de juventudes políticas, las organizaciones político-militares tomaron las calles y enfrentaron a gobiernos militares que en pos de la defensa de los grupos económicos dominantes impusieron políticas represivas que impedían la libre participación política".

"El alto grado de organización condujo a que los sectores conservadores de la sociedad y el poder económico concentrado, en alianza con las FFAA, decidieran interrumpir este proceso de movilización golpeando una vez más a la democracia", afirmaron.

Tras el derrocamiento del gobierno de Isabel Martínez de Perón, se "dio inicio a uno de los más largos y sangrientos gobiernos militares de nuestra historia. La dictadura se constituyó como una Junta Militar integrada por un miembro de cada arma: Jorge Rafael Videla por el Ejército, Emilio Eduardo Massera por la Marina y Orlando Ramón Agosti por la Aeronáutica".

Con esto, se instaló un "nuevo modelo económico, una nueva forma de acumulación que favoreció a la gran burguesía. El liberalismo como política económica de estado significó volver a convertirnos en un país productor de materias primas destinadas al mercado externo, relegando así la industria nacional a una forma de producción subsidiaria de las grandes firmas internacionales, las cuales contaron con todas las ventajas. Sólo una minoría fue beneficiada con la política de Martínez de Hoz, ministro de economía durante la dictadura. Esa minoría estuvo constituida por las grandes empresas monopólicas transnacionales".

"Además de beneficiarse del terror sobre la población, de la destrucción de las organizaciones gremiales, políticas e incluso sociales de los sectores populares; además de pagar menos por el trabajo argentino, de obtener reducciones de impuestos, de obtener facilidades de financiamiento, esas empresas (Grupo Techint, Roggio, Arcor, Ford, Grupo Macri, Clarín, etc.) fueron desendeudadas por un estado que hizo públicas sus deudas. Es decir, que transfirió la deuda privada de los grupos económicos al conjunto de los argentinos", recordaron.

Para que ese modelo fuese viable, la dictadura militar "eliminó a todos aquellos sectores que podían oponer resistencia. Para ello se puso en práctica un plan sistemático de represión que consistió en el encarcelamiento de miles de militantes así como también el secuestro, la tortura y posterior desaparición de 30.000 compañeros y compañeras. El exilio fue también el destino de muchos que solo así pudieron escapar del terrorismo de estado, separando familias, amigos y todo tipo de colectivos. Algunos lograron salir del país, otros tuvieron que migrar dentro de la Argentina; todos dejando muchas veces lo poco que tenían para poder salvar la vida. Pero no solo militantes, estudiantes, trabajadores, artistas, etc. fueron víctimas de la represión. Los hijos e hijas por nacer de cientos de madres que se encontraban secuestradas en distintos centros clandestinos de detención fueron robados y apropiados ilegalmente por los militares y sus cómplices, negándoles el derecho a conocer su identidad".

"Durante años más de 500 hijos vivieron sin conocer su identidad pero a poco a poco muchos de ellos la recuperaron y siguen recuperando. Todos estos crímenes fueron silenciados por la casi totalidad de los medios de comunicación, que colaboraron activamente con la represión, criminalizando la lucha popular y la resistencia contra la dictadura, usando etiquetas como "subversivo" para referirse a una delegada obrera desaparecida, o a un estudiante encarcelado, invisibilizándolos como compatriotas y militantes, justificando su represión. Los medios de comunicación fueron claves para justificar todos los días y a toda hora el plan de desindustrialización, el endeudamiento y la baja de salarios, todas medidas que formaron parte del plan de Martínez de Hoz. Hicieron el trabajo ideológico para que el proyecto económico y el genocidio político se presente a nivel social como algo de naturaleza inevitable, que "se debía hacer", y no como el proyecto político de un sector minoritario y privilegiado de la sociedad. Mientras esta fue la actitud de las empresas mediáticas, otros periodistas siguieron denunciando comprometidamente los crímenes cometidos por la dictadura así como también su plan económico, fue el caso de Rodolfo Walsh, desaparecido después de publicar la carta Abierta a la Junta Militar el 24 de marzo de 1977".

Además, apuntaron como "cómplices" al empresariado local y la cúpula eclesiástica: "Por eso decimos que el golpe no solo fue militar sino también cívico y eclesiástico".

"Pese a todo, la dictadura fue denunciada por un grupo de mujeres que resistió al genocidio. Mujeres que no cejaron en buscar a sus hijos, a sus nietos secuestrados, que no se detuvieron frente al maltrato, las amenazas, los asesinatos y el escarnio mediático; nuestras Madres y Abuelas, quienes supieron reclamar ante la Junta Militar, ante la prensa y los tribunales internacionales desde el inicio mismo de la dictadura, movilizándose en plena época del terror, cuando la sociedad estaba golpeada e inmovilizada".

