El escándalo judicial que envuelve al vicepresidente Amado Boudou llegó ayer al recinto de la Cámara de Diputados de la mano del radicalismo, que planteó ante el pleno de los legisladores su propuesta para crear una comisión bicameral que investigue al funcionario. El pedido fue rechazado sin más por el oficialismo, que al igual que en el Senado bloqueó cualquier intento opositor de avanzar contra el vice.

“Los organismos de control del Estado se han comido sociedades truchas, fantasmas, inexistentes. No han certificado el origen de los fondos. Han incumplido flagrantemente sus funciones”, denunció el jefe de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra, al pedir la creación de la comisión investigadora.

Se refirió así a las sospechas que pesan sobre Boudou de haber utilizado sus influencias para facilitar el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica. El titular de esa empresa, Alejandro Vandenbroele, fue denunciado por su ex esposa de ser el testaferro del vicepresidente.

Gil Lavedra pidió preferencia para tratar el proyecto sobre tablas pero, en esos términos, necesitaba reunir los dos tercios de los votos para lograr aprobarlo. Un número que hoy no tiene ni siquiera la mayoría oficialista. Consciente de lo improbable de su pedido, la movida del radical apuntó simplemente a procurar que el tema quede instalado. Por ello, anunció Gil Lavedra, su bloque volverá a plantear el tema en cada sesión ordinaria de la Cámara.

“Queremos discutir la conformación de una comisión bicameral no para sustraer actividades de la Justicia, sino para establecer por qué fallaron los mecanismos de control de la Argentina, que parece ser un colador”, enfatizó el diputado.

Sin embargo, el titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, no mordió el anzuelo. Con un lacónico “no vamos a acompañar” dio por cerrado el debate y le restó tiempo y visibilidad a la estrategia opositora.

El kirchnerismo, que en el Congreso cerró filas para defender a Boudou, considera que la Justicia ya está interviniendo en el tema y con eso alcanza. Por eso no permitirá que avancen las iniciativas parlamentarias de la oposición.

Entre los proyectos de la UCR relacionados con la ex Ciccone figuran además citaciones al Congreso para el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; la jefa del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; y el responsable de la UIF, José Sbatella. “Queremos que vengan a explicar por qué no controlan”, señaló Gil Lavedra.

A ese paquete se sumó el pedido que presentó ayer la diputada del Frente Amplio Progresista (FAP) Margarita Stolbizer, quien quiere ver en el Congreso al ministro de Justicia, Julio Alak.

Según la legisladora, Alak “forma parte de la red de funcionarios que abren paso” a la ex Ciccone porque procura que “Vanderbroele gane si o sí la licitación” para imprimir patentes de automóviles.