El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se montó en un fallo de la Corte Suprema para intentar poner a Milagro Sala tras las rejas nuevamente. Solo minutos después de que el máximo tribunal dejara firme una condena a trece años de prisión contra la dirigente social, el fiscal de Estado provincial presentó un pedido para que Sala vuelva al Servicio Penitenciario jujeño. Ante esa posibilidad, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) hicieron una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), el organismo internacional que allanó el camino para que Sala dejara la cárcel y pasara a cumplir la detención en su casa. A partir del martes, la Tupac Amaru comenzará un acampe en la Plaza de Mayo. “Vamos a reclamarle al Presidente que indulte a Milagro”, dijo Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador nacional de la organización.

En 2019, un tribunal jujeño condenó a Milagro Sala a trece años de prisión por considerarla responsable de liderar una asociación ilícita –en lugar de una organización social como la Tupac Amaru–, de defraudar al Estado y de extorsionar a personas en la causa que se conoce como "Pibes Villeros". A la condena se llegó gracias a un proceso atravesado por múltiples irregularidades: no estaba clara la acusación, no se cumplieron los plazos para dar los fundamentos de la sentencia y a Sala la expulsaron durante dos meses de la sala de audiencias, por lo que no pudo controlar la prueba. Sus abogados tampoco pudieron ofrecer testigos que contaran cómo funcionaba la Tupac para desmontar la idea de que era una organización criminal. Las audiencias se hicieron casi sin público y los periodistas que asistían no podían publicar lo que sucedía.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunciaron que esas arbitrariedades terminaron siendo convalidadas por la Corte Suprema, que se escondió detrás de un formalismo para analizarlas. El argumento central de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para rechazar los planteos de los abogados de Sala fue que el tema ya había sido analizado por el Superior Tribunal de Jujuy y que no se había podido demostrar que hubiese una afectación de un derecho de raigambre federal o que la sentencia fuera arbitraria.

Minutos después de que trascendiera el fallo, el fiscal de Estado jujeño, Miguel Ángel Rivas, le confirmó al medio TodoJujuy que ya había formulado un pedido para que Sala volviera a la cárcel. “Entendemos que es un pedido procedente y que debería ser trasladada cuanto antes al Servicio Penitenciario. Antes del fin de semana debería estar ahí”, dijo Rivas.

“Me llevan a la cárcel”, advirtió Sala a través de un video filmado desde su casa. “Se cumple el sueño de Gerardo Morales”, completó la líder de la Tupac Amaru. Según Sala, la orden de detención podría ejecutarse entre el sábado y el domingo –día en que todas las miradas estarán centradas en la final del Mundial que jugarán la Selección argentina y su par francesa–.

El ensañamiento

Según precisó Rivas, se presentó ante el juez de Ejecución Carlos Cattan una solicitud formal para que Sala sea trasladada de forma inmediata al Servicio Penitenciario. “Es donde debe cumplir la pena por un principio de igualdad ante la ley”, dijo el funcionario que responde a Morales. “La decisión de la Corte Suprema ya es irreversible, lo que hace que el fallo de la Corte IDH quede superado en lo que hablaba de la prisión preventiva”, agregó.

A Milagro Sala la detuvieron a los pocos días de asumido Morales, más precisamente el 16 de enero de 2016, por organizar una protesta frente a la gobernación de Jujuy. Pasó por cárceles provinciales –como Alto Comedero– y también por establecimientos federales. Gracias a las denuncias de organismos de derechos humanos, intervinieron tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte IDH.

En diciembre de 2017, la Corte Suprema argentina confirmó la prisión preventiva de Sala pero ordenó que se cumpliera con una resolución de la Corte IDH que reclamaba medidas alternativas al encierro para la dirigente social. De esa forma, Sala dejó la cárcel y volvió a su casa –donde también tuvo siempre la amenaza de volver a la cárcel y la custodia de efectivos de seguridad en la puerta, algo que no sucede con ningún otro detenido en prisión domiciliaria–.

Ahora, el gobierno de Morales alega que la resolución de la Corte IDH solamente era válida mientras Sala estaba en prisión preventiva y que, tras el fallo de la Corte Suprema, la pena está confirmada. A contramano de esa teoría, el CELS, Amnistía Internacional y Andhes le informaron de esta situación a la Corte IDH y le pidieron al organismo que mantenga las medidas provisionales que había dictado para proteger la integridad física y psíquica de Milagro Sala.

Los abogados y las abogadas de Sala, mientras tanto, buscan otras herramientas legales para evitar que se cumpla el objetivo de Morales de ver a Sala tras las rejas nuevamente. A través de sus redes sociales, el CELS también marcó que existe un ensañamiento del gobernador con la dirigente social.

Morales, que también preside la Unión Cívica Radical (UCR), dedicó parte de su viernes a denostar a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –después de que el organismo criticara el fallo de la Corte Suprema por considerar que convalidaba el lawfare contra Sala y el laboratorio de persecución judicial que se había montado en Jujuy–. Morales criticó a la Secretaría por no pronunciarse sobre la situación de los iraníes que podrían ser ejecutados por defender los derechos de las mujeres.

El secretario Horacio Pietragalla Corti tomó el guante y le contestó a través de las redes sociales. “Ahora viendo su ‘compromiso’ con los derechos humanos pido que respete las medidas provisionales dictadas por la Corte IDH y mantenga el arresto domiciliario a Milagro Sala”, tuiteó el funcionario nacional. “Deje de presionar para que la trasladen a una cárcel común”, reclamó Pietragalla Corti.

Acampe por el indulto

En la sede porteña de la Tupac Amaru se realizó una conferencia de prensa para denunciar el fallo de la Corte Suprema en lo que describieron como "un nuevo capítulo persecutorio" y anunciaron que se realizará un acampe en la Plaza de Mayo desde el martes al jueves de la semana próxima bajo la consigna “una Navidad sin presas ni presos políticos en nuestra Argentina”.

“Los propios dichos de Morales definen que Milagro es una presa política”, dijo Garfagnini. “La persecución a Milagro tiene una salida política –que tienen el Presidente y nuestra fuerza política–: el indulto”, sostuvo el coordinador de la Tupac, que también reclamó que se avance con la intervención de la Justicia de Jujuy, iniciativa que no avanzó en el Congreso.

Desde la Casa Rosada no hubo pronunciamientos a partir del fallo de la Corte. En junio pasado, Alberto Fernández había viajado a Jujuy a visitar a Sala mientras estaba internada.