En un mismo día la justicia federal decidió procesar a dos exfuncionarios bajo la presiden­ cia de Cristina Fernández y ordenó investigar a una precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en representación del frente Unidad Ciudadana ¿casualidad o embestida anti kirchnerista

La movida judicial, incluyó el procesamiento dictado por el juez federal Claudio Bonadio contra el actual diputado nacio­ nal y exministro de Planifica­ ción Federal, Julio de Vido, en el marco de una causa en la que investiga la presunta defrauda­ción a la Administración Pública y la administración fraudulenta en el otorgamiento de millonarios pagos en forma de subsidios al gasoil destina­dos a empresas de colectivos entre los años 2003 y 2014. El magistrado también le dictó al exfuncionario nacional, un embargo sobre sus bienes por un monto que asciende a los mil millones de pesos.

En la misma causa, el magis­trado procesó además a los exsecretarios de Transporte Ale­jandro Ramos, Ricardo Jaime -actualmente detenido en rela­ción a otra causa- y a Juan Pablo Schiavi, a quienes les trabó embargos de hasta novecientos mil pesos.

Igual suerte corrieron los exinterventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Pedro Ochoa Rome­ro, Antonio Sícaro y Roque Lapadula.

Bonadio les imputa a todos ellos el haber intervenido en los hechos que ocasionaron un perjuicio a al Estado Nacional de casi 610 millones de pesos. "Durante el período com­prendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los car­gos que ocupaban, los nombra­dos participaron en una manio­bra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsi­dios superiores a los que corres­pondían", sostuvo el juez en su resolución.

Por su parte, el juez federal Luis Rodríguez le dictó el proce­samiento y le trabó un embargo por diez millones de pesos, al extitular de la disuelta Autori­dad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AF­CA), Martín Sabatella, por el presunto delito de "administra­ción fraudulenta" en el manejode millonarios subsidios desti­nados a organizaciones comu­nitarias.

Por iguales delitos, el juez avanzó contra la legisladora porteña Andrea Conde, quien en su momento estuviera a cargo de la Dirección de Proyec­tos Especiales. En su resolución, Rodríguez dio por probado que "hubo un manifiesto desinterés por pro­teger los objetivos específicos plasmados en cada convenio" y consideró además que las con­ductas de quienes debían con­trolar y no lo hicieron incluyeron el "dolo directo" con la fina­lidad "de procurar un lucro indebido para sí o para terceros".

En tanto que el fiscal federal Federico Delgado imputó a la primera precandidata a dipu­tada nacional por la provincia de Buenos Aires en representa­ción del frente Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos, por "omisión maliciosa" debido a que al ingresar a la Cámara de Senadores no habría informado en su declaración jurada de 2014, otros dos traba­ jos que supuestamente tenía en el Ministerio de Economía y en la Cámara de Diputados de la Nación.

La embestida judicial se produce a un mes de las elec­ciones primarias abiertas y obligatorias y a tres días del lanzamiento formal de la camapaña.

Los casos

Julio De VidoJunto a otros seis exfuncionarios, fue procesado por el juez Claudio Bonadio por administración fraudulenta en el otorgamiento de subsidios a empresas de transporte de pasajeros y embargado en $1.000 millones.Fernanda VallejosEl fiscal Federico Delgado la imputó por “omisión maliciosa” por no haber informado en su declaración jurada de 2014 que tenía tres trabajos en la administración pública.Martín SabatellaEl juez federal Luis Rodríguez lo procesó y le trabó embargo por “administración fraudulenta” en el manejo de millonarios subsidios destinados a organizaciones comunitarias cuando estuvo al frente de la AFSCA.