En su reconto, también se recordó la guerra de Malvinas, "el último zarpazo de una dictadura que en 1982 atravesaba por una fuerte crisis ante las consecuencias de la propia política económica implementada y ante las denuncias, tanto en el país como fuera de él, respecto a las constantes violaciones a los DDHH". Luego, tras el regreso a la democracia, llegó el Juicio a la Junta Militar, "que condenó a los principales responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura. Sin embargo, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, arrancadas al gobierno de Alfonsín con levantamientos militares y presión mediática, dejaron sin juicio y castigo a quienes ejecutaron las órdenes y a quienes aún no habían sido denunciados". Luego, Carlos Menen indultó a quienes habían sido condenados pocos años antes.

"Los represores quedaron libres y así se instalaron la impunidad y la desmemoria, fundamentales para un nuevo ciclo neoliberal de privatizaciones y endeudamiento improductivo del estado. Mientras tanto los organismos de DDHH siguieron luchando y reclamando para obtener justicia. En el año 2003, después de 27 años de lucha de los organismos de DDHH y de un recuperado movimiento popular en nuestro país, y con la decisión política del entonces presidente Néstor Kirchner, se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y pocos años después la justicia falló en contra de los indultos. Se abría así una nueva etapa que permitió volver a encarcelar a los genocidas y procesar a cientos de represores que nunca habían sido juzgados. Este fue el primer paso hacia el establecimiento de los DDHH como política de estado. Por primera vez el Estado nacional puso en práctica una serie de medidas que permitieron recuperar la voz y la vida política y social de los desaparecidos y represaliados por la dictadura, ya no como la caricatura macabra de "subversión apátrida", sino como militantes que desde distintas corrientes políticas antiimperialistas se organizaron para construir un país libre. Se visibilizó también a los ex presos políticos y a las familias de los compañeros detenidos-desaparecidos permitiendo así que la sociedad argentina volviera sobre su propio pasado para reflexionar sobre él".

Hasta la fecha, 119 nietos recuperaron su identidad, se señalizaron 50 centros clandestinos de detención y 25 de ellos funcionan como espacios de la Memoria. Además, hay más de 1000 represores procesados y 456 condenados.

"Aún falta avanzar sobre el desmantelamiento de las fuerzas represivas que corte de raíz los vínculos que mantienen con el crimen organizado y la "mano de obra desocupada" de la última dictadura. Los organismos de derechos humanos han tenido que realizar tareas de denuncia sobre casos de gatillo fácil, abuso policial, persecución y amedrentamiento de testigos, fundamentales aún durante esa etapa política", afirmaron.

En tanto, criticar al actual gobierno de Mauricio Macri que "pretende aplicar el mismo plan económico de shock neoliberal que impusieron los militares durante la última dictadura, y la memoria y la historia son malas compañeras del saqueo al pueblo. El nuevo gobierno nacional, a través de su secretario de DDHH Claudio Avruj, dice respetar y mantener activas las políticas vinculadas con la memoria. Sin embargo, y tal como preveíamos, en la práctica el gobierno de Macri parece contradecir sus propios dichos ante las medidas y acciones de las que hemos tomado conocimiento en los últimos meses. Entre ellas: el recibimiento por parte del secretario de DDHH de los autollamados víctimas del terrorismo, un grupo de amigos de los represores formado en 2006 para frenar los juicios; el forzado recibimiento de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y en contraposición la anunciada y cordial reunión con un gobernador que mantiene ilegalmente presa a Milagro Sala; el nombramiento de nuevas autoridades al frente del Archivo Nacional de la Memoria, un archivo que entre otros documentos contiene 20.000 fotografías, 272 cajas del fondo de la CONADEP, más de 2500 testimonios de víctimas del terrorismo de Estado, etc. material sumamente importante para la preservación de la memoria y para seguir llevando adelante los juicios a los represores, un archivo del cual fueron despedidos muchos trabajadores así como también en el Espacio Cultural Nuestros Hijos y en el Museo Malvinas".

"También se desmantelaron todas las instancias de investigación de delitos financieros vinculados a los robos realizados durante la dictadura, por ejemplo Papel Prensa, significando todo esto un vaciamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. A todo lo anterior se suma una serie de medidas que afectan a miles de argentinos y argentinas. La persecución y despidos de trabajadores estatales y la represión ante sus reclamos, el encarcelamiento de la dirigente social Milagro Sala, la represión a los murgueros de los Auténticos Reyes del Ritmo por parte de la Gendarmería, los allanamientos en las viviendas de dos ex gerentes de TELAM, la provocadora visita el 23 y 24 de marzo de Barack Obama, presidente de un Estado que fue participe de las dictaduras latinoamericanas y que desde hace décadas lleva adelante guerras genocidas en el mundo, por mencionar tan solo algunas de las acciones desarrolladas en tan solo tres meses y medio de gobierno".

"Transitando el comienzo de esta nueva etapa, entendemos prioritario que aprendamos, que nos contagiemos, que nos inspiremos en aquella generación militante, y en los motivos por los que luchó. El modelo de país por el que dieron la vida los treinta mil sigue urgentemente pendiente, y es motivo suficiente para ganar las calles y construir un freno a la nueva avanzada de los sectores conservadores", cerraron el comunicado.